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David Rojo

Nacido en Palencia (1978). Crecido en Cantabria. Y licenciado en Periodismo, en la especialidad de información económica, en la Universidad del País Vasco. Desde el comienzo de la crisis observa con un ojo los índices y con el otro sus efectos sobre las personas. Ha trabajado en publicaciones impresas y en radio, aunque se mueve mejor, siquiera porque es lo que más ha practicado, en medios digitales. 

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Fraude e ineficiencia en el nuevo certificado energético para vender o alquilar viviendas

Un viandante se detiene ante el escaparate de una inmobiliaria. Aunque está más preocupado por la devaluación de su vivienda que en comprar, se fija en las descripciones: dos habitaciones, a reformar, finca con ascensor y, tal vez, con suerte, en una de las fichas vea una pegatina como las de las lavadoras: nivel de eficiencia energética E. El resto de los anuncios no dicen nada al respecto o señalan que la gestión se está tramitando, pese a que desde junio los dueños de viviendas que se vendan o alquilen –salvo contadas excepciones– tienen la obligación de obtener el correspondiente certificado energético.

El 1 de junio entró en vigor la nueva normativa al respecto, el RD 235/2013 (PDF), que venía a dar traslado a una directiva europea de 2010. El Gobierno hizo obligatorio este certificado para cada operación de compraventa o alquiler. Previo pago de entre 70 y 300 euros –es frecuente encontrar ofertas del primer importe en las páginas de cupones de internet–, los propietarios obtienen su certificado y su calificación: de la A a la G en niveles descendentes de eficiencia.

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