Alarma: CETA

Esta semana varias organizaciones políticas y movimientos sociales de toda la Unión Europea se movilizan en contra del CETA en su Otoño en resistencia #niCETAniTTIP. Este sábado 15 habrá una manifestación en la plaza Paraíso de Zaragoza, a las 19:00 horas, convocada por la Plataforma-No-al-TTIP-Aragón. El día 20 formaciones que concurrieron coaligadas en los pasados comicios del 26J en la candidatura de Unidos Podemos presentan en las Cortes de Aragón proposiciones no de ley manifestando su oposición contra el CETA.

Pero... ¿es tan peligroso algo que poca gente sabe aún qué cosa es? ¿Peligroso en qué sentido? ¿Qué problema hay? ¿Tiene algo que ver con el TTIP? El CETA no es, según sus promotores, más que un tratado de libre intercambio comercial y de inversiones negociado con Canadá y pendiente solamente de su ratificación. El problema es que ni es un mero tratado comercial ni es un tratado solamente con Canadá. Vamos a intentar explicar aquí algunas de las razones por las que es un peligro mucho, mucho peor de lo que alguien se podría imaginar en una primera impresión.

Empecemos viendo si es un tratado solo con Canadá. Esto es fácil y rápido de contestar. En virtud del acuerdo NAFTA entre Canadá y EE.UU. estos dos países funcionan casi como una economía única y acordar algo con Canadá es, en la práctica, hacerlo con su socio. Firmar el CETA es firmar el TTIP.

Pero es mucho más complejo darse cuenta de que estos tratados internacionales son en realidad textos paraconstitucionales que afectan de raíz al estado constitucional, a la democracia y los derechos de los ciudadanos y que, por más que quieran respetar la apariencia legal, no son textos negociados democráticamente ni en interés de la gente común. Ni en su forma de creación ni en su contenido material son aceptables por una sociedad como la nuestra.

La ideología de los redactores de CETA-TTIP se basa en que cualquier necesidad humana ha de estar forzosa y totalmente disponible para su comercialización en el mercado. Ahí se incluyen, como cualquiera puede imaginar, la medicina y la educación, la farmacia y la cultura, cualquier servicio necesario para una vida digna y cualquier mercancía imprescindible para la existencia. En virtud del CETA y el TTIP sería denunciable ante árbitros privados por “lucro cesante” cualquier cambio legislativo que hicieran las Cortes o las autonomías y que intentara proteger a las personas, tanto consumidoras como trabajadoras, tanto en su salud como en sus derechos laborales. Sí, hay motivos para echarse las manos a la cabeza, España o Aragón serían denunciados. Habría que resarcir a todas las empresas demandantes por todo (¿y quién calcula eso?) el dinero que pensaran ganar. Es algo que ya ha pasado en otros países. Eso, o derogar esa ley, o no atreverse siquiera a promulgarla. Es reconocer a las grandes empresas derecho de veto sobre la ley de un estado.

¿Y esto se decide democráticamente entre estados soberanos? Pues más bien no: el mecanismo de redacción es opaco incluso para los parlamentarios europeos salidos de las elecciones y que, por increíble que parezca, tienen prohibido difundir su contenido y hasta estudiarlo en sus despachos. En cambio los grandes lobbies multinacionales presentes en Bruselas sí conocen perfectamente el contenido del CETA o del TTIP. ¿Cómo no iban a conocerlo si son en la práctica sus redactores materiales? Aunque se diga a menudo que hay demasiados burócratas en Bruselas, lo cierto es que no tienen los medios para elaborar todo el corpus normativo que precisa este gigantesco entramado de intereses. La burocracia de la UE podría derivar ese trabajo a comisiones de funcionarios de los estados, pero prefiere dar por buenas las propuestas de “calentar y listo” que le ponen delante los lobbies o grupos de presión de empresas. No es un tratado que se negocie entre países soberanos sino entre lobbies de interés de uno y otro lado del Atlántico, entre unos y otros sectores de negocio. Y en esos lobbies no hay solo empresas norteamericanas. Las hay europeas y, por supuesto, más de una multinacional española.

¿Pero no nos protegerían las normas legales de nuestro país? ¿No tenemos una democracia y una constitución que garantizan nuestros derechos? El CETA y el TTIP pondrían límites a las condiciones materiales de los derechos a la educación, la cultura, la vivienda, la alimentación, la energía o la salud. Son tratados que acotan o aseguran la privatización del desarrollo posible del contenido social del Título I de la Constitución Española. Y ningún parlamento español o autónomo futuro elegido después iba a poder hacer nada para revertirlo, ya no serían competentes. Un tratado internacional deroga la ley nacional si no se formula expresamente una salvaguardia antes de ratificarlo. Si alguien piensa que PP o PSOE lo van a hacer a estas alturas es que no saben lo que están votando ahora mismo en Bruselas ambos partidos. No habría leyes para protegernos. De lo que se trata es de vendernos a nuestros queridos oligopolios patrios, que se asociarán con los que vengan de fuera para repartírsenos como un pastel.

En el sentido que le da a este término el profesor Gerardo Pisarello, CETA y TTIP son tratados “deconstituyentes” porque mutan la legalidad constitucional en sentido antidemocrático. Primero, porque son tratados que subordinan los derechos de las personas de carne hueso al interés de esas “personas jurídicas” que son las grandes empresas. Segundo, porque son enemigos de la soberanía y de los derechos colectivos de los pueblos, determinados como están en su redacción por entes privados que no son elegidos ni fiscalizados por la ciudadanía. Es puro e hipócrita sarcasmo que PP, PSOE y Ciudadanos se llamen a sí mismos “constitucionalistas” (si acaso, del 135) cuando están facilitando la firma del CETA y el TTIP a escondidas del pueblo que les ha votado. El CETA y el TTIP (y el tercero y menos conocido TiSA) no es que nos entreguen a EE.UU., a Canadá o a Alemania; es que cambian por completo el sistema de fuentes del derecho en el seno de nuestro propio estado. Deben ser considerados como textos paraconstitucionales que servirán a las propias empresas españolas para controlar aún más la sociedad y privatizar aún más nuestros derechos y exprimirnos más cuanto mayor sea nuestra pobreza. Serían imposibles de revocar en la práctica por su estatuto de tratado internacional e, incluso, harían inútil una hipotética reforma constitucional que quisiera poner los derechos sociales al mismo nivel que los derechos.

Paremos ahora el CETA en la calle este sábado 15, parémoslo en Internet firmando aquí y parémoslo en las instituciones con iniciativas como la del día 20 en las Cortes aragonesas y, cuando llegue el momento, en las cortes españolas.

+info http://www.noalttip.org/este-otono-volvemos-a-las-calles-semana-de-accion-8-15-octubre-2016/