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Antonio González González

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Director General del Gabinete del Ministro de Trabajo e Immigración (2010-2011) y Vocal Asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (2008-2010). Fue Secretario General de Empleo entre 2006 y 2008.

Miembro de Economistas Frente a la Crisis.

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La sostenibilidad de las pensiones públicas

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. Como primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

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Ciudadanos: atrapados por el contrato único

A Ciudadanos le pasa lo mismo que a otras nuevas fuerzas políticas: quieren a toda costa parecer nuevas, tener caras nuevas y nuevas ideas. Y no cabe reprochárselo, a la vista de las preferencias de los electores, y de que las formaciones tradicionales de la política española parecen empeñadas en aparecer como viejas y caducas. Pero lo importante de las ideas no es que sean nuevas, sino que sean buenas. Y Ciudadanos ha “comprado” –como muestra de su bisoñez, quizá- una mala idea.

El “contrato único” o “contrato para la igualdad de oportunidades” se basa en premisas erróneas. La propuesta consiste en que no haya más que un contrato de trabajo igual para todos, como si todos los trabajos fueran iguales y todos los trabajadores fueran a ser tratados por igual en las empresas por el hecho de tener un mismo contrato. No se dejen engañar: aunque les ofrezcan un mismo contrato, no van a obtener una misma consideración ni estabilidad en el empleo si a la empresa no le interesa. Al contrario, con el contrato único muchos más trabajadores pueden ser más precarios aún, y ya es decir, porque lleva aparejada la reducción de las indemnizaciones por despido. Y si no fuera así, que lo desmientan. Por eso señaladas instituciones internacionales y economistas poco proclives a reforzar los derechos de los trabajadores, apoyan decididamente el contrato único. Con la ventaja de que, aunque no reduciría la dualidad, sí que la encubriría, dado que desaparecerían de las estadísticas las diferencias entre temporales e indefinidos: todos parecerían iguales.

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Lo que van a perder las pensiones

Hace unas semanas, la  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó un informe sobre la “determinación del índice de revalorización de las pensiones” en 2015. En él se ofrecen datos interesantes que ponen de manifiesto la entidad de los cambios introducidos el pasado año en nuestro sistema público de pensiones y que lo convierten en una excepción en la UE. Uno de los aspectos destacados de la Ley 23/2013 fue la modificación del mecanismo de revalorización anual de las pensiones. La vinculación a la evolución de los precios, es decir, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, fue sustituida por una fórmula que condiciona ese incremento anual de las pensiones a la situación financiera de la Seguridad Social: si las cuentas lo permiten se produce la revalorización –con un tope del 0,5% por encima del IPC en el mejor de los casos–, mientras que en otro caso únicamente se garantiza un incremento del 0,25%, una (casi) congelación que normalmente –2014 ha sido una anomalía excepcional–implicará pérdida de poder adquisitivo.

Quizá sea la complejidad técnica del nuevo índice de revalorización lo que explica la escasa polémica que su introducción y puesta en marcha ha suscitado. Lo cierto es que con este sistema España no respeta la línea roja que para el resto de países europeos supone el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De esta forma parece evidente la drástica devaluación que ha sufrido el derecho constitucional a la actualización de las pensiones (art. 50): se reconocerá si la situación económica es favorable y se denegará en coyunturas de crisis. Esta es la nueva y devaluada configuración de los “derechos” sociales, denunciada por la profesora Casas Baamonde, ex presidenta del Tribunal Constitucional.

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Las pensiones públicas, víctimas del 'austericidio'

La Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió a Bruselas hace pocas semanas cuantifica el recorte sufrido por el sistema público de pensiones tras la reforma de 2013. Hay que lamentar que esa estimación no fuera recogida en la memoria económica de la Ley 23/2013, sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización; ni tampoco en el informe del comité de expertos que sirvió de base para esa regulación. Parece lógico pensar que un cambio de tanta envergadura, como veremos, debería haber llevado consigo un ejercicio de transparencia equivalente. A esta primera crítica se añade que la reforma fuera impuesta unilateralmente por el Partido Popular, sin diálogo ni apoyo del resto de fuerzas políticas e interlocutores sociales.

Gráfico 1: Proyecciones 2010-2060 del gasto asociado a envejecimiento (en % del PIB)

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El factor de sostenibilidad: una propuesta innecesaria, inadecuada e inaceptable

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas Rojas

Tiempo habrá en las próximas semanas para analizar con detalle la propuesta del “Comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, su contenido y sus implicaciones. Pero se hace necesario ya al menos dar una respuesta clara a las tres preguntas que los propios expertos plantean en un ejercicio de retórica, más que de pedagogía, en las últimas páginas de su Informe.

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