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La transparencia: el poder ciudadano

Las administraciones, los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales tienen la obligación de ser transparentes. La ciudadanía se hace preguntas que, hasta hace solo unos años, tenían difícil respuesta por parte del sector público o simplemente nunca llegaban, pero ahora debe estar al alcance de todos. ¿Cuál es el sueldo del equipo de Gobierno de mi Ayuntamiento? ¿Qué procesos de selección de personal se están llevando a cabo en mi Diputación? ¿Qué indemnizaciones perciben los altos cargos de mi comunidad autónoma cuando cesan en el cargo público? ¿Qué procedimiento se utiliza en los contratos públicos? ¿Qué personas han resultado beneficiarias de ayudas públicas? ¿Cuánto dinero público se gasta en campañas de publicidad institucionales?

Toda esa información debe estar publicada obligatoriamente en los portales: (la denominada publicidad activa) y, en cualquier caso, los ciudadanos pueden solicitarla. Las leyes que regulan esta materia parten de la premisa de que el dueño de la información pública no es ningún gobierno, sino el pueblo que elige a sus representantes. Pero el camino hasta llegar a esa realidad no ha sido fácil. Abrir las puertas de inmensas bases de datos fue una tarea de difícil digestión, pero ya no tiene vuelta atrás: el acceso a la información pública es un derecho fundamental y una herramienta que lucha contra la desigualdad.

La Administración no tiene que tener ningún secreto en lo público, salvo en lo especialmente protegido como la seguridad nacional, la defensa, el secreto profesional o la propiedad intelectual. Hasta ahora, hemos sido espectadores de cómo el sector público guardaba sus datos como si fueran exclusivamente suyos, pero eso ha cambiado: la información pública es de todos y la cultura de la transparencia es un hecho.

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