Confirme a lo previsto desde hace ya muchas semanas, el otoño ha entrado caliente -en lo meteorológico y sobre todo en lo político- no sólo en Catalunya, estos últimos días de nuevo agitada, sino también y sobre todo en Madrid. En el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Palacio de la Moncloa, en las sedes centrales de los principales partidos. El mapa político nacional, que sufrió una primera sacudida sideral en las elecciones de diciembre de 2015, con el fin del bipartidismo y la eclosión de dos nuevos y pujantes partidos nacionales, Podemos y Ciudadanos, y una última este mayo pasado, con el desalojo del poder central del PP, aún está buscando su nueva configuración, su asiento.
El nuevo tiempo ha traído dos evidencias. Una, la del final de las mayorías absolutas y la necesidad continua o de pactos permanentes o de acuerdos ocasionales para los que muchas de las veces se necesitan al menos tres jugadores alineados. Otra, la de la mala proporcionalidad, la deficiente transformación del voto popular de los ciudadanos en escaños en los plenos de las Cámaras, y la muy deficiente en sus órganos de gobiernos.
Los datos son contundentes. Resultados de las elecciones generales de 2016, en las que se basa la actual legislatura. Con el 33,03% del voto popular, el PP logra 137 escaños, el 39,1% del total del Congreso. Seis puntos porcentuales por encima en diputados que en votos. El PSOE, con el 22,66% de los votos, obtiene 85 escaños, el 24,2% del total. Más de un punto y medio por encima. Unidos Podemos, con el 21,1% de los votos, 71 escaños, el 20,2%, casi un punto porcentual por debajo. Ciudadanos, con el 13,05% de los votos, 32 escaños, el 9,1% de los asientos, casi cuatro puntos menos. El partido de Albert Rivera es aquí el principal perjudicado, y se queja con razón.
Pero las desviaciones son aún peores en la Mesa del Congreso que se elige tras el pacto entre PP y Ciudadanos para que gobierne Mariano Rajoy. De sus nueve componentes, el PP tiene tres (el 33,33%, casi como en sus votos populares), el PSOE dos (el 22,2% del total, también porcentaje similar al de sus votos en las urnas), Unidos Podemos otros dos (el 22,2%, un poco más de su porcentaje de votos) y Ciudadanos, atención, otros dos: el 22,2% de la Mesa del Congreso pese a que en las elecciones sólo logró el 13,05% de los votos. Aquí, el partido naranja es el gran beneficiado, y ahora calla.
La enorme desviación de la proporcionalidad sería poco más que anecdótica si la Mesa del Congreso de los Diputados se dedicara a resolver cuestiones técnicas o institucionales, como por lo general venía haciendo hasta ahora. Pero se convierte en sustancial cuando -como ocurrió la semana pasada- esa mayoría desproporcionada se utiliza para bloquear tanto al Ejecutivo como al Legislativo, pues al primero se le impide que gobierne y al segundo que legisle y ejerza su labor en un asunto fundamental: los Presupuestos. Dos partidos -PP y Ciudadanos- que sumaron el 46,3% de los votos populares en las elecciones de junio de 2016 y que en el Congreso suman 169 diputados impiden ahora que un presidente que llegó a la Moncloa hace cuatro meses con el apoyo de 180 diputados -la mitad más cinco del total- pueda ni siquiera someter a debate en la Cámara Baja la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria -para quitarle al Senado un poder que no está en la Constitución y que no tenía hasta que se lo dio Rajoy en 2012- o tramitar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Presupuestos, por cierto, que permitirían disponer de 6.000 millones de euros más para dinamizar la economía y paliar la desigualdad con la que estamos saliendo de la crisis.
Quizás exageren un tanto el Gobierno y el PSOE al denunciar la “cacería” y el “acoso brutal” a los que estarían siendo sometidos el presidente Pedro Sánchez y sus ministros por parte de PP y Ciudadanos. Pero probablemente también estén estos dos últimos exagerando -y mucho más- su celo opositor al impedir al Gobierno gobernar y al Congreso legislar. Enfrascados en su pugna por ver quién es la formación hegemónica en la derecha, tanto el partido de Pablo Casado como la formación de Albert Rivera parecen haber decidido competir no por quién hace una mejor propuesta de país a su parroquia ideológica o a la ciudadanía en general sino por ver quién deteriora más al Ejecutivo de Pedro Sánchez y quién se apunta el tanto de tumbarlo.
Curiosamente, son los mismos partidos que hace apenas dos años, cuando estaban uno en el poder y otro apoyándolo, pontificaban al resto de las formaciones, y especialmente al PSOE, sobre el presunto bien superior que suponía para España el aprobar unos Presupuestos, en aquel entonces los restrictivos de Mariano Rajoy. En el fondo del asunto, da la impresión de que ni PP ni Ciudadanos creen legítimo al presidente ni al Gobierno salidos de la moción de censura de mayo pasado ni consideran igual de válidos que los suyos algunos de los escaños que apoyaron a Sánchez.
Demasiadas veces en nuestra historia, los representantes de la derecha sólo han considerado legítimo el poder cuando estaba en sus manos. Seguir hoy en esas da entre pena y miedo.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
