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ARAGÓN

El Ayuntamiento de Calatayud (PP) subvenciona por crear empleo a una empresa que tiene a trabajadores sin contrato

El Consistorio bilbilitano alquiló un local municipal a Tecnología en Composites del Ebro S. L., con una subvención del 100 % del arrendamiento sujeta a la creación de 120 puestos de trabajo en un año

Finalmente, y tras comprobar los empleos creados, la subvención será del 49,17 %

Esta empresa fue sancionada tras la denuncia de dos trabajadores argentinos sin contrato a los que no había tramitado permiso de residencia ni trabajo

“Los ayuntamientos no están para fiscalizar, eso lo hace la Inspección de Trabajo”, asegura el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda

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La empresa se instaló en el polígono de la Charluca.

La empresa se instaló en el polígono de la Charluca. Ayuntamiento de Calatayud / Calatayud

La empresa Tecnología en Composites del Ebro, S. L., dedicada a la fabricación de palas de pádel, solo deberá liquidar al Ayuntamiento de Calatayud el 50,83 % (8.726,52 + IVA) del arrendamiento anual del local municipal en el que estaba instalada. Se ahorrará, por tanto, el 49,17 % gracias a una subvención por creación de empleo. Paradójicamente, esta sociedad está actualmente sancionada por la Inspección de Trabajo al comprobarse que tenía a dos trabajadores argentinos sin permiso de residencia ni trabajo y, por ende, sin contrato laboral, tras la denuncia de los empleados.

La ayuda municipal no se concede de manera directa. El 3 de diciembre de 2015 (con fecha de inicio 1 de enero de 2016), la empresa y el Ayuntamiento rubricaron un contrato de alquiler  de un local en el Polígono de La Charluca, por valor de 16.668 euros anuales más IVA, que podía llegar a estar subvencionado al 100 % por la “creación y mantenimiento” de 120 puestos de trabajo a jornada completa (10 mensuales).

El acuerdo sujeto a este contrato era que la empresa no pagaría el alquiler mensualmente y, pasado un año, se calcularía, en función de los empleos creados, la subvención. La fijación de esta, como se especifica en el contrato, “se realizará a año vencido (…), a cuyo efecto el cesionario deberá facilitar los TCs de las 12 mensualidades anteriores”. La liquidación final se produjo el pasado 14 de marzo con el resultado de que la empresa ha de abonar el 50,83 % del total.

Sanción de casi 45.000 euros

Paralelamente, el pasado 25 de noviembre, Inspección de Trabajo impuso una sanción a esta misma empresa de 34.475,32 euros por "contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo". Además de otros 20.002 euros (10.001 por cada trabajador en situación irregular) por "obstrucción a la labor inspectora".

Estos dos trabajadores (profesionales del sector en su país de origen) llegaron a España el 22 de mayo de 2015 gracias a una carta de invitación con día previsto de salida del país para el 20 de julio del pasado año. Trabajaron en la empresa desde julio de 2015 (fecha de la comunicación de apertura del centro de trabajo al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón) hasta el 28 de septiembre de 2016 (día en el que se produce la inspección).

Poco menos de un mes más tarde, el 18 de octubre de 2016, los trabajadores presentaron la denuncia en la que declaran que, en varias ocasiones, "requirieron a los representantes legales de la empresa a fin de suscribir los oportunos documentos para regularizar su situación administrativa", y la respuesta siempre fue "los documentos se están tramitando".

En un comunicado de Inspección de Trabajo al letrado de los trabajadores, se indica que el administrador de la sociedad aportó las solicitudes de autorización de residencia y trabajo, aunque ninguna de ellas "llegó a presentarse a registro en la Oficina de Extranjería".

Explican, además, los trabajadores, que acordaron un cobro de 600 euros mensuales y que, pasados unos meses, este bajo a 300. Adeudándoles la empresa 2.300 euros.

Solo un día antes de la denuncia, el 17 de octubre de 2016, y siempre según la versión de los trabajadores expuesta en la propia denuncia, se les entregaron dos pasajes de avión, comprados por el administrador único de la empresa para que viajaran, el 18 de octubre, a Buenos Aires con escala en Miami. Al no tener visado para entrar en territorio norteamericano, la escala en Miami era inviable, por lo que no pudieron hacer uso de los billetes.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2016, Inspección impone las sanciones. La empresa actualmente está cerrada y los dos trabajadores volvieron a Argentina.

"Los ayuntamientos no están para fiscalizar"

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), apunta, en declaraciones a eldiario.es, que la función de los ayuntamientos "no es fiscalizar, para eso está la Inspección". Esta empresa, dice, paga en función del cumplimiento de objetivos, "lo otro es un tema entre Inspección y la propia empresa".

Recuerda, además, el edil, que la sanción, "que no tenemos por qué conocer en el Ayuntamiento, llega mucho más tarde de la firma del contrato". Y deja claro que, si la sociedad no liquida lo estipulado con las arcas municipales, el Consistorio recurrirá a los tribunales.

Esta misma empresa, por añadidura, recibió, el 20 de abril de 2015, otra ayuda por valor de 15.000 euros en concepto de "préstamo Fondo Emprender en Calatayud, en virtud del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Calatayud y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar)".

El abogado de los trabajadores es el portavoz socialista en el Ayuntamiento

Otra de las circunstancias destacadas que acaecen en este caso es que el abogado de los trabajadores argentinos es Víctor Ruiz de Diego, a la sazón portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio bilbilitano y exalcalde de Calatayud, que comenzó a encargarse de la defensa desde el momento en que se presenta la denuncia.

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