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Francisco de la Torre Díaz

Inspector de Hacienda y autor de ¿Hacienda somos todos? (Debate) y Candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, número dos por Madrid.

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La amnistía, la corrupción y el engaño de los 40.000 millones

¿Usted cree que hay alguna relación entre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal? Ésa es una pregunta que yo dirigí, como diputado de Ciudadanos, al Gobierno del PP y que, como todo el mundo sabe, el Gobierno del PP en rebeldía del control parlamentario, quiero decir en funciones, se negó a contestar. Formulé la pregunta porque me sorprendieron las declaraciones del Ministro Montoro en la comisión de Hacienda del Congreso el 7 de abril, en las que señalaba que gracias a la Declaración Tributaria Especial, es decir lo que todo el mundo conoce como la amnistía fiscal, buena parte de los defraudadores de los papeles de Panamá habían regularizado, y ya estaban pagando impuestos.

Esta cuestión tiene bastantes aristas. En primer lugar, habría que preguntarse por qué alguien tiene una sociedad offshore con testaferros en Panamá. Una sociedad offshore es una sociedad para operar en otro país. Si se cumplen las obligaciones fiscales, con una operativa de este tipo se pagan más impuestos que con una estructura normal. Esto sigue siendo así, incluso después de que el Gobierno del PSOE sacase a Panamá de la lista de paraísos fiscales, suscribiendo un convenio de doble imposición en 2011. Por otra parte, además hay que pagar los costosos servicios de los despachos de abogados y también de los testaferros. Es decir, que en condiciones normales, una operativa de este tipo no tiene mucho sentido.

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¿Qué hay detrás del 6% de impuestos que pagan las grandes empresas? (II)

Comentábamos el otro día que el famoso 6% que pagaron los grupos consolidados en el impuesto de sociedades en 2013 se debía a los dividendos de las filiales, que ya habían pagado en sus países de origen, y que estaban exentos en España. ¿Cuánto pagan los beneficios generados en España? Esto se puede calcular con cierta facilidad. Las empresas que estaban en grupos consolidados, y ganaron dinero, tuvieron entre todas un resultado de 81.195 millones de euros. Sobre este resultado pagaron en el impuesto de sociedades 4.853 millones de euros. De aquí sale el famoso 6%, que no es más que dividir una cosa entre otra.

Si de estos 81.195 restamos los importes exentos por doble imposición y los beneficios de los ETVE, obtenemos el beneficio en España que no procede del exterior. Esto conviene explicarlo un poco. Hasta la nueva ley, que entra en vigor el 1 de enero de 2015, los dividendos que repartían filiales en el exterior estaban exentos, porque ya habían pagado en el extranjero, mientras que los que repartían las filiales internas tenían deducciones por doble imposición, al 50 o al 100%. Ahora se ha unificado el régimen para todas ellas en la exención. Estos dividendos ascendieron a 20.107 millones de euros. Un tema parecido son los beneficios que obtuvieron las Entidades de Tenencia de Valores Extranjero (ETVE), que luego explicaremos. Bien, las ETVE integradas en grupos consolidados obtuvieron un beneficio exterior exento de 1.127 millones de euros.

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¿Qué hay detrás del 6% de impuestos que pagan las grandes empresas?

Si usted se pregunta cuántos impuestos están pagando las grandes empresas sobre sus beneficios, y no se cree el título del artículo, la respuesta está  en la página 45 del informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria: el tipo efectivo de los grupos consolidados en el impuesto de sociedades era en 2013 (último dato disponible) es un 6% de su resultado contable positivo. La tasa parece ridícula, pero en 2011 fue del 3,8%. Naturalmente, hay periodistas y economistas, algunos muy conocidos, que señalan que es “mentira”, pero negar la realidad y las cifras no suele llevar a ninguna parte. Normalmente, a este ratio se suele oponer que, según esta misma fuente, la Agencia Tributaria, los grupos consolidados pagaron en el impuesto de sociedades, un 16% de su base imponible. En este punto, recordemos que el tipo nominal del impuesto estaba en el 30%. Esto también es cierto, pero son dos cuestiones distintas y perfectamente compatibles.

Intentando aclarar conceptos, un grupo consolidado es un conjunto de empresas que tributan según su base consolidada, es decir pueden compensar beneficios y pérdidas entre sí y pagan por el neto. En general, los grandes grupos empresariales tributan según este régimen, y las pymes no suelen hacerlo. Por esta razón la tributación de los grupos consolidados da una idea de lo que están pagando las muy grandes empresas. Por exclusión, lo que pagan las empresas que no tributan en este régimen es un indicativo de lo que pagan las que no son muy grandes. Sistemáticamente los porcentajes del segundo grupo, es decir las de las pymes, son más elevados, es decir que pagan más porcentaje de impuesto de sociedades sobre sus beneficios.

