La tragedia de Iguala (México) llega a las calles de España
La desaparición de 43 estudiantes mexicanos el pasado mes de septiembre fue la gota que colmó el vaso en un país que, desde 2006, registra más de 100.000 muertes y 14 asesinatos diarios como consecuencia de la corrupción, la violencia y la guerra entre los cárteles de la droga.
El apoyo a las familias de los jóvenes desaparecidos dio la vuelta al mundo con el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Desde abril, una caravana, compuesta por un estudiante que sobrevivió a la tragedia, el padre de un desaparecido y un abogado defensor de los derechos humanos, viaja por Europa pidiendo el respaldo de la sociedad civil y demandando responsabilidades a la comunidad internacional.
Tras visitar ocho de los trece países europeos programados, tres integrantes de la Eurocaravana 43 aterrizaron esta semana en Zaragoza, su primer destino en el Estado español, donde advirtieron de que “Europa tiene una gran responsabilidad en lograr que el Gobierno de México presente con vida a las estudiantes, porque su aparición tiene que ser más importante que el éxito de sus inversiones”.
Román Hernández, abogado e integrante de la caravana, pidió que el delito se tipifique como desaparición forzada -lo que implica reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad- y que se abran nuevas líneas de investigación en el Ejército“.
El siguiente paso, boicotear las elecciones federales
Omar García es un estudiante que sobrevivió a la tragedia. Según relató, los motivos que hicieron romper el cerco mediático en este caso fueron que “las escuelas de estudiantes normalistas están organizadas, tienen una fuerte estructura con vínculos en el exterior, por lo que rápidamente se comunicó lo sucedido”. Pero si algo fue determinante, subrayó, “es que la relación entre el Gobierno y el narcotráfico fue muy evidente”.
El 27 de enero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio la versión oficial de los hechos. Dijo que los 43 jóvenes fueron secuestrados, asesinados, incinerados y finalmente arrojados al río por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. “El Gobierno encontró la manera perfecta de calmar los corazones de muchos dando esta respuesta mediante una conferencia televisada con música de telenovela de fondo”, relató el letrado. En parte, “esto hizo que las movilizaciones en la calle descendieran, pero no lograron sofocar la reivindicación”.
Ahora, el epicentro ha regresado a la región de Guerrero, donde se han focalizado los esfuerzos en las próximas elecciones federales convocadas para el 7 de junio. La evidencia, dice Hernández, “de que existen vínculos fuertes entre el crimen organizado y los tres niveles de gobierno ha hecho que los movimientos sociales iniciaran un boicot”.
“Frente a esta realidad, no hay condiciones para realizar las elecciones, en tanto que no se garantiza que el crimen organizado no está vinculado con los partidos políticos, porque sería tanto como votar por los Guerreros Unidos o por otro cartel. Nos están poniendo a elegir entre capos de la delincuencia organizada”, sentenció el abogado.
“Si aceptamos su dinero, estamos vendiendo a nuestros hijos”
Uno de los estudiantes desaparecidos, y alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (más conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa) es Mauricio Ortega Valerio. Este centro es uno de los pocos espacios en los que pueden estudiar hijos de campesinos, que se forman para luego ser maestros de comunidades rurales.
El padre de Mauricio, Eleucadio Ortega, criticó la actuación del Ejecutivo porque “ha transformado Guerrero en un estado de guerra, llenándolo de policías y federales que lo único que hacen es intimidarnos”. El campesino denunció que la Administración intenta dividir a las familias ofreciéndoles dinero. “Creen que no pensamos, que somos muy burros, pero no, estamos en pie de lucha, si aceptamos su dinero, estamos vendiendo a nuestros hijos”, afirmó.
Aunque el próximo paso sea el boicot electoral, los miembros de la caravana aseguraron que “la búsqueda en vida de los desaparecidos sigue siendo la demanda más importante, porque el Estado los buscó muertos y así nos los quiere entregar”.
“Somos víctimas, pero no somos de las que andan llorando, unas víctimas que se han levantado con voz fuerte y digna a decir ya basta, tenemos toda la autoridad moral para decirle a toda la comunidad internacional que fijen su mirada en esto y se responsabilicen” apostilló Omar García.
