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ARAGÓN

Cuestión de prioridades y competencias desleales

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Hace una semana se celebraba con euforia que este Gobierno subía en ¡50 euros! el salario mínimo interprofesional. Poco menos que habíamos logrado convertir este Gobierno insolidario y egoísta en una especie de fuerza socialdemócrata que ponía al individuo en el centro de sus políticas. Imagino que esta imagen falsa les habrá durado a los bienpensados una semana. Hasta que hemos conocido una vieja pretensión del PP que ahora se convierte en realidad: por unas migajas de 5.000 millones de euros rescatará las autopistas radiales del entorno de Madrid y Cartagena, que en su día fue oportunidad de negocio para los amigos de Aznar y Rajoy y hoy no son más que vías muertas que debemos asumir todos los ciudadanos. 5.000 millones a sumar a los 40.000 que pagamos entre todos para tapar los errores de la banca española, obligada a devolver un dinero sin que lo haya hecho.

Estas son las prioridades del PP. Al menos, hay que agradecerles su sinceridad, que impide que se les pueda justificar de cualquier manera. El ministro de Justicia, cuando era secretario de Estado de Infraestructuras, dejó bien claro por qué no se podían desdoblar las nacionales aragonesas que suman un reguero de víctimas año tras año: porque, dijo en comisión, sería hacer competencia desleal a las autopistas que circulan en paralelo a estas carreteras.

Esa es la filosofía del PP. Lo público hace competencia a los suculentos negocios de cuatro. Pero si estos fallan, está lo público para rescatarlo. Mientras en Aragón seguiremos manifestándonos por los desdoblamientos más que necesarios (el viernes hubo otro grave accidente en Magallón) de la N-232 y la N-II. Haremos comunicados, enmiendas, manifestaciones… mientras el Gobierno mirará hacia otro lado. Concretamente, hacia esas autopistas radiales que fueron un fiasco y que ahora vamos a recuperar entre todos. Dicen que no es rescate, que es un procedimiento legal-concursal. Lo que es, en realidad, es una auténtica tomadura de pelo y el enésimo desprecio a los ciudadanos.

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