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El programa de Ciudadanos y el realismo en la lucha contra el fraude

Siempre he pensado que los programas electorales debían ser para mayores de edad, aunque sólo fuese porque la edad legal para votar es de 18 años. Esta declaración de intenciones viene, evidentemente, de la sensación de que, hasta ahora, los programas electorales no trataban a los electores como adultos. Se ha impuesto otro “modelo de programa”, el de la “carta a los Reyes Magos”. Naturalmente, en cuanto pasan las elecciones, el programa pasa a mejor vida. En el caso del programa del PP en 2011, que casi lo único que prometía era bajar impuestos, los “buenos deseos” duraron exactamente una semana, tras la que se acometió la mayor subida del IRPF de la democracia. Naturalmente, la subida fue a los de siempre, los de la nómina.

Cuando me propusieron que echase una mano en el programa fiscal de Ciudadanos, sólo puse una condición: realismo. Como mi contribución se ha centrado fundamentalmente en la lucha contra el fraude, el realismo era una cuestión esencial. Para algunos partidos, la lucha contra el fraude es poco menos que magia: se pueden obtener decenas de miles de millones, que eso sí, sólo procederán de “grandes empresas” y “grandes fortunas”. El principal problema de todo esto, es que no se detalla cómo se conseguirá. Por otra parte, existe una corriente de opinión bastante relevante que considera que en la lucha contra el fraude no se puede hacer nada.

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La muerte, el caos y los impuestos

Señalaba Benjamin Franklin en una conocida cita que “en este mundo, no hay nada más cierto que la muerte y los impuestos”. Sin embargo, nada ilustra mejor el calamitoso estado de lo que queda de nuestro sistema fiscal que el impuesto que se cobra cuando alguien muere, el impuesto de sucesiones. Sobre el papel, los impuestos de sucesiones en España pueden ser muy gravosos, incluso prácticamente confiscatorios. El tipo puede llegar al 81,6%. No ha leído mal, son varios impuestos, no uno, y el tipo puede superar el 80%.

En España, como expongo en mi libro ¿Hacienda somos todos? (Debate), teníamos hasta hace muy poco 20 impuestos distintos de sucesiones y donaciones: quince en las Comunidades Autónomas de régimen común, otro más en Navarra, uno en cada territorio histórico vasco, y el peor de todos, el estatal que se aplicaba a los no residentes.

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Ironías de la vida, sicav y dimisiones

