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ARAGÓN

El Tribunal de Contratos Públicos anula la municipalización de la limpieza viaria en Huesca

Asegura que es “contraria a la normativa de contratación pública”. Desde el Consistorio reiteran que se ha actuado dentro de la legalidad

El Tribunal ha atendido el recurso presentado por el PP y el equipo de gobierno ha insistido en el Pleno celebrado este jueves en que recurrirá por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Frente a las críticas de populares y Ciudadanos, Luis Arduña (Cambiar Huesca) recuerda que la resolución no es firme y que estos dos partidos son “el brazo ejecutor de las grandes empresas”

La remunicipalización de la limpieza viaria en Huesca: dos años de obstáculos que llegan a su fin

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El concejal de Remunicipalizaciones del Ayuntamiento de Huesca, Luis Arduña (Cambiar Huesca), segundo por la derecha.

El concejal de Remunicipalizaciones del Ayuntamiento de Huesca, Luis Arduña (Cambiar Huesca), segundo por la derecha. Miguel Barluenga / Huesca

Nunca un tribunal administrativo había anulado la decisión de un Ayuntamiento. Ha ocurrido en Huesca a raíz del proceso de remunicipalización de algunos servicios públicos. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) declaró ayer nula la encomienda de gestión de la limpieza viaria de la capital oscense a la empresa pública Gestión de Residuos Huesca (Grhusa) tras atender el recurso presentado por el portavoz popular en el Consistorio, Gerardo Oliván.

Había entrado en vigor el 1 de julio después de que los trabajadores de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se incorporasen a Grhusa, y una vez que el Consistorio, en el Pleno celebrado el pasado 31 de mayo, lo aprobase con los votos del equipo de gobierno compuesto por PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede.

El Tacpa señala en sus conclusiones que la encomienda es nula “por ser contraria a la normativa de contratación pública”. El Consistorio anunció minutos después de publicarse la sentencia que presentará un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y que solicitará al Tribunal la suspensión cautelar del acuerdo. Además, tiene pendiente en las próximas horas una reunión con los servicios jurídicos internos y externos y tratará la cuestión en una inminente mesa de portavoces. Dispone para defenderse de un plazo de dos meses durante el que deberá comunicar al Tacpa las actuaciones adoptadas, según recoge la sentencia.

Se garantiza la normalidad del servicio

Mientras se desarrollan los acontecimientos, el servicio de limpieza de la ciudad seguirá en manos de Grhusa con total normalidad, según ha confirmado el concejal de Remunicipalizaciones, Luis Arduña (Cambiar Huesca). La cuestión se ha abordado de nuevo en el Pleno que ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento y del que ha sido protagonista indiscutible. Ciudadanos ha planteado un recurso de reposición contra el acuerdo del 31 de mayo rechazado con los votos del equipo de gobierno y el único respaldo del Partido Popular.

Arduña mantiene que, “afortunadamente, nos encontramos en un estado de Derecho y cabe la vía del recurso. Hasta que no sea firme la resolución, quienes consideramos que la legalidad de lo hecho, avalada por los servicios municipales, es real la defenderemos. Hay una resolución de un tribunal administrativo y vamos a recurrir por la vía contencioso-administrativa”. El concejal de Remunicipalizaciones califica a PP y Ciudadanos como “el brazo ejecutor encargado de llevar adelante un conflicto en favor de los intereses de las grandes empresas. Nosotros defendemos los intereses generales de los trabajadores y los ciudadanos”.

Los informes jurídicos sostienen la remunicipalización

Le apoya el concejal socialista José María Romance. Ciudadanos presentó el recurso de reposición el 15 de junio y un informe municipal propuso días después su desestimación debido, entre otros motivos, a la aprobación previa por unanimidad y a la eficacia y medios materiales y personales con que Grhusa cuenta para haber relevado en estas funciones a FCC. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han velado en estos dos años por el desarrollo del proceso sin haber encontrado traba alguna.

Gerardo Oliván, por su parte, considera que el Tacpa da la razón al PP en su creencia de que el equipo de gobierno pretendía encubrir un contrato público sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad y colocar a los empleados de FCC en una empresa pública “por la puerta de atrás”. Oliván acusa a Luis Felipe de haber metido a la ciudad “en un lío monumental” y ha pedido al alcalde el cese de Luis Arduña y al secretario del Ayuntamiento, Vicente Sierra, que aclarase “cómo puede votarse una medida ilegal”. Sierra ha replicado que “el Tacpa es administrativo, no jurisdiccional, por lo que la resolución es susceptible de recurso. Si fuera ilegal, votar a sabiendas en contra de la ley sería un delito de prevaricación”.

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