España y Aragón, y sus compromisos pendientes con los refugiados y trabajadores inmigrantes

En el mapa geo-político no estratégico europeo de las migraciones del siglo XXI, pareciera ser de antemano que la Comunidad Autónoma de Aragón tuviera que cumplir en él un rol quizás hasta un poco menos que secundario, o al menos de no tan trascendental calado. Esto, teniendo en cuenta que los dramas humanitarios sólo ocurren a miles de kilómetros de nuestras fronteras, fundamentalmente en las costas italianas o griegas, dejando como resultado la friolera de un millón de personas desplazadas durante 2015, y algo menos de 4.000 fallecidos en las travesías mediterráneas, casi el 40 % de ellos, mujeres y niños, y sólo en aquellos casos reconocidos oficialmente por los organismos internacionales.

España, como Estado miembro pleno de la UE, está obligada al cumplimiento de los términos de la directriz de la Comisión Europea -fechada en su sede de Estrasburgo el día 9 de septiembre pasado- al respecto de la cuota de las 14.931 personas que finalmente tienen que ser reubicadas aquí, como parte del plan europeo de un total de 120 mil. Países como Alemania no sólo ya han comenzado hace tiempo el proceso de acogida de las más de 30 mil personas que le han tocado reubicar, sino que además lo tienen muy avanzado, y no han tenido complicaciones de relevancia en su desarrollo.

Lo cierto es que la única decisión que ha tomado hasta el día de hoy el Gobierno de Mariano Rajoy, al respecto de dicha directriz europea (insisto, de obligado cumplimiento), es haberla ignorado en todos y cada uno de sus términos. Sin duda, una actitud muy diferente a la adoptada frente a la voluntaria participación de España en la macro redada policial anti-inmigración “irregular”, denominada Mos Maiorum, liderada por Italia en Octubre de 2014, en la que sólo se solicitaba colaboración en la misma.

Un día antes de la publicación de dicha directriz, el 8 de septiembre, se realizó en Madrid con carácter “de urgencia” la Conferencia Sectorial de Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la que asistieron numerosos Consejeros autonómicos del área. Varios de ellos le pidieron al Gobierno español que les confirmaran el número de las personas que fueran a ser acogidas, los criterios que se considerarían para su distribución y ubicación entre las diferentes autonomías del Estado español, y que además se les dijeran cuáles eran los fondos europeos disponibles para afrontar los gastos derivados de dicha tarea.Inciso: Entiendo lo “urgente” como el oportunismo político de indignarse repentinamente por el “efecto Aylan”, cuyo fallecimiento se produjo sólo unos pocos días antes, y a partir del cual los poderes políticos se acordaron de indignarse, pero sólo públicamente).

La agencia EFE publicó ese día, en relación a ese cónclave, que “desde Aragón, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha dicho irse satisfecha porque ‘se ha oído a la sociedad y se ha entendido el problema urgente’ que existe en Europa pero ha apuntado a esa ‘falta de concreción’ por parte del Ejecutivo central. Así, ha lamentado marcharse de la reunión sin saber la cifra de reparto en cada región y si los refugiados se incorporarán de forma paulatina o no. ‘Estaríamos más tranquilos sabiendo cómo se llevará a cabo la acogida, la integración y cómo colaborar por parte de las comunidades y cómo se financiará’, ha concluido tras el encuentro”.

Resulta entre llamativo y preocupante que la Consejera se sintiera “satisfecha” en un encuentro en el que no se decidió ni se resolvió absolutamente nada en relación al futuro inmediato de la vida de miles de personas con serio riesgo de muerte. En estos momentos, exactamente 4 meses después desde aquel encuentro, el Gobierno central ni ha cumplido con la orden europea de acoger a las 14.931 personas, ni en Aragón tenemos un plan de contingencia preventivo que nos permita evaluar y planificar de manera anticipada cualquier tipo de acción a implementar en cualquier etapa del proceso de acogida. Tampoco sabemos cuáles son los recursos humanos y materiales reales y propios con los que contamos para enfrentar la más que previsible cantidad de entre 400 y 500 personas, entre las tres provincias aragonesas. No hace falta “esperar a saber” cuáles son las condiciones específicas para proceder con la distribución de las personas, ya que las mismas se conocen desde el 9 de septiembre, y pueden ser consultadas en internet buscando el contenido MEMO-15-5597_ES.pdf

Sumado todo esto a la consideración de haberse “entendido el problema urgente”, el hecho de que el Gobierno central no tenga una respuesta clara y contundente en ese sentido, preocupa seriamente la complacencia con que se trata a los generadores y culpables de la “estafa-crisis”.