El acrónimo sicav, sociedad de inversión de capital variable, se asocia en el imaginario popular con 1%, fraude y ricos. Por esa razón, al descubrir el eurodiputado Willy Meyer que su plan de pensiones en el Parlamento Europeo estaba invertido en una sicav luxemburguesa, se ha visto obligado a dimitir. ¿Todo esto tiene algún sentido? Pues, desde un punto de vista fiscal bastante poco sentido, o casi ninguno. Hace algunos años, cuando era portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) escribí en Público que una reforma de las sicav era necesaria. Sigo pensando básicamente lo mismo, que es algo diferente que demonizar un instrumento financiero. Conviene recordar los principios básicos: una sicav es una institución de inversión colectiva. Además, una sicav es transparente. Lo primero es un desideratum, lo que debería ser; porque como casi todo el mundo sabe hay muchas sicav que no son realmente colectivas, y que las controla una sola persona o familia. La ley española exige 100 partícipes o inversores, lo que garantiza que una institución es realmente colectiva. Sin embargo, este número de partícipes se puede conseguir contratando partícipes de paja, inversores puramente nominales o ficticios. En el argot a estos inversores se les conoce como "mariachis". A veces, incluso, estos inversores de paja ni siquiera son conscientes de serlo; simplemente, alguien ha dado la orden de invertir en su nombre. Esto es lo que descubrieron algunos de mis compañeros cuando en 2005 hubo un plan masivo de inspección a las sicav: muchas de ellas no eran realmente colectivas, y por consiguiente, no debían estar tributando al 1% sino al 35%, que era entonces el tipo general del impuesto de sociedades. En fin, como tantas otras cosas eso cambió el 30 de junio de 2005, día en el que ocurrieron un par de cosas importantes en el Congreso de los Diputados: se aprobó el matrimonio gay, y con muchísima menos cobertura mediática, PP, PSOE y CiU acordaron traspasar la competencia para inspeccionar a las sicav de la Inspección de la Hacienda a la CNMV. Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central hizo en la práctica retroactivo este cambio de competencia. Esto significó que se anularon las actas, que muchos millones de euros no se cobraron;  y que el control de la CNMV fue distinto. Cuando este organismo consideró que una sicav no tenía cien partícipes, le dio un plazo para que los reuniese. Muchos inspectores consideramos que el control fiscal en un Estado de Derecho debe corresponder a las instituciones fiscales, no a la CNMV, ni al servicio veterinario de la Armada, sino a la Agencia Tributaria, y dentro de ella a la Inspección de Hacienda. Por supuesto, está en las propuestas que la IHE ha presentado para reformar nuestro sistema fiscal (página 134 y siguientes), aunque como en otras cuestiones esenciales de la lucha contra el fraude, de momento sin mucho éxito. ¿Esto quiere decir que las sicav son un paraíso fiscal? Pues no. Lo que caracteriza a una sicav en España es que es transparente: todo el mundo sabe quién es el inversor que tiene una participación significativa en cada sicav. Eso lo diferencia de un paraíso fiscal que es fundamentalmente un lugar oscuro donde no se sabe quién invierte, ni mucho menos cuánto. Lo que sí son las sicav españolas es transparentes. Sin embargo, el de las sicav sí que se supone un privilegio fiscal si las instituciones no son realmente colectivas. Si usted es un pequeño inversor y compra una participación a un fondo de inversión, o entra en el capital de una sicav, pierde todo el control de su dinero. Si el fondo o la sicav ganan dinero, efectivamente pagan el 1%, pero usted ha perdido el control. Naturalmente, usted puede recuperar el control de su dinero vendiendo. Sin embargo, en ese momento, el Fondo o la sicav le retendrán los impuestos sobre la renta que correspondan a su plusvalía. Si la sicav es un 99% suya, usted hará lo que quiera, que normalmente consistirá en no repartir dividendos y diferir indefinidamente la tributación. Si quiere comprar algo, siempre puede hacerlo a nombre de la sociedad, que es suya. A mí me parece legítimo que el dueño de una sociedad haga lo que quiera con ella; pero en ese caso, debería pagar los impuestos normales y no un tipo privilegiado del 1%. Las excusas que se ponen para no cambiar esto y una explicación más detallada la pueden encontrar en mi libro "¿Hacienda somos todos? Impuestos y Fraude en España (Debate). Éste es el origen y la explicación de por qué para muchos españoles, sicav se equipara con fraude y ricos. ¿Cuál es el problema de que muchos eurodiputados hayan constituido una institución de inversión colectiva? Moralmente, se puede objetar que gente que tiene un sueldo bruto superior a 8.000 Euros al mes, encima se les complemente, también con dinero público con un euro por cada dos que pongan en su plan de pensiones. Sin embargo, desde un punto de vista fiscal no parece haber mucho truco. Si cualquiera de ustedes aporta a un plan de pensiones, también se deducirá; eso sí usted no podrá tocar el dinero hasta que se jubile. Por otra parte, los fondos de pensiones pagan un tipo del 0% (sí, más bien no pagan el impuesto de sociedades). Al igual que las sicav o los fondos de inversión, los fondos de pensiones son un instrumento neutro de inversión. Si usted finalmente cobra menos de lo previsto, es que su gestora no ha invertido bien, o le ha cobrado muchas comisiones. No mire a los impuestos porque no hay. La sicav luxemburguesa del Parlamento Europeo era colectiva: contaba con muchos inversores reales. Esta sicav apenas pagó impuestos; pero aún menos hubiese pagado un fondo de inversión o un fondo de pensiones cualquiera en España. El Parlamento Europeo ha señalado que el dinero que pague esta sicav, que según las informaciones, no se puede recuperar hasta que el eurodiputado cumple 63 años; está sometido a los impuestos nacionales. La única duda que surge es si el Parlamento Europeo y la sicav informan a las Haciendas nacionales, que supongo que es así; pero ésa no es una responsabilidad de los partícipes. En fin, no deja de ser surrealista que la única dimisión que recuerdo en los últimos tiempos por motivos de impuestos se deba a las sicav; pero no de un millonario por no pagar sino de un político. Para más inri, la dimisión del político, ni siquiera es por votar un régimen fiscal privilegiado, sino  por no poder explicar que ahorra, poco o mucho, para su pensión con la misma fiscalidad que cualquier español. En fin, son ironías de la vida que demuestran que a algunos legisladores debería aprender algo más de impuestos, aunque sólo sea para conservar el puesto.

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