José Luis Olivas, expresidente de la Generalidad Valenciana y exdirigente de Bancaja, tiene muchas explicaciones que dar. Por ahora, la Audiencia Nacional ya ha recogido su testimonio ante el fiasco de la salida a bolsa de Bankia, pero el político del Partido Popular aún se tendrá que enfrentar a lo tribunales por vaciar el Banco de Valencia, una entidad que según el ministro de Economía, Luis de Guindos, es el resumen "de todas las cosas mal hechas" de este país. A la espera de rendir cuentas por este caso, Olivas declaró ya sobre su implicación en las misteriosas cuentas de Bankia, la sociedad matriz que absorbió Bancaja, que pasaron en unos días de arrojar beneficios a dar pérdidas y sobre la decisión de sacar a bolsa la entidad. Como otros protagonistas llamados a declarar en este caso, Olivas le ha echó toda la culpa al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Un paso más allá, Olivas le insinuó al juez durante la declaración que el gobernador prácticamente le había coaccionado, por medio a represalias en el ejercicio de la supervisión, para fusionar Bancaja con Caja Madrid. En su declaración, el exresponsable de Bancaja deja entrever que la entidad no tenía problemas y que estos afloraron tras el proces de integración. Olivas, explica también su relación con Rodrigo Rato, con sus "momentos mejores y peores" y reconoce ante el tribunal que en 2011 cobró 656.000 euros en el desempeño de sus tres cargos en la entidad. Esta es la transcripción íntegra de su declaración.

Fiscal.- ¿Nos puede decir cuál es su formación académica?

José Luis Olivas.-  Soy abogado, aunque ahora no ejerzo, y he ocupado diversos cargos. Por ejemplo he sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, vicepresidente, presidente de la Generalitat, presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, presidente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presidente del Instituto Valenciano de Estadística y he sido también presidente de Bancaja y consejero de algunas empresas que cotizan en el Ibex35.

La magistrada Clara Bayarri ha emitido un voto particular al fallo de sus compañeros de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que ha dado al juez Pablo Ruz la competencia de los ‘papeles de Bárcenas’, en el que asegura que la decisión “redunda en un seguro entorpecimiento y obstrucción a una ágil conclusión” de la causa. La jueza discrepante sostiene que la acumulación de distintos procedimientos en uno solo es “la excepción en nuestro derecho”.

Bayarri argumenta también que no es razonable que el Partido Popular (PP) esté personado como acusación en el ‘caso Gürtel’ contra Francisco Correa, cerebro de la trama, y sea al mismo tiempo querellado por los ‘papeles de Bárcenas’ en la misma causa. Una circunstancia, dice, que es rechazada mayoritariamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS).

La magistrada recuerda en su voto particular que las acusaciones pretendieron durante varios meses que el juez Pablo Ruz se hiciera cargo de la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’, y que el instructor la rechazó al estimar que los hechos no guardaban relación con la trama Gürtel que instruía. También se opuso a la acumulación la fiscalía, que incluso llegó a plantear que no se admitieran a trámite.

Menos de una hora ha tardado la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional en conceder al magistrado Pablo Ruz la competencia sobre los 'papeles de Bárcenas' y apartar a su compañero Gómez-Bermúdez, que se hizo inicialmente cargo de la investigación al corresponderle por turno la querella presentada por IU y otros para que investigara la presunta financiación ilegal del PP. No ha habido unanimidad en la decisión. El resultado ha sido de dos a uno, con voto particular de la magistrada Clara Bayarri.

A lo largo de las tres horas de vista, las defensas de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta dieron una vuelta de tuerca al debate al reclamar la competencia de la investigación para el juzgado de instrucción nº 30 y no para la Audiencia Nacional (AN), donde los magistrados Pablo Ruz, titular del central nº 5, y Javier Gómez Bermúdez, del nº 3, han librado una batalla por hacerse cargo de ella.

