Podemos reclama más competencias para la Oficina Anticorrupción de Aragón y el PP pide su supresión
Tras cinco prórrogas, por fin finalizó el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública: la normativa de la que nacerá la futura Oficina Anticorrupción de Aragón (cuyo nombre oficial será Agencia de Integridad y Ética Pública). Los partidos se han aplicado y, entre Podemos, Ciudadanos, Partido Aragonés (PAR) e IU han presentado 246 enmiendas. A estas hay que sumar las realizadas por el PP, que se harán públicas hoy, aunque desde el partido han confirmado a eldiario.es que, como anunciaron, una de ellas es una enmienda de supresión de dicha Oficina Anticorrupción.
La competencia principal de esta Oficina será promover y fortalecer “medidas para combatir eficazmente cualquier modalidad de corrupción”; para ello, podrá “acceder a cualquier información de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación, siempre limitándose estrictamente a la actividad relacionada con las entidades del sector público de Aragón”.
Los populares, que ya anticiparon su intención de solicitar la supresión, solicitan que “las competencias de la Agencia las asuman las instituciones que lo hacían hasta ahora: Justicia de Aragón, Cámara de Cuentas, etcétera”. En su momento, la diputada Marián Orós apuntó que la Oficina era una “comisaría política al servicio de los intereses del Gobierno” y que estaba “a medio camino entre la Stasi de Alemania del Este y la Brigada Político Social del Franquismo”.
Antagónico a lo planteado por Podemos que, entre sus 70 enmiendas, solicita ampliar las competencias de la Oficina, sobre todo en algunos asuntos clave como “las decisiones sobre conflictos de intereses, incompatibilidades y deber de abstención”. También reclaman los morados un refuerzo de sus funciones, para que pueda realizar evaluaciones de políticas públicas: “No solo se trata de no robar, sino de que el dinero público se use eficazmente”, apuntan fuentes de la formación.
Mucho más cerca del PP está lo propuesto por el PAR, que ha presentado 37 emiendas. La diputada Elena Allué cree que la Oficina es “cara, no resuelve la corrupción y suplanta la labor de jueces, fiscales y de las propias Cortes de Aragón”. Pretenden crear, dice Allué, “un comisariado político que es más propio de épocas que deberíamos superar”
Incentivos para quien denuncie
Ciudadanos es quien se lleva la palma tras la formalización de 90 enmiendas. Destaca, por novedosa, en la que proponen gratificaciones económicas (del 1 % del dinero recuperado) y laborales para las personas que denuncien casos de corrupción. La “protección efectiva del denunciante” es un aspecto clave para la formación naranja. En este marco, su portavoz, Susana Gaspar, anunció el ‘Estatuto del denunciante’, dentro del cual se establecería el “fondo de indemnidad al denunciante, con el que se pretenden sufragar los gastos que este debe soportar por la denuncia presentada, además de la protección y recuperación de caudales públicos”.
Gaspar deja claro que “tanto el fondo de indemnidad como los incentivos no salen de los presupuestos, sino del dinero que se recupera en los casos de corrupción y fraude”.
IU también trata el tema de los denunciantes dentro de sus 49 enmiendas, en concreto quieren “que cualquier persona pueda denunciar y que pueda ser de forma anónima”. Sugieren, de igual forma, que “las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones muy graves no puedan volver a ser nombradas ni miembros del Gobierno, ni altos cargos de la Administración autonómica”.
Los lobbies
Otro asunto recurrente es el de los lobbies. Podemos reclama que se ajuste el control de los mismos “a la realidad aragonesa”. Ciudadanos pide que se elabore un registro de lobbies e IU sugiere que los que no estén “previamente registrados no puedan entrar en contacto con las personas que conformen la Agencia que, además, deberán ser de reconocido prestigio en los temas relacionados con el objeto de esta ley”. Más allá va el PAR que, directamente, propone la supresión de los lobbies, ya que “en aquellas comunidades autónomas que los están aplicando no funcionan”.
Tendrá que hilar fino el Gobierno para elaborar una legislación definitiva que contenté al arco parlamentario. Podemos e IU, aunque con matices, están de acuerdo en las líneas básicas; PP y PAR critican con dureza la Agencia y Ciudadanos se queda en un terreno intermedio al calificar de “insuficiente” el actual Proyecto de Ley.
