Sin remunicipalización, pero con vigilancia
El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha a principios del año actual una Oficina de Inspección para controlar la acción de las contratas municipales. Seis meses más tarde, fiscaliza el funcionamiento de seis de ellas.
Reconocen desde el Ejecutivo que media docena no es demasiado, y que el objetivo es llegar a muchas más en el corto plazo, aunque saben que será imposible llegar a todas. Esta ampliación vendrá acompañada de un crecimiento también en el número de personas empleadas en la unidad: comenzaron con cinco –una técnica medio, un maestro inspector y tres inspectores- y, próximamente, se sumarán otros cinco inspectores.
En total, apuntan fuentes municipales, hay unas 140 contratas en vigor ahora mismo en el Consistorio. Y tres de ellas, la del autobús urbano (Auzsa) y las de limpieza y parques y jardines (ambas en manos de FCC), tienen un servicio de inspección propio. Cuando Zaragoza en Común desembarcó en el Consistorio había 180 contratas y las tres antedichas eran las únicas vigiladas.
“Cultura de la no fiscalización”
Las mismas fuentes señalan que antes había una evidente “falta de control”. La empresa pasaba la factura, explican, “y un solo funcionario, que, teóricamente, también era el encargado de la supervisión, daba fe de la corrección de la misma”. Apuntan a dos como los motivos principales que motivaban esta escasa inspección: “La falta de medios y la ‘cultura de la no fiscalización’”.
Aunque admiten que los procesos de licitación sí se realizaban correctamente, echaban de menos cierta concreción en los pliegos de condiciones. De ahí que en los mismos ahora se incluya una tipificación concreta de las faltas y las sanciones.
Centros de tiempo libre y ludotecas
La oficina comenzara próximamente, tal y como anunció la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, a inspeccionar los centros de tiempo Libre y ludotecas municipales para certificar que se están cumpliendo las condiciones de los contratos. Broto, dijo, ha mantenido diversas reuniones con comités de empresa y trabajadores en las que le han manifestado incumplimientos en los mismos.
Aunque se trate de un problema que afecta a las relaciones de la empresa con sus trabajadores, explican desde el Ejecutivo municipial, “y cuya resolución en caso de no ser posible corresponde a la jurisdicción laboral, el Ayuntamiento no puede cerrar los ojos ante esta situación, por lo que, dentro del ámbito competencial oportuno, se van a llevar a cabo todas las actuaciones posibles para paliar esta situación”.
Remunicipalización
El ansiado final de muchas de estas contratas para el Gobierno de Zaragoza en Común sería la remunicipalización. Sin embargo, esta se antoja lejana, sobre todo en algunos casos: con el 010, el Ayuntamiento de Zaragoza anunció la municipalización sin pasar por el Pleno, esgrimiendo que no es una competencia básica municipal según la Ley de Bases de Régimen Local. Aquello provocó una oleada de voces en contra desde distintos sectores y, de momento, el proceso se encuentra paralizado por orden de la Justicia.
La otra gran contrata que ansían devolver a la competencia municipal es la de FCC. El mes pasado se presentó un informe que cifraba en 2,8 millones de euros el ahorro por su remunicipalización. Con la esperada oposición del PP, ZeC se afana ahora en encontrar apoyos en el PSOE. Tras los primeros encuentros, desde el equipo de gobierno no son demasiado optimistas.
