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ARAGÓN

La casta ya no está de moda

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En esta sociedad de debates públicos instantáneos solapados unos con otros, la desigualdad y la casta, dos argumentos que tanto impulso dieron a Podemos hasta hace unas semanas en las encuestas electorales, parece que se están pasando de moda ante la huida hacia adelante del secesionismo catalán que, de cara a las generales, puede dejar tocado a cualquiera que se muestre políticamente ambiguo.

Y, sin embargo, hace solo unos días Cáritas contaba que en lo que va de año había asistido de urgente necesidad a diez mil personas en Aragón, 1.200 más que durante 2014. Son 33.000 las personas que, para atender sus necesidades básicas, están recibiendo ayudas para de la organización de la Iglesia católica que está percibiendo una cierta contención en las peticiones entre otras razones porque se está agilizando el pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que llevaba retrasos de hasta seis meses.

Y, sin embargo, hace solo unos días conocíamos que, tras un breve paso por la cátedra de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pública de Navarra, la expresidenta de Navarra y exalcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, se incorporaba al consejo de una filial de Telefónica, Distribuidora de Televisión Digital (DTD), la resultante de la compra de Canal + por parte de Movistar, donde los sueldos anuales no suelen bajar de doscientos mil euros.

Telefónica, la gran embajadora tecnológica de España en el mundo, parece empeñada en facilitarle la campaña electoral a Podemos porque está mostrando una piel muy dura ante la nueva política, ante el rechazo ciudadano a las puertas giratorias y a la casta, a la connivencia sin regulación ni control entre el poder económico y el político.

La exministra de Exteriores y Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, diputada y miembro de la Diputación Permanente del Congreso, está deshojando la margarita para incorporarse a principios de año al consejo internacional de la operadora en la vacante que dejó Rodrigo Rato fichado por César Alierta cuando ya estaba imputado por la salida a Bolsa de Bankia.

Si hacemos memoria, recordaremos que Alierta alcanzó las presidencias de Tabacalera primero, y de Telefónica después, en 2004, cuando Rato era ministro de Economía y se privatizó la compañía. No es de extrañar que Rato lo buscara de socio cuando promovió el hotel de Berlín que está siendo investigado por la Oficina Nacional contra el Fraude por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Si continuamos repasando la lista de políticos nacionales y autonómicos a sueldo de la gran compañía, que tiene como principales accionistas al BBVA y a Caixabank, nos encontraremos entre otros a Javier de Paz, consejero de las filiales en Brasil y Argentina, Eduardo Zaplana, Narcís Serra, el marido de la vicepresidenta de Gobierno, Iván Rosa, que trabaja en el área jurídica, y en la escala local, por poner un ejemplo, el exviceconsejero de Obras Públicas y exconsejero delegado de Plaza, Carlos Esco, que está trabajando en el área de relaciones institucionales con América Latina.

Pero, por no cebarnos con Telefónica, podemos abrir el objetivo a Endesa, a Repsol, a Gas Natural, a Red Eléctrica Española, a Acciona, y nos tropezaremos con más de lo mismo.

Sin embargo, hay que reconocerlo, en la sociedad de la instantaneidad y del indigesto consumo informativo este debate ha pasado a un segundo plano, desplazado a última hora por la prioridad de reforzar la unidad de España.

Progresividad y evasión fiscal

Como también está pasando a un segundo plano, o para ser más precisos se está desenfocando, el debate fiscal donde da la sensación de que están perseguidas las políticas de progresividad fiscal, de aumento de los ingresos y de redistribución de la riqueza. El pacto entre el libre mercado y las clases medias que, enhebrado por democristianos y socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial, fue esencial para asentar el estado de bienestar y la cohesión de Europa.

En cuanto un Gobierno plantea que va a subir algunos impuestos con mayor o menor acierto en la comunicación, - estas cosas tan sensibles no se pueden hacer de tapadillo, hay que dar la cara y explicárselas a los ciudadanos sin dobles lenguajes-, se organiza la marimorena.

Le está pasando al Gobierno de Lambán, que ha tenido que dar marcha atrás en su propósito de no subir la presión fiscal, porque quiere recaudar unos 90 millones de euros más para pagar a los proveedores, a los maestros y a los médicos, y reducir y agilizar, por ejemplo, las listas de espera de la dependencia, el ingreso aragonés de inserción social, ampliar las ayudas en los comedores escolares, atender la salud de los inmigrantes sin papeles, y las urgentes necesidades de financiación de la Universidad de Zaragoza.

De nada le está sirviendo argumentar que somos la segunda Comunidad autónoma con menor presión fiscal después de Madrid, y que las políticas de rebajas fiscales de los últimos cuatro años, como la de no acogerse a los créditos a bajo interés del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), han sido muy negativas para contener el déficit.

La ofensiva está siendo constante y directa porque en las subidas, es cierto, se han incluido impuestos indirectos, que tienen poco de progresivos, como los de la gasolina y transmisiones patrimoniales. El portavoz del PP, Roberto Bermúdez de Castro, ha calificado de brutales las subidas que recoge el proyecto de ley de mantenimiento de los servicios públicos. Sin embargo, se echa de menos esa misma contundencia y excitación para denunciar la evasión fiscal.

Algunas de las mayores fortunas de Aragón tienen su domicilio fiscal en alguna comunidad foral vecina y algunas de las grandes compañías, implantadas en Aragón, desvían la imposición a sus beneficios hacia países con ventajas, bonificaciones y exenciones fiscales.

Un ejemplo. En febrero del año pasado la presidenta Rudi, tres consejeros del Gobierno de Aragón, los de Economía, Industria y Sanidad, Francisco Bono, Arturo Aliaga, Ricardo Oliván, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, daban la bienvenida a un centro de investigación contra el alzheimer de la multinacional catalana Grifols en la Vía Hispanidad de la capital aragonesa.

La multinacional Grifols, especializada en plasma, cuyo propietario se mostró días después entusiasmado con la deriva independentista de Mas, ha desviado dos tercios de su actividad a Dublín donde va a pagar un 12,5 por ciento de impuesto de sociedades frente al 28 por ciento de España.

La Agencia Tributaria acaba de revelar que hay casi 91.000 millones de euros de fortunas españolas registradas en el extranjero, el 40 por ciento de ellas en solo tres países, Suiza, Luxemburgo y Holanda. Hagamos una proyección de las no registradas, sin contar las ingenierías financieras de las grandes multinacionales, y nos podremos hacer una idea sobre cómo cambiarían las cosas en el mantenimiento de los servicios públicos y el estado de bienestar con una factura fiscal armonizada y equitativa en la Unión Europea. Son datos que nos tendrían que hacer reflexionar sobre dónde tenemos que poner el foco.

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