La crisis del sector jamonero de Teruel llega a los tribunales con tres personas acusadas de apropiación indebida
La crisis del sector jamonero de Teruel llega este martes a los tribunales desinflada, si se tiene en cuenta que llegó a haber una veintena de investigados, con nombres destacados de la política y la sociedad turolense, y en la instrucción se habló de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, un delito societario de documentos y la sombra sobre el modo de concesión de obras públicas.
La Audiencia Provincial juzgará finalmente a quienes ocupaban los cargos de presidenta, María Pilar Martín; vicepresidente, Clemente Garcés, y a Fernando Guillén, el que era gerente durante el periodo investigado, de 2009 a 2013, cargo que había compatibilizado un tiempo con el de concejal del PP en el Ayuntamiento de Teruel.
Cada uno de ellos se enfrenta a penas de tres años de prisión por un delito de apropiación indebida y al pago de una indemnización de 300.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO), además de una multa 6.000 euros, según pide la Fiscalía.
La Audiencia Provincial deberá decidir si es cierto que se apropiaron de 300.000 euros por falta de control en el gasto de tarjetas, viajes para asistir a ferias y regalos, y en ese caso deberán devolverlo al Consejo Regulador de forma subsidiaria.
La forma de escapar a ese control, según la Fiscalía, era descapitalizar el Consejo Regulador a través de los gastos que se realizaban desde Promorigen, una empresa filial dedicada a la promoción de este producto agroalimentario.
La manera de operar era, según las investigaciones recogidas en el proceso de instrucción, que se producían importantes gastos a través de esta filial que dejaban sus cuentas en negativo, situación que se subsanaba reponiendo el dinero en efectivo desde el Consejo, de modo que volvieran a positivo y desapareciese el riesgo de estar en causa estructural de disolución.
Una filiar creada para generar sobresueldos
Como ya recogía el juez instructor, Jerónimo Cano, los investigadores creen que la filial “fue creada para generar sobresueldos”, al tiempo que para eludir el control, y que hubo “exceso de gastos por encima de lo normal”, o incluso “gastos inflados”.
El caso llega finalmente a los tribunales tres años después de la crisis institucional que lo destapó. Entonces el presidente del Consejo, Eugenio García, denunció públicamente en rueda de prensa las irregularidades contables en el anterior mandato y posteriormente en el juzgado.
Las desavenencias internas de este organismo habían salido a la luz pública cuando dimitió la mitad del Consejo, lo que dejó al presidente, Eugenio García, sin capacidad para gobernar y el Gobierno de Aragón tuvo que nombrar una gestora. De las siguientes elecciones no salió presidente y hubo uno de consenso, Carlos Mor, que nada tenía que ver con el jamón, pero con la experiencia de haber sido durante años presidente de la CEOE en Teruel.
Con Mor a la cabeza, contrataron un nuevo gerente del Consejo, Ricardo Mosteo, con un perfil técnico muy marcado, que acabó asumiendo también el cargo de presidente para intentar así apaciguar los ánimos y reconducir la situación de la Denominación de Origen, muy castigada durante los años de la crisis.
En la vertiente judicial, el magistrado instructor llegó a imputar entonces a todos los miembros del Consejo Regulador, así como a representantes de instituciones que habían concedido subvenciones, como el entonces era presidente de la Diputación de Teruel, Antonio Arrufat, que se vio obligado a dimitir como delegado del Gobierno en Teruel al ser imputado, por las presiones políticas del caso.
Arrufat, alto cargo del PSOE en Teruel, volvió a su puesto cuando se archivó la causa contra él, tal y como fue ocurriendo con el resto de miembros del Consejo, así como otros políticos, personal de la gestoría que llevaba las cuentas del Consejo y del propio organismo. Aun así, se espera que durante el juicio todos pasen por el juzgado para dar su versión.
