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Álvaro García Ortiz

Fiscal. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 

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Transparencia, motivación y control público... sí, también en la Fiscalía

La corrupción en España, y no solo en España, invade nuestras vidas, las portadas de nuestros periódicos y los medios de comunicación. Es un virus global, un efecto contagioso, un fantasma que recorre el mundo en alusión a las primeras palabras del Manifiesto comunista. El fenómeno de la corrupción va mas allá de los países y de los gobiernos. El mercado, la globalización, el crecimiento y el lucro como parámetros de la civilización occidental acentúan la sensación de que todo se desarrolla en una dialéctica entre la honradez y el descaro del aprovechamiento de lo público, entre la probidad y la duda de si la honestidad tiene un precio.

Alrededor de los partidos políticos, en el ejercicio del poder se suceden desde hace años escándalos de corrupción. En España, quizá por la necesidad de fortalecer las formaciones políticas en una democracia que en su tiempo fue joven, y carecía de unos partidos estructurados y sólidos, las formas paralegales o directamente delictivas de financiación fueron y son casi una evidencia. Sin duda, en el convencimiento y la aceptación, incluso social, de que las urnas legitimaban cada cuatro años conductas reprobables pero banalizadas por la falta de consecuencias de reproche social o jurídico, por la ausencia de controles… En definitiva, por la falta de castigo, o por la inacción de la justicia, unas veces inducida, otras veces provocada por sus protagonistas y las circunstancias.

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Justicia y gaseosa

Nuestra ley de enjuiciamiento criminal es casi tan antigua como algunas de las primeras bebidas gaseosas, Fioravanti (1878), concretamente se promulgó mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

En su esencia, esta ley define el modelo procesal español y pese a haber sido objeto de numerosas reformas y parches, continúa vigente el viejo esquema que ha visto pasar mas de dos cambios de siglo. Desde hace tiempo la práctica totalidad de los operadores jurídico-penales venimos reclamando la transformación de ese modelo en otro que otorgue al fiscal, siempre con las necesarias garantías, la investigación de los procedimientos, y que  reserve a los jueces el papel que le reconoce la Constitución juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Esta norma, una de las fundamentales  leyes que vertebran el sistema de nuestra democracia, no ha sido modificada y adaptada todavía al sentido de los tiempos. Es la asignatura legislativa pendiente de nuestra democracia.

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