El PNV sigue aguantando el tirón de lo que ocurre en Catalunya, ahora incluso que el presidente Carles Puigdemont ha asegura que, tras la jornada electoral vivida este domingo y sin conocer los resultados, ha avanzado que esta comunidad "se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente en forma de República". "No vamos a romper la relación con nadie", incluido el presidente Mariano Rajoy. Esta es la afirmación realizada por la líder de los peneuvistas en Bizkaia, Itxaso Atutxa, y que cuenta con el apoyo del máximo dirigente del PNV, Andoni Ortuzar.

El PNV mantendrá "canales de diálogo" con Rajoy, pese a su "crítica y rechazo a lo que está haciendo" con Cataluña, con el fin de tratar de encontrar "una solución al problema vasco y catalán". En el PNV no dan crédito a la declaración realizada por el presidente español tras la graves sucesos en relación con la seguridad ocurridos este domingo en las calles de Barcelona y en algunos colegios electorales por la "desproporcionada" actuación de la Policía y de la Guardia Civil.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, reitera en un mensaje colgado en las redes sociales que los "incidentes" que se están viviendo en la jornada de votación " ahondan en el riesgo de fractura social que he venido denunciando hasta ahora".

"Hago un llamamiento a que no nos conduzcamos al precipicio, a evitar durante el día hoy situaciones traumáticas que hagan todavía más inviable transitar, a partir de mañana, el cauce de diálogo que esta situación necesita imperiosamente", ha apuntado.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, la víspera del referéndum ilegal del 1-O en Catalunya, ha reiterado que sin ley no hay salida para la crisis catalana, pero tampoco sin política. La que ha echado en falta en todos estos años en el Gobierno del Partido Popular (PP). Durante el acto de apertura del VIII Congreso del PSE-EE, Sánchez ha negado que su partido se mueva en la equidistancia ante el desafío de los independentistas catalanes. "Nosotros estamos con el Estado a pesar de este Gobierno", en alusión a Mariano Rajoy, al que ha vuelto a achacar el crecimiento del independentismo por no haber encarado, desde la política, este asunto en los últimos seis años. 

"En Catalunya, no hay salida sin ley, pero tampoco sin política", ha afirmado rotundo entre aplausos Sánchez, y le ha recordado a Rajoy que si solo fuera un asunto de leyes, este país lo gobernarían los jueces.

Los socialistas vascos llegan a su VIII Congreso en un momento crucial y su líder arranca un segundo mandato en el que debe compaginar la decisión política tomada hace ya más de dos años de pactar en todas las instituciones con el PNV con la idea plasmada en  su ponencia política de "asumir el liderazgo de los progresistas de este país", "abriendo la puerta de la casa común de la izquierda".  

"El espacio común", se puede leer en la ponencia política de 38 páginas, "donde siempre se encontraron, donde siempre nos encontraremos, las gentes progresistas del país. Hoy el PSE-EE quiere volver a sumar a quienes respiran el mismo anhelo de igualdad, justicia social, solidaridad, pluralidad y libertad".

La maquinaria de la justicia para investigar el bombardeo de Durango de marzo de 1937 se pone en marcha este 3 de octubre. La jueza que instruye la querella presentada por el Ayuntamiento ha convocado a las 12 horas de ese día a la alcaldesa, la peneuvista Aitziber Irigoras, en representación de los grupos memorialistas y populares y de la propia corporación municipal, para que se ratifique en la querella por el bombardeo de la villa. La querella está dirigida contra  46 miembros de la aviación italiana de la época.

El pasado 20 de julio, el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango  se consideró competente para la instrucción de la causa y consideró que los hechos relatados en la querella "presentan los caracteres de un delito de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito contras las personas y bienes protegidos en caso de conflicto".