La supuesta contabilidad B del PP recogida en los 'papeles de Bárcenas' recoge donaciones de empresarios a cambio de la presunta concesión de obras públicas a sus empresas, y el reparto de una parte de ese dinero en sobresueldos para altos cargos del partido. Eva Tomás, letrada de Bárcenas, ha afirmado que los papeles desvelados por el diario El País son falsos, pero que aún en el caso de que fueran ciertos los sobresueldos, lo único que demostrarían sería la comisión de un delito contra la Hacienda pública al no haberse efectuado la retención del IRPF, y que en ese caso la competencia no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla, y más concretamente del 30, que fue el que instruyó las primeras diligencias tras la denuncia presentada en su día por Manos Limpias. En este supuesto, sólo los delitos contra Hacienda cometidos en 2007 y 2008 no habrían prescrito.

El PP ya tiene imputados por blanqueo de capitales a los que fueron sus tres tesoreros hasta que estalló el escándalo de la trama Gürtel. El juez Pablo Ruz dio ayer un paso más y en un auto conocido hoy acusa a Angel Sanchis (extesorero de Alianza Popular e implicado en el llamado 'caso Naseir') de haber ayudado a Luis Bárcenas a ocultar la fortuna que tenía en bancos suizos. Junto a ambos está igualmente imputado Álvaro Lapuerta, de 85 años de edad, que ya declaró en la Audiencia Nacional el pasado viernes 22.

Sanchis ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 10 de abril.

El magistrado dice en su auto que Sanchis contactó con los bancos en los que Bárcenas llegó a ocultar hasta 38 millones de euros para transferir sus fondos a una cuenta de la sociedad Brixco S.A. en el HSBC Bank USA en Estados Unidos, que el juez ha acordado bloquear junto a todos sus activos financieros. De acuerdo con la documentación remitida por las autoridades estadounidenses, el saldo de Brixco en el citado banco dismunutó en 100.000 dólares la semana pasada. Brixco es una empresa uruguaya que gestiona las exportaciones de limones que produce la finca La Moraleja (Argentina), propiedad de Sanchis, que niega tener otra relación con ella más allá de la comercial. El extesorero reconoció fechas atrás a eldiario.es que puso en contacto a Bárcenas con Brixco porque la compañía necesitaba dinero y su compañero de partido se lo prestó.

Sanchis visitó el banco en el que Bárcenas ocultaba su dinero en Suiza el 20 de febrero de 2009, pocos días después de que el magistrado Baltasar Garzón, entonces instructor del ‘caso Gürtel’, detuviese a Francisco Correa y a los principales imputado de la trama de corrupción vinculada al PP. Según su versión, Bárcenas se enteró de su viaje a Suiza y le pidió que pasase por el banco para ver cómo estaban sus inversiones

Ruz ha decidido también bloquear los bienes de que dispone en la misma entidad la sociedad Rumagol S.A, y la de Hilgart Investments LTD en la oficina de Bancaja en Miami. Ésta cuenta tiene como beneficiario económico a Francisco Correa y se habría nutrido en gran parte de fondos procedentes de comisiones procedentes presuntamente de la adjudicación irregular de contratos públicos. Para ocultar el origen real del dinero se fraccionaron sus ingresos en distintas transferencias emitidas por distintas personas.

Sobre Rumagol, el instructor ha acordado ampliar la comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Estados Unidos para que le facilite información detallada sobre Rumagol S.A., entre ella la identidad de sus titulares, apoderados y beneficiario último; préstamos e hipotecas; cajas de seguridad; bonos del Tesoro; tarjetas de crédito o débito; compras de cheques bancarios y cualquier otra información existente sobre acuerdos u órdenes dadas relacionadas con los activos de la empresa.

El conflicto está servido. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación del etarra Germán Rubenach para que no se le aplique la ‘doctrina Parot’, lo que le permitiría recuperar la libertad de manera inmediata. Lo relevante la sentencia es que anticipa que un hipotético fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra la citada doctrina no supone su aplicación sin más “por la ausencia todavía de una normativa interna que prevea y regule la eficacia de esas decisiones emanadas de órganos supranacionales sobre sentencias firmes en el ordenamiento interno”.  

