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Las resoluciones más llamativas del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado ya más de 400 resoluciones,  referidas tanto a reclamaciones del derecho de acceso a la información pública como a denuncias de publicidad activa. Sus resoluciones están creando un cuerpo de doctrina en la materia, que reflejan la necesidad de mejorar las formas de gestionar lo público, de rendir cuentas al ciudadano. Todo ello en aplicación de la normativa de transparencia pública.

Una de las resoluciones, por ejemplo, que ha cambiado el tablero de juego para las entidades locales es la relativa a la exigencia de facilitar el acceso a los plenos a los ciudadanos, bien transmitiendo la sesión en directo, bien subiendo el archivo audiovisual posteriormente al portal. Pero, además, si para el ayuntamiento afectado es imposible llevar a cabo cualquiera de las dos opciones anteriores, los asistentes podrán grabar la sesión con sus propios medios, ya sean móviles, grabadoras o cualquier otro dispositivo.

Es cierto que existía jurisprudencia al respecto pero ninguna ley recogía esta obligación de forma textual, de forma que la legislación en transparencia dota al ciudadano de un derecho de libertad que antes no ostentaba, lo convierte en protagonista y partícipe de la vida pública. Lo  señala de manera muy explícita la norma andaluza, no dejando dudas de este derecho ciudadano.  

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Protección de Datos, una competencia que no puede esperar

El 25 de mayo de 2018 el tablero de juego en protección de datos cambia radicalmente. A partir de ese momento entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo, quedando derogada la anterior directiva de 1995 e imponiéndose un nuevo marco normativo que otorga un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada.

Esta norma supone un giro de 180 grados e introduce cambios que inciden tanto en el alcance del derecho como en la lógica del sistema de supervisión e, incluso, aporta importantes novedades que pueden tener un notable impacto en las propias instituciones andaluzas (así, por ejemplo, la creación de la figura del delegado de protección de datos en los entes públicos y en muchas empresas privadas).

¿En qué situación afronta Andalucía esta nueva regulación? El Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 20 de marzo de 2007, reconoció explícitamente el "derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas". Y, en consonancia con la consagración de este derecho, el texto estatutario atribuyó expresamente a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia en la materia. Posteriormente, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía asigna dicha competencia al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

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El salto a los tribunales

Justicia torcida

La transparencia, o más bien la falta de la misma, alcanza la esfera judicial. Las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia deben ser (son) acatadas por los poderes públicos y, por tanto, la información llega a la ciudadanía. No obstante, existen casos de discrepancia ante resoluciones dictadas. En estos supuestos, se abre camino la vía procesal y los juzgados contencioso-administrativos son los encargados de confirmar o anular la decisión del Consejo. 

Hasta la fecha, y desde la puesta en marcha del Consejo, se han interpuesto cinco recursos, estando resueltos sólo dos, ambos con sentencia favorable al órgano de control, es decir, confirman la decisión del Consejo. Esos cinco recursos representan poco más del 4% de las resoluciones, lo que supone una escasa litigiosidad. Por esta razón, puede decirse que los entes públicos respetan los dictámenes del Consejo.

Repasemos el estado y el contenido de estos cinco recursos.

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Contra la politización de la transparencia

Parlamento de Andalucía.

Los programas electorales están repletos de referencias a la transparencia. Los políticos y cargos públicos, tras la llegada de la Ley, asumieron el concepto con cierta rapidez y audacia. Los ciudadanos, hastiados de tanta corrupción y opacidad en las administraciones, como principales beneficiarios de esta legislación, encontraron en ella su aliado y las formaciones políticas no tardaron en hacer suya la norma para presentarse como verdaderos abanderados de la transparencia pública ante sus votantes.

