El sector y la Junta se plantan contra el parón de las renovables

La aprobación el pasado mes de enero de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética ha vuelto a poner en jaque a las empresas del sector de las renovables. Ya en 2012, el Gobierno central suprimió el sistema de primas que hasta ese momento incentivaba la actividad y garantizaba su competitividad. Ahora, la nueva norma grava con un impuesto único del 7% los ingresos por generación eléctrica además de eliminar la prima a la energía producida por combustibles fósiles. Estas decisiones han sido recibidas con preocupación en Andalucía por el número de empresas que operan en la región, 1.400 compañías con un total de 7.840 instalaciones de este tipo en toda la comunidad.

Debido a estas medidas, por ejemplo, la energía termosolar reducirá en un 37% sus ingresos, según cuenta Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, la Asociación España de Industria Solar Termoeléctrica. “Los legisladores del sistema eléctrico han sido muy torpes y han establecido un sistema de valoración, las primas, muy poco ajustado”, asegura Valeriano Ruiz, presidente del Centro Tecnológico Avanzado de las Energías Renovables (CTAER). “Claro que ese mismo sistema de valoración ha permitido y facilitado beneficios excesivos a las energías convencionales, sobre todo a las nucleares y a las grandes hidroeléctricas y todo a costa del consumidor que paga más que en toda Europa”, señala.

El pasado martes, la Junta aprobó un recurso de insconstitucionalidad contra esta norma y otros dos Decretos Ley Medidas Urgentes en el sector Eléctrico y Financiero y el relativo a Empleados del Hogar alegando que “la norma vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”. El Gobierno andaluz lo ha presentado este lunes en el Tribunal Constitucional. La Junta considera que la creación del impuesto no tiene en cuenta las peculiaridades del sector en el que las empresas han realizado “un sobreesfuerzo de inversión y tecnología”. El Catedrático Valeriano Ruiz abunda en este punto: “no es lo mismo una instalación solar para calentar agua o un parque eólico que ya llevan un tiempo de introducción en el sistema general que una termosolar, cuyas centrales comerciales se han empezado a construir en España hace 5 años”. Según Ruiz, “hay que tener en cuenta la llamada ‘curva de aprendizaje’ que es la evolución de los costes a medida que se avanza en el conocimiento y desarrollo de las tecnologías”.

Tras la presentación del recurso, el consejero de Economía andaluz, Antonio Ávila, ha recordado que las renovables generan 45.000 empleos y sostienen a más de 1.400 empresas en Andalucía. Por eso, Ávila afirma que el recurso no se ha presentado “contra nada ni contra nadie, sino a favor de esta energía, del medio ambiente, y del desarrollo”.

Lejos del “quien contamina, paga”

Lejos del “quien contamina, paga”“De todas las comunidades, Andalucía es la peor parada con diferencia”, sostiene Mariano Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean). “Las inversiones en juego estaban ya adjudicadas por la Junta y acordadas con el Gobierno central, por lo que no entendemos qué pretenden estas medidas. Este impuesto pone en riesgo la rentabilidad de las instalaciones ya existentes e incluso la posibilidad de hacer frente al pago de las deudas adquiridas”, añade. En la comunidad autónoma hay 4.300 MW ya priorizados que están en el aire. Un ejemplo de la importancia de esta cifra: los 3250 MW de los 146 parques eólicos de Andalucía equivaldrían a la energía eléctrica anual que consumen 1,4 millones de viviendas, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía. La comunidad cuenta ya con más de 5.600 MW de potencia eléctrica instalada ( La potencia instalada total del sistema eléctrico español es de 108000 MW). La eólica, la termosolar y la biomasa son los tres tipos de energías renovables más implantadas. El 33,5% de la electricidad que consume Andalucía proviene de las energías renovables.

La Junta sostiene que tanto la ley como la moratoria a las primas “suponen un ataque al sector y deja en el aire una inversión de 12.000 millones de euros y la creación de 38.000 puestos de trabajo en el territorio andaluz”. Aprean añade que estarían en juego 17.000 empleos directos e indirectos, 1.400 de ellos vinculados sólo a la éolica y ha hecho un cálculo estimativo de las pérdidas en la inversión de la ley que cifra en 37.000 millones de euros. “Para una vez que tenemos por el sur una actividad que nos mejora un poco en las actividades industriales y los empleos anejos, llega este Gobierno y lo paraliza todo. De verdad que es un disparate muy difícil de comprender”, añade Ruiz. Desde Equo Andalucía, Esteban de Manuel, su portavoz, ha visto con buenos ojos este recurso, y ha mostrado el apoyo de su partido, aunque lo ha calificado de “tardío y partidista”.

Un futuro incierto para los inversores y el I+D+I

Un futuro incierto para los inversores y el I+D+IPara Daniel López, de Ecologistas en Acción, “España se ha convertido en un mercado inseguro y las empresas que querían invertir se están retirando”. Barroso va más allá: “Se han cargado el presente de las renovables y el futuro es más que incierto”. Hasta el momento y, con el CTAER a la cabeza, Andalucía es líder en el desarrollo de las tecnologías vinculadas a las renovables. De hecho, centrales solares de torre como Gemasolar, en Fuente de Andalucía (Sevilla), han sido pionerasGemasolar y espejo donde mirarse de las instalaciones de otros países. Luis Crespo, de Protermosolar, se muestra pesimista: “Me temo que para mantener el liderazgo hace falta disponer de recursos que te permitan seguir innovando y apostando por la internacionalización y estas dos últimas disposiciones con rango de ley han abortado esa oportunidad”.

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007-2013) marcaba una hoja de ruta en la que se planeaba que en 2013 el 18,3% de la energía total consumida en la comunidad fuera limpia. Hasta finales de 2011 todo parecían buenas noticias para las renovables en la comunidad. Se había alcanzado el 15%, por lo que Andalucía era una alumna aventajada respecto a los compromisos adquiridos con la UE que marcaban en rojo una cifra y un año: En 2020, el 20% de la energía consumida en España debe ser limpia. Tanto ecologistas como expertos y promotores, y en este caso la propia Junta, coinciden en que estas medidas contradicen la planificación energética futura impuesta por la UE. “Confiamos en que la Unión Europea señale pronto que la norma infringe del Derecho Comunitario y obligue a España a cumplir los compromisos establecidos”, asegura Luis Crespo.