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, manifestó días atrás que habría que recurrir a “ingeniería jurídica” para intentar evitar que presos condenados a siglos de prisión por numerosos asesinatos sean puestos en libertad gracias a los beneficios penitenciarios a los que tenían derecho al haber sido condenados con el código penal de 1973. Al aplicarse éstos sobre la acumulación de todas las penas en una sola refundida de 30 años, reducía a 20 años su estancia efectiva en prisión.

El TS recuerda que la sentencia del TEDH de 10 de julio de 2012 que dio la razón a la etarra Inés del Río Prada contra la ‘doctrina Parot’ aún no tiene firmeza porque fue recurrida por la Abogacía del Estado. La Gran Sala celebró el pasado semana la vista del recurso y el fallo se conocerá en próximas fechas.

La jueza de Estepona Mariana Peregrina Blanco quiere saber quién se esconde tras la empresa Coast Investors LLC que el pasado 18 de diciembre vendió un ático de lujo en Marbella a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y a su mujer, María Lourdes Cavero Mestre, por 770.000 euros. Para ello, la jueza ha librado una comisión rogatoria al banco Lloyds TSB Bank PLC de Londres para que informe de las cuentas corrientes que la empresa tiene en esa entidad, identifique a sus titulares o autorizados, y concrete los movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las cuentas o destinatarios. También ha oficiado al Banco Popular, donde también posee cuenta Coast Investors, para que remita todas las operaciones realizadas por la empresa y Rudy Valner, su administrador general.

La reacción inmediata por parte de la compañía ha sido personarse en la causa el pasado lunes 18 y, simultáneamente, pedir el sobreseimiento y archivo de la misma al considerar que no hay ninguna irregularidad en la venta del ático. El escrito de la defensa dice que Coast adquirió el inmueble el 12 de mayo de 2008 por el precio de 750.000 euros, que fueron abonados mediante dos transferencias, y dio cuenta de la compra a la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como es preceptivo, y abonó 52.500 euros del impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El 25 de junio de 2008 la compañía presentó la escritura de compraventa ante el Registro de la Propiedad número 2 de Estepona para su inscripción, que no pudo llevarse a cabo porque no constaba el número de identificación fiscal (NIE) de Coast Investors. La inscripción formal se retrasó cuatro años, hasta el 28 de junio de 2012, y seis meses después, el 18 de diciembre, Coast Investors vendió el inmueble a Ignacio González, que hasta ese momento disponía de él en alquiler.

El juez Pablo Ruz ha rehusado inhibirse en favor del magistrado Gómez Bermúdez en la investigación de los 'papeles de Bárcenas' sobre la supuesta financiación ilegal del PP apenas dos horas después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera en un escrito en el que dice "la financiación ilegal no constituye delito como resulta del Código Penal y recuerda el Tribunal Supremo, por lo que no es objeto de investigación en sí misma".

El instructor le dice a su compañero que plantee a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional una cuestión de competencia si lo considera oportuno y pide al Senado la declaración de patrimonio de Bárcenas para hacer el cotejo de su letra con las anotaciones de sus papeles, después de que el extesorero del PP haya anunciado esta mañana que no volverá a declarar nunca más ni se someterá a una nueva prueba caligráfica.

El escrito de la fiscalía es muy duro con Gómez Bermúdez al que acusa de "palmarios errores" al requerir la inhibición, producto de la escasez de datos de que ha dispuesto "lo que no le impide censurar la decisión" de su compañero. El fiscal Antonio Romeral afirma que no solo hay tres coincidencias entre las anotaciones de los 'papeles de Bárcenas' y otros incorporados a la 'causa Gürtel', como esgrimió Ruz para quedarse con la investigación en una pieza separada, sino otras cuatro de las que hasta ahora no se tenían noticias.

