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ARAGÓN

Ayuntamiento de Calamocha (Teruel), seis meses de denuncias, dimisiones y suspensiones

Los concejales del PP han pasado al grupo adscrito tras ser suspendidos de militancia por apoyar al PSOE para arrebatar la Alcaldía al PAR

La coalición PSOE-PP denunció al concejal de Compromiso en los tribunales y él hizo después lo propio contra el exalcalde y actual concejal del PAR

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Silvia Lario (centro) con Carmen Pobo y Manuel Blasco, cabezas de lista del PP al Senado y al Congreso.

Silvia Lario (centro) con Carmen Pobo y Manuel Blasco, cabezas de lista del PP al Senado y al Congreso. Partido Popular / Teruel

La vida política en Calamocha (Teruel) en los últimos seis meses, desde las elecciones del pasado mes de mayo, ha sido de todo menos tranquila. Tras un pacto a priori "antinatural" entre PSOE y PP, con apoyo de Compromiso con Aragón, para arrebatar la Alcaldía al PAR, la refriega política ha acabado en suspensiones de militancia y denuncias, por apropiación indebida o mala gestión, según acusen unos u otros.

El último capítulo ha dejado al PP sin sus tres ediles en el Ayuntamiento, que se han pasado al grupo adscrito. La decisión la tomaron recientemente después de que la dirección de su partido les suspendiera de militancia, precisamente por haber pactado con el PSOE para convertir al socialista en alcalde, en lugar del candidato más votado, el del PAR.

Detrás de esta polémica, según denunciaron los propios concejales en rueda de prensa, está que Calamocha se convirtió tras las últimas elecciones autonómicas en moneda de cambio en las negociaciones entre PAR y PP por la Diputación de Teruel. La decisión entonces de los ediles de pactar con el PSOE dejó sin baza a su partido, que finalmente posibilitó la Presidencia para el PAR en la Diputación.

El mapa postelectoral en esta localidad de Teruel de unos 4.500 habitantes -de las más pobladas de esta despoblada provincia- dejaba el pasado mes de mayo una igualdad propicia para alentar varias negociaciones: 3 concejales para el PAR (Partido Aragonés), 3 para el PSOE, 3 para el PP, 1 para Compromiso con Aragón (partido fundado tras una escisión del PAR) y 1 para CHA.

El cabeza de lista del PAR y hasta entonces alcalde, Joaquín Peribáñez, fue el más votado, pero las enemistades en el seno del Consistorio ya habían hecho que los candidatos del PP arrancaran campaña con el compromiso de su partido de que respetarían los acuerdos postelectorales.

Así lo denunciaron Silvia Lario y Ramón Querol, los concejales y militantes del PP (el tercer concejal se presentó como independiente), el pasado mes de noviembre en una rueda de prensa, en la que desvelaron que su partido quería que apoyaran que el candidato del PAR fuera el alcalde.

Pero precisamente el cambio en la Alcaldía había sido su principal argumento durante la campaña electoral. Lario aseguró que su partido respaldó precisamente ese objetivo, que fue "condición indispensable" para presentarse.

Esta polémica se quedó en la arena política, pero otras han acabado en el Juzgado. La primera afectó al concejal de Compromiso con Aragón, Miguel Pamplona, que fue en su día alcalde de Calamocha con el PAR. En aquella época constaba como presidente de la Sociedad Municipal de Acción y Bienestar Social, una sociedad municipal que el actual equipo de gobierno se dispuso a disolver tras muchos años inactiva; y cuando lo hicieron, descubrieron que Pamplona había retirado un año antes 1.800 euros de la cuenta bancaria que estaba a nombre de la sociedad. El actual alcalde lo denunció ante los tribunales mientras que Pamplona, al recibir la notificación, devolvió el dinero inmediatamente y alegó que había sido un “error” de la entidad financiera. El primer edil le retiró de sus funciones, aunque Pamplona no renunció a su acta de concejal.

Este mes de diciembre está previsto que declare ante el juez por ello, pero ya el pasado mes de noviembre visitó el Juzgado, para denunciar esta vez al exalcalde Peribáñez, antiguo compañero y amigo, y a un funcionario. Pamplona acusa al exalcalde de pagar 4.091 euros de más al funcionario con el que el Consistorio mantuvo un pleito que perdió el Ayuntamiento.

Los hechos se remontan a 2008 y el funcionario implicado era Jaime Muñoz, responsable entonces de la contabilidad municipal. Pamplona se quejaba también de haber solicitado información al respecto al actual equipo de gobierno y que no la había recibido, a lo que el alcalde Manuel Rando respondía, también vía nota de prensa, dando explicaciones de la tramitación. Una vez estudiada la documentación, “el Ayuntamiento adoptará las medidas que considere oportunas”, decía el alcalde, por lo que no se descarta otra nueva entrega en el Juzgado.

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