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Baltasar Garzón

Juez, abogado, director del despacho jurídico ILOCAD SL., con sede en Madrid (España). Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro Derechos Humanos y jurisdicción universal, con sede en Madrid, con programas en desarrollo en España, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México. Coordinador de la Veeduría Internacional de la reforma de la función judicial en Ecuador (pro bono). Asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Miembro del Comité de prevención de la tortura del consejo de Europa en 2011-2012. Asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (2011-2012). Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Argentina. Presidente y director ejecutivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de Argentina.

Autor de 7 libros y múltiples artículos y ensayos. Coopera con el departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Washington de Seattle (EE. UU.). Doctor Honoris Causa por más de 25 universidades de todo el mundo. Miembro de diferentes organizaciones humanitarias y centros de Derechos Humanos y de mediación en conflictos, dentro y fuera de España.

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La hora del Tribunal Supremo

Nuestro país, España, está viviendo tiempos muy extraños. Los dos últimos meses han sido especialmente intensos y contradictorios. Las sensaciones y vivencias han formado una especie de simbiosis que se retroalimenta en un bucle invisible impidiéndonos salir del impasse producido por la incompetencia y la intransigencia de muchos y la desesperación de los demás.

Los momentos se suceden vertiginosamente con una cadencia difícil de digerir y ni tan siquiera de comprender. Hemos pasado de la euforia independentista del Govern y quienes le apoyaban en esa deriva y el mutismo del ejecutivo español frente a la misma, sin escenarios de diálogo político ni capacidad de comunicación democrática, al dominio total de la escena preelectoral por la Fiscalía General del Estado como un apéndice del Gobierno, sustituyendo a la Abogacía del Estado en este cometido.

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Homenaje a Cataluña

“Pero prefiero ser extranjero en España y no en ningún en otro país”

“En la Central Telefónica habían arriado la bandera anarquista y sólo flameaba el estandarte catalán. Ello significaba la derrota definitiva de los trabajadores”.

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Carta a Jaume Asens: De las verdades a medias

Estimado colega. Leo  un artículo suyo en eldiario.es en que se refiere a otro  mío  publicado el día 31 de julio pasado en la Vanguardia y considero necesario precisar algunas de las afirmaciones que realiza. Me referiré al ámbito jurídico aspecto que ambos compartimos, ya que no el político que  representa desde su cargo en el consistorio barcelonés.

Observo pues en el texto una serie de aspectos que debo matizar. Las menciones que realiza al Tribunal Europeo de Derechos (TEDH) en relación a las presuntas torturas y malos tratos policiales a presuntos miembros de Terra Lliure, en 1992, no son correctas. El Tribunal sentenció que no se constató, ni acreditó que se hubieran producido esas prácticas y que las denuncias no fueron suficientemente investigadas por la instancia judicial en que así debería haberse realizado, no que el juez de la Audiencia Nacional –es decir yo como titular del Juzgado Central de Instrucción 5– hubiera dejado de investigar. En ese sentido, como imagino habrá analizado, no se realiza reproche a mi gestión.

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¿A cambio de qué renunciamos a la jurisdicción universal?

“La soberanía nacional reside en el pueblo español”, lo dice nuestra Constitución, también señala que de éste, del pueblo, emanan todos los poderes del Estado. Resulta que la jurisdicción, entendida como facultad o potestad de juzgar, es una de las expresiones de la soberanía nacional. Por eso cuando esta se limita lo tiene que ser por razones de imperiosa necesidad y además precisa de un amplio consenso entre los representantes del pueblo, y requiere de una transparente explicación. En 1985 se aprobó una ley por la que se ampliaba el ámbito de la jurisdicción española a base del principio de persecución universal para determinados delitos de extraordinaria gravedad (crímenes de genocidio, guerra, contra la humanidad y delitos referidos al núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional como el terrorismo y el narcotráfico) porque, tal como dice la jurisprudencia española, era necesario su reconocimiento “para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales”. Fue, precisamente, esa ley, la que permitió que se iniciaran en nuestro país los procedimientos penales para investigar crímenes de genocidio, torturas, lesa humanidad y de guerra en defensa de miles de víctimas y contra quienes desde el poder habían violentado la confianza de sus ciudadanos y habían quebrantando el mandato constitucional de protegerlos en sus países de origen. Crímenes masivos perpetrados por los represores argentinos y chilenos durante la dictadura de las Juntas Militares y Pinochet, respectivamente; crímenes impunes por las leyes de perdón y obediencia debida que habían dejado miles de hombres y mujeres desaparecidos, muertos, torturados sin medida, niños robados y decenas de miles de exiliados con la aquiescencia de países como Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mantos de la doctrina de la llamada “Seguridad Nacional” propagada por la Escuela de las Américas. Fueron las decisiones de jueces comprometidos y valientes los que en 1998 decidieron que la jurisdicción española, no podía permanecer silente ante tanto atropello e indiferencia; fueron momentos en los que el Tribunal Constitucional dio la talla al acoger el principio de jurisdicción universal puro, como mecanismo imprescindible para luchar contra la impunidad y ofrecer una protección integral a las víctimas. Los llamados “Juicios de Madrid”, impactaron al mundo del derecho y de los derechos humanos. Por fin, la Justicia, escribía su historia con letras mayúsculas, por encima de intereses políticos, diplomáticos y económicos. El Poder Judicial, se elevo al nivel constitucional que tiene encomendado, enfrentándose al poder arbitrario y criminal de quienes masacraron a miles de víctimas. Estas, encontraron e la justicia la reparación tantas veces negada por las instituciones. Parecía que la civilización se imponía frente a la barbarie. Esta situación se extendió y prendió en muchos países y sobre todo, transmitió un contundente mensaje frente a quienes no ponían más límite que el de su voluntad en el ejercicio de la violencia y el poder.

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