El juez Pablo Ruz ha rehusado inhibirse en favor del magistrado Gómez Bermúdez en la investigación de los 'papeles de Bárcenas' sobre la supuesta financiación ilegal del PP' apenas dos horas después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera en un escrito en el que dice 'la financiación ilegal no constituye delito como resulta del Código Penal y recuerda el Tribunal Supremo, por lo que no es objeto de investigación en sí misma".

El instructor le dice a su compañero que plantee a la Sección Tercera de la  Audiencia Nacional una cuestión de competencia si lo considera oportuno y pide al Senado la declaración de patrimonio de Bárcenas para hacer el cotejo de su letra con las anotaciones de sus papeles, después de que el extesorero del PP haya anunciado esta mañana que no volverá a declarar nunca más ni se someterá a una nueva prueba caligráfica.

El escrito de la fiscalía es muy duro con Gómez Bermúdez al qué acusa de "palmarios errores" al requerir la inhibición, producto de la escasez de datos de que ha dispuesto 'lo que no le impide censurar la decisión" de su compañero. El fiscal Antonio Romeral  afirma que no sólo hay tres coincidencias entre las anotaciones de los 'papeles de Bárcenas' y otros incorporados a la 'causa Gürtel', como esgrimió Ruz para quedarse con la investigación en una pieza separada, sino otras cuatro de las que hasta ahora no se tenían noticias.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha dicho al juez Pablo Ruz, que no va a volver a declarar nunca más, ni se va a someter a una nueva prueba caligráfica. Las razones que ha esgrimido es que ya ha declarado en siete ocasiones precedentes, y que fechas atrás ya hizo un cuerpo de escritura durante hora y media. Su comparecencia se ha prolongado por espacio de menos de una hora, en la que el magistrado ha abordado en primer lugar un trámite preliminar para preguntar al imputado si prefería suspender su declaración a la espera que se dirima la competencia de la investigación de los 'papeles de Bárcenas'. El letrado de la defensa ha dicho que no tenía inconveniente y Bárcenas ha anunciado entonces su negativa a declarar.

En la Sala estaba solo su abogado defensor y el del también extesorero Álvaro Lapuerta, ya que las acusaciones no han tenido tiempo de personarse en la pieza separada que Ruz ha abierto con 'los papeles de Bárcenas' para investigar la presunta financiación ilegal del PP.

Para enredar aún más la situación, de manera simultánea a la comparecencia del extesorero, El juez Gómez Bermúdez ha dejado claro que no está dispuesto a dejar la investigación de los 'papeles de Bárcenas', y en un auto ha inadmitido el recurso de apelación del fiscal para dejar sin efecto las citaciones a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La inadmisión no tiene efectos prácticos porque la Sala suspendió cautelarmente el citado interrogatorio al coincidir con la citación de Ruz para esta misma mañana. Sin embargo, siguen en pie las citaciones a los empresarios que supuestamente pagaron comisiones a cambio de obra pública para los próximos 4 y 5 de abril.

El juez Gómez Bermúdez se resiste a dejar la investigación de los 'papeles de Bárcenas' y en un auto ha inadmitido  el recurso de apelación del fiscal para dejar sin efecto las citaciones a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La inadmisión no tiene efectos prácticos porque la Sala suspendió cautelarmente el citado interrogatorio al coincidir con otra citación de Ruz para esta misma mañana. Sin embargo, siguen en pie las citaciones a los empresarios que supuestamente pagaron comisiones a cambio de obra pública para los próximos 4 y 5 de abril.

El auto de Gómez Bermúdez sostiene que la resolución recurrida (las citaciones a Bárcenas y Lapuerta) no son susceptibles de recurso de apelación y, además, ni éstos ni los de reforma suspenden el curso del procedimiento. De hecho, el auto de hoy significa que la solicitud de suspensión cautelar no debería haber llegado a la Sala, que tiene que decidir también si suspende o no la citación a los empresarios. Un complicado galimatías jurídico tras el que se esconde una batalla soterrada por la competencia de la investigación.