El Gobierno de Aragón logra cobrar dos años después a la empresa de un alcalde del PAR una multa por dragar un río
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha ejecutado finalmente, casi dos años después de haberla impuesto a mediados de agosto de 2015, la sanción de 39.560 euros a la empresa Torraza Monteoscuro, propiedad del alcalde de Farlete (Zaragoza) por el PAR, Héctor Azara, por los daños que provocó al extraer áridos en una zona protegida del cauce del río Cinca en Estadilla (Huesca).
Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2014, cuando la empresa, creada unos meses antes, realizó por encargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) una limpieza del cauce para despejar un aforador junto al Puente de las Pilas, en una zona protegida como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) por su riqueza ambiental. La contrata ascendía a 60.148 euros.
Sin embargo, según denunciaron primero los APN (Agentes de Protección de la Naturaleza) y después la candidatura de confluencia Cambiar Estadilla, la actuación de la empresa, que tenía como finalidad despejar el aforador de los arrastres que lo habían dejado fuera de uso tras una crecida, incluyó una extracción de áridos que fueron acarreados en camiones. El acopio de grava y arena en un área calificada como LIC requiere una evaluación ambiental previa.
Vía de apremio
La instrucción del expediente sancionador, sin embargo, no llegó a concluir antes de que finalizara la pasada legislatura, en la que el PAR de José Ángel Biel y Alfredo Boné era el socio minoritario del Gobierno de coalición con el PP de Luisa Fernanda Rudi.
Mes y medio después del relevo al frente del Ejecutivo, la Dirección General de Sostenibilidad le imponía a Torraza Monteoscuro una sanción de 39.560 euros que incluía una multa de 27.560 euros y el pago de otros 12.000 para reparar el daño causado en el cauce del Cinca.
Esa sanción, fechada el 20 de agosto de 2015, fue objeto dos meses después de un recurso de alzada que no fue resuelto hasta el 6 de abril de 2016, por lo que 13 días más tarde se abría el periodo de pago voluntario, según una respuesta parlamentaria del consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, a la diputada autonómica de IU, Patricia Luquin.
“Vencido el plazo correspondiente sin haberse efectuado el abono de la sanción, se procedió a su exacción por la vía de apremio”, es decir, al intento de cobro ejecutivo, el 16 de septiembre del año pasado, añade el consejero, que también apunta que la empresa ha recurrido la sanción en la vía contencioso administrativa.
Recurso contencioso
El recurso, según ha podido saber eldiario.es, reclama la nulidad de la sanción y la devolución del importe de la misma, en este caso con los intereses correspondientes desde la fecha de su ingreso.
Torraza Monteoscuro, que pone en duda la validez del método utilizado por la Administración para calcular el volumen de áridos cuya extracción le imputa, mantiene que no cometió ninguna de las infracciones por las que fue sancionada y que no provocó afecciones de carácter ambiental.
Por una parte, porque el encargo de la CHE incluía la extracción de los materiales arrastrados por la corriente del río que habían dejado fuera de servicio el aforador que debía reparar. Y, por otra, porque la colocación de unos tubos en el cauce, que fueron retirados tras ejecutar los trabajos, tenía como finalidad actuar como una ataguía para desviar provisionalmente el caudal y evitar que los vehículos pesados que intervinieron en la obra dañaran el lecho del río.
