La Justicia archiva un procedimiento hipotecario por cláusulas abusivas cinco años después del desahucio

La Agencia Tributaria y la Delegación del Gobierno han embargado nóminas y devoluciones del IRPF a cinco activistas de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) para cobrar, con recargos, las multas que les impuso la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, en aplicación de la llamada 'ley mordaza', por una protesta antidesahucios en la sucursal de Caja Duero de la plaza de Aragón.

En la mayoría de los casos, las multas tienen recargos, con lo que las cantidades iniciales de 300 y 400 euros de las sanciones se ven incrementadas hasta en un 20%.

“Ahora no estoy asegurada porque no tengo trabajo, y el único ingreso que tenía era esa devolución del IRPF, pero me han embargado los 301 euros de la multa más dos recargos de 30 cada uno”, explica una de las afectadas.

En otro de los casos, el sancionado ha visto cómo le descontaban 700 euros de la nómina, lo que ha reducido de manera notable los recursos para que él y su familia pasen el mes.

Cuenta para recoger fondos

“No tenemos dinero para cubrir esas sanciones”, que no tienen posibilidad de aplazamiento, explican fuentes de la PAH, que ha decidido abrir una cuenta (ES64 0182 7066 2702 0043 5766) en la que se pueden ingresar donativos destinados a financiar el pago de las sanciones.

La Delegación del Gobierno ha decidido activar el cobro ejecutivo de las sanciones tras desestimar un Juzgado de lo Contencioso el recurso presentado por uno de los afectados, que decidieron intentar esa estrategia con uno de los casos para llevar el resto a los tribunales en función del resultado.

La sucursal de Caja Duero de la plaza de Aragón de Zaragoza fue escenario de dos protestas de la PAH: una en noviembre de 2015, que terminó con un desalojo policial y con la identificación de varios activistas, y otra en diciembre de ese mismo año, convocada para protestar por el desenlace de la primera y que tuvo uno similar.

En las protestas participaron medio centenar de personas, aunque únicamente entre 12 y 15 entraron en la sucursal.

Tanto la PAH como Stop Desahucios han desarrollado en los últimos años numerosas protestas en el exterior de la sucursal para reclamar a la entidad financiera (integrada en Ceiss, que luego adquirió Unicaja) moderación en su trato a los hipotecados que no pueden hacer frente a sus deudas.