La estrategia de internacionalización Basque country -uno de los buques insignia del Ejecutivo del lehendakari, Íñigo Urkullu, en su política de situar de manera óptima a las empresas vascas en el mundo globalizado- ha cosechado un sonoro suspenso por parte de las ONG de cooperación al desarrollo. Un informe encargado por l a Coordinadora de ONGD al Observatorio de Multinacionales en América Latina concluye que, frente a la "retórica" empleada por el lehendakari en su declaración de 2016 sobre la coherencia de políticas para el desarrollo en el País Vasco, en la práctica esa política deja fuera elementos clave como los derechos humanos o criterios laborales o ecológicos.

"El único interés es la maximización de beneficios de las empresas, no colaborar a un desarrollo sostenible", han denunciado los responsables de la investigación Gonzalo Fernández y Gorka Martija, portavoces del Observatorio de Multinacionales de América Latina (Paz con Dignidad-OMAL). La política de internacionalización empresarial, base de la marca Basque country, prima variables excluvivamente técnicas y empresariales y se "rige por la competitividad y la captura de nuevos mercados, sin coherencia con los compromisos asumidos en torno al desarrollo humano y a la sostenibilidad", censuran en el informe.

Cuando parecía que el nivel del agua había llegado prácticamente a tapar la nariz de los actuales gestores de La Naval -tras el enésimo cambio en el Consejo de Administración acordado por los socios mayoritarios Ingeteam y Astilleros Murueta-, alguien se dedica a seguir echando más líquido a la comprometidísima situación del astillero sestaoarra. Que un armador neerlandés  decida, a las bravas, intentar llevarse de las gradas del astillero uno de los cuatro buques (precisamente el buque cablero 'Living Stone', que prácticamente está finalizado) con unos remolcadores de altura revela el grado de deterioro al que ha llegado la situación.

Es solo uno de los espejos donde se mira ahora mismo La Naval. Otro es el enfrentamiento, que se prolonga ya en el tiempo, entre los actuales gestores del astillero -controlado por los accionistas mayoritarios Ingeteam y Astilleros Murueta- y los socios minoritarios de CNN-La Naval. Es una lucha sin cuartel en donde se ventilan viejas rencillas y odios atávicos.

El grupo Ingeteam, uno de los dos accionistas mayoritarios de La Naval, junto a Astilleros Murueta, ha negado que la firma "se haya enriquecido" utilizando su posición en el consejo para suministrar equipamientos al astillero y obtener "ventajas" como proveedores. "Ingeteam no ha saqueado La Naval". afirman fuentes de esta empresa puntera que ha sido una de las empresas suministradoras del astillero de equipamiento y material eléctrico para la construcción de los buques.

La firma ha calificado de "absolutamente falsas" y "carentes de todo fundamento" las "intoxicaciones" vertidas por uno de los socios minoritarios del astillero (Iniciativas Navales del Norte, José Luis Álvarez , Manuel Iturrate y el exministro de Defensa Pedro Morenés), sociedad que posee alrededor del 12% del accionariado y que ha llevado a los tribunales a los responsables de los diferentes consejos de Administración de La Naval. Y en todo caso, y pese a la acumulación de pérdidas -de manera vertiginosa en el último ejercicio, cuando La Naval perdió 79,5 millones de euros- Ingeteam considera que "la Administración del astillero ha actuado de forma diligente y como mejor ha sabido en cada momento".

El portavoz del Gobierno vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha reclamado al Gobierno central las 37 competencias pendientes que transferir a Euskadi y le ha acusado de "incumplir la Ley", de tener "una deuda histórica de Euskadi" y de "ningunear la singularidad histórico-política de Euskadi".

De las 37 transferencias incluidas en el informe, que será trasladado este mismo viernes a la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, hay seis de nuevo cuño. Una de ellas es la de Inmigración. El Ejecutivo vasco entiende " necesario dotarse de nuevos instrumentos para recibir, en condiciones dignas, a las personas integrantes de los nuevos movimientos migratorios, y para ofrecer a quienes han emigrado, condiciones dignas de regreso. Por ello, reclama asumir, al margen de las actuaciones ejecutivas en materia de extranjería, todas las actuaciones administrativas relacionadas con sanidad, bienestar social, desarrollo comunitario y trabajo".