Se ha convertido en ese ansiado objeto de deseo. Es, sin duda, instrumento habitual en los discursos de los líderes políticos, siempre en aras de hacer su partido el más transparente de cara a lograr la confianza ciudadana. Pero, ¿forma parte sólo del discurso teórico o la llevan a la práctica? Las obligaciones de los partidos políticos en la norma quedan perfectamente recogidas y en su cumplimiento reposa su credibilidad ante la sociedad. Entre sus obligaciones, en materia de publicidad activa, destacan la publicación de todos los contratos con importe de licitación y adjudicación, procedimiento, etc; pero también los convenios suscritos y las subvenciones y ayudas públicas recibidas.

No podemos pasar por alto un extremo que se debe tener muy en cuenta: el uso que en algunas ocasiones pretenden hacer de la Ley. La pregunta es muy clara: ¿La utilizan para su propio beneficio político? Analicemos el caso de los cargos públicos. Ellos tienen sus cauces y procedimientos perfectamente estipulados en su propia normativa para canalizar cualquier petición de información pública. En el caso de los diputados, por ejemplo, su norma específica es el Reglamento del Parlamento de Andalucía, que los dota de diferentes mecanismos para recabar datos, informes o documentos del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. Nos referimos a las sesiones de control, a las Comisiones o las proposiciones no de ley. En el caso de los concejales y diputados provinciales, están regidos por la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales.

El problema surge cuando cargos políticos acuden a la Ley de Transparencia para tener acceso a determinada información pública. Aquí es necesario establecer una inequívoca separación. Si actúan en su condición de cargo público, han de acudir a sus instrumentos fijados; por otro lado, si ejercen el derecho de acceso en su condición de ciudadano, sí podrán remitirse a la Ley de Transparencia. Estas dos vías de acceso obedecen a una muy diferente finalidad institucional y conducen, además, a un régimen de configuración de derecho a la información muy diverso, motivo por el cual es necesaria esa estricta división.

El solicitante de la información, por tanto, tiene que evitar cualquier posible confusión o ambigüedad en la utilización de estas dos vías y no sólo por razones de seguridad jurídica, sino porque así lo reclaman consideraciones de índole institucional.

El derecho constituido en la legislación de transparencia responde a una finalidad institucional completamente diferente. Las leyes de esta materia se dirigen a los ciudadanos en general, con el único objetivo de que puedan juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables políticos, dotándolos de mayor poder de decisión. Es un derecho absolutamente ajeno a la función de control político que ejercen los cargos públicos electos. Así lo manifiesta la doctrina que sostiene el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, en cuyas resoluciones y consultas viene señalando.  

Si los cargos públicos, en su condición de representantes del pueblo, acuden a la Ley de Transparencia, no harían más que proyectar, prolongar o extender artificialmente a un ámbito completamente ajeno la función del control político del Gobierno. Por tanto, no se puede distorsionar el completo sistema institucional e instrumentalizar las normas de transparencia para beneficio político.

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Pregunta, accede, reclama información: es tu derecho

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¿Juegan las leyes de transparencia a favor de los periodistas?

La información en manos de los poderes públicos tiene que ser accesible para cualquier persona. Ésa es la máxima de la transparencia y el objetivo que las leyes de esta materia se han marcado como una de sus prioridades. La legislación, tanto estatal como autonómica, regula el derecho de acceso a la información pública.

En este contexto, los medios de comunicación, como formadores de opinión, están llamados a desempeñar un papel clave para obtener, interpretar y dar a conocer la información de interés público a la ciudadanía. Los medios son uno de los cauces por los que se difunden los mensajes a los ciudadanos, cada vez más exigentes, preparados y maduros, que reclaman la rendición de cuentas a sus gestores públicos, a sus instituciones.

Esta realidad, en la que conviven las leyes de transparencia, los medios de comunicación y la ciudadanía, sirve de base al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para desarrollar  la doctrina en la que se hace eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en torno a esta indisoluble relación. Por eso el derecho de acceso forma parte integrante del derecho fundamental -recogido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derecho Humanos y en España en nuestra Constitución (artículo 20)- a comunicar y recibir información veraz cuando es ejercido por un profesional de los medios de comunicación. Y por eso, ese derecho, cuando se trata de información solicitada por los medios, el TEDH se ha decantado en términos inequívocos por considerar que en estos casos se incide de plano en el derecho a recibir y comunicar información veraz, consagrado como derecho fundamental en las normas citadas. Porque la obtención de la información constituye un paso previo esencial para el ejercicio del periodismo y, por tanto, resulta necesaria en el desempeño de la profesión.

