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ARAGÓN

El Gobierno central insiste en atacar el blindaje de las ayudas sociales en Aragón

El Ejecutivo amenaza con llevar al Constitucional el veto a que esos pagos puedan ser embargados unas semanas después de que el tribunal levantar la suspensión

La Moncloa intenta tumbar por segunda vez las normas antidesahucios, cuya legalidad pone en duda el TC por sus efectos en el sistema bancario

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Rajoy transmite a Lambán el mensaje de tranquilidad que ha emitido el Grupo PSA

Javier Lambán y Mariano Rajoy. EFE

Erre que erre: el Gobierno central insiste en levantar el blindaje a las ayudas sociales incluido en la Ley de Emergencia aragonesa cuando todavía no han pasado tres meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) levantó el primer veto a ese precepto, que impide que los ingresos asistenciales puedan ser embargados en procesos judiciales o administrativos para pagar deudas.

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha comunicado al autonómico su intención de impugnar nueve artículos de la Ley de Emergencia entre los que, además de las medidas antidesahucios que el propio TC considera lesivas para el sistema financiero, se encuentran dos de los que definen el sistema aragonés de ayudas sociales.

Uno de esos artículos, que incluye entre las “prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales” las que gestionan las entidades locales, señala que estas tienen “carácter finalista” y “carecen de la consideración de subvenciones públicas”.

Necesidades básicas

El otro declara inembargables este tipo de ayudas cuando van dirigidas a “atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad, cuando ellos y las personas a su cargo carezcan de medios económicos suficientes”.

El listado veta específicamente la posibilidad de embargar las ayudas de urgencia, las de apoyo a la integración familiar, las becas de comedor y todas aquellas que atiendan necesidades básicas y obliga a las administraciones aragonesas a incluir “información clara sobre esta condición” en las resoluciones por las que se aprueben, que también deberán indicar “los mecanismos de reclamación existentes en caso de que se produzca su embargo” y advertir que la comunidad autónoma colaborará con los afectados en caso de que llegaran a darse.

El aviso de impugnación del Gobierno central abre un plazo de nueve meses en los que esas discrepancias pueden ser tratadas en la Comisión Bilateral entre la comunidad autónoma y el Estado, que en caso de desacuerdo llevará esos artículos ante el Constitucional. El mero hecho de ser recurridos desde la presidencia del Ejecutivo conlleva la suspensión de su vigencia durante cinco meses.

Genérico, hipotético y sin sustento

Resulta llamativo que el Gobierno central haya anunciado la impugnación del blindaje de las ayudas sociales antes de que hubieran pasado dos meses desde que, el 31 de enero, el pleno del TC decidió por unanimidad levantar la primera suspensión de un precepto similar incluido en el decreto de Emergencia que el ejecutivo autonómico aprobó en diciembre de 2015, y cuya tramitación parlamentaria dio lugar a la actual ley.

La Abogacía del Estado sostiene que una medida de ese tipo provoca inseguridad jurídica precisamente a las personas cuyas ayudas protege, ya que, si su recurso prospera, se verían obligados a devolver entonces una parte de las ayudas que alguien pretendiera embargarles por deudas anteriores, “lo que produciría graves y evidentes perjuicios económicos en personas que se encuentran ya en grave riesgo de exclusión social”.

El TC rechazó esa argumentación al estimar que “no pasa de ser una alegación genérica e hipotética”, además de “carente de un mínimo de sustento argumental sobre la certeza, efectividad y alcance de esos hipotéticos perjuicios” de “difícil reparación”.

Desvirtuar las políticas sociales

Tanto el decreto como la ley sostienen que la posibilidad de que las ayudas sociales puedan ser embargadas “desvirtúa por completo su carácter finalista” y puede llegar a provocar que un “esfuerzo presupuestario y financiero público, de carácter netamente social, termine cubriendo finalidades distintas que no son objeto de atención por las citadas ayudas”.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, propuso en uno de sus informes al Gobierno autonómico que dejara de tramitar las ayudas sociales a través de bancos que cobran comisiones por la gestión de sus cuentas a quienes las reciban y que utilizan esos fondos para compensar deudas pendientes de sus beneficiarios.

Esas ayudas suponen más de 110 millones de euros al año solo en fondos de Dependencia y en el salario social del IAI, a las que a finales de este año o principios del próximo se sumará la renta social básica.

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