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Podemos insta al PSOE a que retire de sus funciones al alcalde de Calanda (Teruel) tras ser imputado

La portavoz de Podemos, Maru Díaz.

ElDiarioAragón

La historia se repite. Hace justo una semana se conocía la noticia de la imputación del expresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) Antonio Arrufat por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudal público. Fue Pablo Echenique, en esa ocasión, el que se apresuró a pedir su dimisión. Esta, finalmente, llegó ayer.

Y ahora es el alcalde de Calanda (Teruel) el que está imputado. José Ramón Ibáñez declarará, el próximo día 13 en el Juzgado de Instrucción de Alcañiz (Teruel), por un presunto delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental y uno más de tráfico de influencias en relación a una adjudicación de obras en un polígono de la localidad turolense de la que es primer edil.

Esta vez le ha correspondido hablar a la portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz. Pero con una diferencia, en aras a respetar la presunción de inocencia, ha dicho, “pedimos que se le retire del ejercicio de sus funciones hasta que haya una sentencia judicial”. No es necesario, ha continuado, que dimita, simplemente “que deje de ejercer para que no pueda realizar las labores propias del cargo por el que ha sido imputado. Es separar los dos poderes”.

La portavoz ha recordado que el punto número dos del decálogo de investidura firmado entre ellos y el PSOE dice que, cualquier persona “en caso de imputación en el desempeño del cargo, será suspendido inmediatamente de sus funciones”.

Esta segunda imputación entre los socialistas turolenses, vislumbra, para Díaz, que quizás no sean solo unas manzanas y que puede que “el árbol esté más podrido” de lo que les gustaría. “Los aragoneses no se merecen una imputación por semana”, ha sentenciado.

La respuesta desde las filas del PSOE no se ha hecho esperar. José Ramón Morro y Diego Piñeiro, miembros del partido en Teruel, han anunciado que emprenderán acciones legales si la portavoz violeta no se “retracta de las declaraciones hechas”. “En política no todo vale”, ha asegurado Morro.

El origen de los hechos se sitúa en 2005. La primera investigación, llevada a cabo por la Fiscalía con el Grupo de Blanqueo de Capitales de Aragón, se produjo después de la denuncia presentada por una de las empresas adjudicatarias de una licitación de obras del Consistorio.

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