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Cristina de la Serna Sandoval

Cristina de la Serna Saldoval es abogada y consultora especializada en protección de derechos humanos y trabaja en Rights International Spain. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Protección Internacional de Derechos Humanos. Entre sus áreas de interés y especialización destacan los derechos de las personas migrantes, la interrelación entre las actuaciones policiales y los derechos humanos y la discriminación en todas sus formas

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Cinco claves de la demanda ante el TEDH contra España por el perfil étnico

Hace unos días se presentó la primera demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una identificación por perfil étnico, práctica policial tan ilegal como extendida en este país. Zeshan Muhammad, joven afincado en Santa Coloma (Barcelona) y a quien la policía paró por ser "negro y punto", culminó de esta manera un periplo judicial emprendido de la mano de SOS Racisme Catalunya y Open Society Justice Initiative, después de que tanto el Ministerio del Interior como la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional no hayan estado a la altura de reparar el daño ocasionado por una actuación policial vulneradora de sus derechos humanos. En las siguientes líneas se desgranan las principales claves de la demanda interpuesta ante el TEDH, cuya argumentación podría replicarse en otras acciones judiciales por casos similares que, por desgracia, son muy habituales.

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Controles policiales discriminatorios en España y Francia: mismo problema, respuestas judiciales muy distintas

Los controles policiales basados en el perfil étnico (cuando la policía controla a las personas por lo que parecen y no por lo que han hecho) son una realidad en toda Europa. Ahora bien, distintos casos de litigio estratégico sobre este tipo de prácticas policiales interpuestos en España y en Francia han puesto a prueba a los órganos de justicia de ambos países. Mientras que del otro lado de los Pirineos se ha aprobado, con nota, el examen, nuestras instituciones administrativas y judiciales han vuelto a fallar a las víctimas de estas prácticas policiales discriminatorias.

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Con o sin papeles, mismos derechos humanos

Es muy común que los Estados usen la excusa del control migratorio a la hora de justificar prácticas poco respetuosas con los derechos humanos o de denegar el acceso a determinados servicios básicos a los sin papeles. Lo estamos viendo ahora con la más que cuestionable respuesta de muchos Estados europeos (y de la propia Unión Europea) a la “crisis” de refugiados. El Gobierno español en funciones también ha apelado al control migratorio para justificar prácticas contrarias a los derechos humanos, que van desde la exclusión sanitaria del colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular a las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla.

Algunos argumentan que existe una tensión o un conflicto a veces difícilmente resoluble entre, por un lado, el derecho legítimo que asiste según el Derecho internacional a los Estados de controlar sus fronteras y, por el otro lado, las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos en virtud de los numerosos instrumentos internacionales existentes. Siguiendo este razonamiento, la balanza a veces se decantaría a favor del control de fronteras, y otras veces a favor de los derechos de las personas sin papeles. Pues bien, conviene dejar claro que este conflicto es una falacia; sencillamente no existe, porque se trata de dos valores que no son equiparables. Los derechos humanos están muy por encima de cualquier otro bien jurídico, incluyendo el control migratorio. Como bien tiene establecido el Comité de Derechos Humanos “el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] no está limitado a los ciudadanos de los Estados Parte, sino que también debe estar al alcance de todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o de su condición de apátridas, entre ellos los solicitantes de asilo, los refugiados, los trabajadores migrantes y demás personas que estén en el territorio o bajo la jurisdicción del Estado Parte”.

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Informe del Relator de la ONU sobre racismo: hoja de ruta para la erradicación de prácticas policiales discriminatorias

El color de la piel condiciona la manera en la que la institución policial trata a las personas. Si no estás de acuerdo con esta afirmación, muy probablemente pertenezcas al grupo poblacional dominante; así que convendría que preguntes a cualquier persona cuyas características étnicas sean distintas a las de la mayoría cuántas veces y en qué circunstancias ha sido parada o cacheada por la policía y que compares esa experiencia con la tuya. En efecto, el uso de perfiles étnicos o raciales por parte de la policía -entendido como la utilización de estereotipos raciales o étnicos en lugar de la conducta individual u otros datos objetivos para realizar actividades policiales- es una práctica extendida en el mundo entero. Así, nos encontramos con realidades, algunas de ellas muy dolorosas, que van desde las altas posibilidades de que quienes mueran a manos de policías sean personas negras (como en Estados Unidos o Brasil), hasta el hostigamiento policial desmedido por infracciones menores a personas gitanas en Hungría, pasando por controles de identidad con fines de control migratorio a toda persona no caucásica, como ocurre en Suecia, Alemania o España.

Esta práctica policial, tan discriminatoria como ineficaz en la prevención del delito, y que tanto estigmatiza a los colectivos minoritarios y mina la confianza de éstos hacia la policía, ha recibido mucha atención de diversos organismos europeos e internacionales de protección de derechos humanos. El más reciente informe lo acaba de hacer público el Relator especial sobre racismo de Naciones Unidas. El Sr. Ruteere va más allá de la mera constatación de que estas prácticas existen, son ilegales y deberían ser erradicadas; también ofrece una hoja de ruta a los Estados, con una enumeración muy minuciosa de medidas que deben ser adoptadas, dando incluso ejemplos prácticos de departamentos de policía que han puesto en marcha estas buenas prácticas.

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