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ARAGÓN

Todos los partidos avalan el paro sin cotizar para los diputados en Aragón

Las siete formaciones con representación en las Cortes Autonómicas dan por bueno el chollo y eluden presentar enmiendas para suprimirlo o regularlo

Podemos plantea limitar el sueldo de los diputados a un máximo de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, que serían hoy 3.538,50 euros mensuales

Las Cortes de Aragón estudian institucionalizar un paro sin cotizar para sus diputados

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Ninguno de los siete partidos con representación en las Cortes ha enmendado la propuesta que salió de la ponencia.

Ninguno de los siete partidos con representación en las Cortes ha enmendado la propuesta que salió de la ponencia.

Chollo: “Cosa valiosa o apreciable que se adquiere a muy bajo precio o con poco esfuerzo”. Cobrar un subsidio de desempleo sin haber cotizado previamente para adquirir el derecho a recibirlo, que es lo que va a comenzar a ocurrir de manera reglamentaria en las Cortes de Aragón al acabar esta legislatura, entra de lleno en el significado que la Real Academia da a esa palabra.

Ninguno de los siete partidos políticos con representación en la cámara autonómica esta legislatura ha presentado ninguna enmienda para suprimir o modificar el artículo 28.7 de la propuesta de nuevo reglamento de la Cámara en la que, tal y como eldiario.es, se regula esa prestación dentro de los derechos económicos de los diputados “hasta que en el convenio especial con la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo”.

Los parlamentarios no tienen derecho a una prestación de desempleo al finalizar su mandato por dos motivos: no mantienen con la Cámara o con su grupo parlamentario una relación laboral y, en consecuencia, ni los primeros cotizan a la Seguridad Social el 6,7 % de sus emolumentos ni ellos hacen lo propio con un 1,6 % como ocurriría con cualquier trabajador con un contrato de duración determinada.

Asimilar a un derecho no adquirido

Sin embargo, la Mesa de las Cortes y su Junta de Portavoces establecieron tras las dos últimas legislaturas unas “indemnizaciones de cesantía” de 3.000 euros mensuales para los parlamentarios que no eran reelegidos, carecían de empleo y no tenían derecho al subsidio de desempleo por no haber cotizado en los seis años anteriores al cese.

Ahora, el nuevo reglamento institucionaliza esa ayuda a los parlamentarios cesantes “para su adaptación a la vida laboral o profesional”, que será “incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso económico, retributivo o asimilado” y que tendrá una “duración y condiciones” asimilables “en lo que resulte posible a la regulación general de la contingencia de desempleo, sin perjuicio del respeto a los derechos adquiridos”.

Fuentes parlamentarias señalaron que tanto la cuantía como la duración de la nueva ayuda serán inferiores a las actuales, susceptibles de mantenerse hasta los 18 meses aunque apenas ha habido casos en los que los exdiputados la hayan agotado. La idea de la Cámara es adecuar también el cobro a los porcentajes que la Seguridad Social aplica en el subsidio de desempleo. 

Un parado que haya cotizado un mínimo de seis años recibe el 70 % de su base de cotización en los seis primeros meses de desempleo y el 65 % en los 18 siguientes, periodos que se acortan si ha cotizado menos  tiempo.

Cinco veces el SMI y gastos contra tiques

El debate del nuevo reglamento devolverá a la Cámara el debate sobre los sueldos de los diputados tras la polémica desatada en la tramitación de los primeros Presupuestos de esta legislatura.

Podemos ha presentado una serie de enmiendas en las que reclama que la retribución básica de los diputados “no supere en ningún caso una cuantía equivalente a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional legalmente establecido en cada año”, que hoy sería de 3.538,5 euros mensuales, aunque si se abren a que los portavoces de los grupos y los miembros de la Mesa puedan recibir “complementos retributivos”.

Los morados también proponen suprimir otros ingresos como las dietas de manutención y de desplazamiento y piden que las “ayudas e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función” pasen a depender de su “debida justificación” previa; es decir, que su cobro requiera la presentación de tiques y facturas que prueben que el diputado las ha pagado.

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