El TEDH destaca que tiene una particular importancia la circunstancia de que el solicitante actúe en su condición de periodista para determinar si la denegación del acceso implica la afectación del derecho del art. 10 del Convenio. Pues de lo contrario, de no extenderse la protección del derecho a la fase de obtención de datos, no podría desempeñar correctamente su tarea de informar sobre los asuntos de interés público y, por tanto, cumplir con la función esencial que desempeña la prensa en una sociedad democrática.

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¿Qué es y para qué sirve el Consejo de Transparencia de Andalucía?

El Consejo de Transparencia

La transparencia es un deber de las instituciones y un derecho para la ciudadanía. Pero tiene que haber un organismo que vele por que el deber se cumpla y el derecho se pueda ejercer. En esa necesidad, se ubica el Consejo de Transparencia de Andalucía. El Consejo arrancó motores en enero de 2016, creado por  la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, como autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma.

 Es la primera vez en la historia de la democracia que existe un órgano que otorga tanto poder al ciudadano, como una auténtica revolución en las relaciones con la Administración para que las personas se conviertan en las propietarias de la información que generan los servicios administrativos. La principal meta del Consejo y su razón de ser es lograr una Administración mejor, más abierta y, sobre todo, más democrática, donde sus señas de identidad sean la transparencia y el gobierno abierto.

Tiene personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia para ejercer sus funciones, que no son otras que es velar por el cumplimiento de esta normativa en lo referido a publicidad activa, es decir, a la obligación del sector público de difundir en sedes electrónicas determinada información, y también hacer cumplir el derecho de acceso a la información pública, que no es sino el derecho de los ciudadanos a preguntar y a ser respondidos. También está encargado de vigilar que se cumpla la legislación de protección de datos en el ámbito de sus competencias.

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La transparencia: el poder ciudadano

Las administraciones, los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales tienen la obligación de ser transparentes. La ciudadanía se hace preguntas que, hasta hace solo unos años, tenían difícil respuesta por parte del sector público o simplemente nunca llegaban, pero ahora debe estar al alcance de todos. ¿Cuál es el sueldo del equipo de Gobierno de mi Ayuntamiento? ¿Qué procesos de selección de personal se están llevando a cabo en mi Diputación? ¿Qué indemnizaciones perciben los altos cargos de mi comunidad autónoma cuando cesan en el cargo público? ¿Qué procedimiento se utiliza en los contratos públicos? ¿Qué personas han resultado beneficiarias de ayudas públicas? ¿Cuánto dinero público se gasta en campañas de publicidad institucionales?

Toda esa información debe estar publicada obligatoriamente en los portales: (la denominada publicidad activa) y, en cualquier caso, los ciudadanos pueden solicitarla. Las leyes que regulan esta materia parten de la premisa de que el dueño de la información pública no es ningún gobierno, sino el pueblo que elige a sus representantes. Pero el camino hasta llegar a esa realidad no ha sido fácil. Abrir las puertas de inmensas bases de datos fue una tarea de difícil digestión, pero ya no tiene vuelta atrás: el acceso a la información pública es un derecho fundamental y una herramienta que lucha contra la desigualdad.

La Administración no tiene que tener ningún secreto en lo público, salvo en lo especialmente protegido como la seguridad nacional, la defensa, el secreto profesional o la propiedad intelectual. Hasta ahora, hemos sido espectadores de cómo el sector público guardaba sus datos como si fueran exclusivamente suyos, pero eso ha cambiado: la información pública es de todos y la cultura de la transparencia es un hecho.

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