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Acercándose las nuevas elecciones, y antes que ninguno de los partidos, la Comisión Económica Europea ya ha empezado la campaña. Muy educadamente amenaza con amenazar, el que avisa no es traidor parecen pensar, ante futuros incumplimientos de los objetivos de déficit. Durante estas semanas el brazo ejecutivo de la UE enviará una carta con ciertas ”recomendaciones” fiscales.

La materialización de dicha carta, sin embargo, se aplazará hasta después de las elecciones generales para evitar deslegitimar al PP, que hasta la fecha se ha demostrado fiel seguidor de este tipo de misivas con sello de Bruselas. Cartas llenas de recomendaciones y pasos a seguir que hasta la fecha se han demostrado bastante inútiles para llevar a cabo la famosa recuperación económica, pero que parecen favorecer intereses de otro tipo.

Así, en estos momentos, tenemos en la Comisión Europea un juego de favores en el que políticos autodenominados de centro-derecha de diversos países se ayudan a mantener su electorado en una época de cambios. Por un lado, los representantes nórdicos han de batallar con el creciente antieuropeísmo que aumenta a pasos agigantados, más desde la posibilidad de un futuro Brexit,  con  una ciudadanía que contempla el Sur como un desagüe de la inversión pública europea. Por otra parte, los países meridionales viven coartados ante la potencial desaparición de una Europa protectora y que ahora les priva de su soberanía, obligándoles a una mayor reducción del gasto público, que en el caso concreto de España ya está por debajo de la media europea.

Por lo que a nuestro país respecta, ante este panorama, ya se da por hecho que la Comisión pedirá la liberalización de servicios profesionales o una vuelta más a la tuerca de la reforma laboral. Reforma que está más que en entredicho entre los trabajadores españoles, pero que reproduciría la imagen de un país sacrificado que cumple con las expectativas de esa Europa punitiva. Cabe destacar que no somos el único país que no cumple con su deuda. Desde luego somos uno de los más vigilados para que no sobrepasemos los objetivos, pues el margen de flexibilidad con que cuentan las autoridades europeas se modula con criterios políticos y dependiendo de la influencia de cada gobierno. De hecho, España sería el primer país sancionado, a pesar de que desde 1999 los países de la zona euro han tenido déficits superiores al 3% en casi el 50% de los casos. Recientemente, Francia e Italia se han beneficiado también de esta flexibilidad.

En definitiva, si bien es lógico que la situación y relaciones con el resto de Europa influyan en los movimientos electorales, no lo es tanto que las diversas comisiones e instituciones europeas acompasen sus actuaciones en pos de influir en la campaña de cada país. Ni lógico, ni legítimo y, esperemos, tampoco fructífero.

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