Desde el día de esa publicación hasta hoy, han pasado ya 122 días valiosísimos sin cumplirse la directriz desde el Gobierno central. Pero el Gobierno autonómico hubiese podido avanzar muchísimo en ese tiempo de todos modos, y por iniciativa propia, si hubiera emprendido acciones tales como la difusión de la información veraz del tema a la sociedad, a través de los grandes medios de comunicación a los que tiene fácil acceso, trabajar sobre la sensibilización social, promover acciones educativas en los colegios… En sede parlamentaria autonómica podría trabajar junto a los demás partidos políticos representados en las Cortes en acciones hipotéticas a realizar, etc.

Y es que no sólo estamos hablando de asumir desde las instituciones democráticas la obligada defensa de los derechos humanos básicos e inalienables sólo de quienes son víctimas de la guerra y el terrorismo. Sino que, a la vez, debemos pensar en que puede haber diferentes propuestas políticas que (perfectamente) podrían ser asumidas en el terreno local por el Gobierno de Aragón en beneficio de un sector muy importante de la población castigada. No resulta difícil imaginar, por ejemplo, que una legislación autonómica que permita avanzar en la consecución de mayores derechos sociales y económicos en el ámbito de las migraciones, tendría los suficientes apoyos parlamentarios en las Cortes para llevarlas a la práctica.

Con el acento puesto en la creación -para todos por igual- de empleo genuino y estable, en tanto motor fundamental del desarrollo social y económico de las familias como de la sociedad en su conjunto, y también como engranaje fundamental en el proceso de integración social de las personas, serviría para promover de manera específica: 1.- lograr el regreso de nuestros jóvenes emigrados; 2.- implementar políticas locales que ayuden a fomentar la “regularización” de un importante sector de la población inmigrante residente habitual en nuestra Comunidad, sobre todo entre aquellos más vulnerables y que fueron dejados a un lado del camino por culpa de la “crisis=estafa” de los últimos años.

2 Bis.-, ejemplos: - Atender las necesidades de uno de los sectores más vulnerables y numerosos del mercado laboral, como lo son el servicio doméstico y la atención a la dependencia, en el que más del 90 % de las trabajadoras son mujeres e inmigrantes, y en el que sus condiciones laborales limitan entre la precariedad y la ilegalidad. - Avanzar en materia de derechos sociales y económicos en beneficio de los trabajadores temporeros, fundamentalmente de aquellos que son residentes habituales en nuestra Comunidad, y que deben enfrentarse campaña tras campaña, a la llegada de equipos de personas desde el extranjero sin las más mínimas condiciones laborales garantizadas. - Mejorar de manera sustancial las actuales competencias que tienen los gobiernos autonómicos y municipales en las instancias correspondientes para la obtención de permisos de residencia, informes de integración, la tramitación de la nacionalidad española en el registro civil, etc. - La tantas veces mentada pero jamás asumida problemática de pensar seriamente cómo vamos a devolver la población perdida al medio rural aragonés, y si la población inmigrante puede jugar o no un papel primordial en la búsqueda de ese objetivo.

Como medidas complementarias, debemos redefinir de una vez el modelo productivo a implementar, para lograr la reactivación de las más que castigadas economías locales y regionales, y así lograr parar el flujo de la gente de los pueblos hacia las grandes ciudades, y sobre todo, fuera de Aragón y de España.

Enfrentamos una realidad espeluznante y de muy difícil reversión si no se hace nada al respecto: el Instituto Nacional de Estadística no tardará mucho en corroborar oficialmente que en 2015 la tasa de fallecimientos en España ha resultado ser más alta que la de los nacimientos. Por lo tanto, hay que perder el miedo y sostener públicamente que la inmigración es un bien necesario y fundamental en la reactivación de nuestra o de cualquier economía castigada, dado que (incluso visto desde una mirada egoísta-mercantilista-meramente económica) el incremento de la población (que según numerosos estudios sólo será posible gracias a la inmigración) será lo que garantice el sobrevivir del sistema de pensiones a largo plazo en este país.

¿Abrimos la puerta pues a las soluciones?