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Periodismo a pesar de todo

Francisco Jurado

Jurista. Doctorando en Filosofía del Derecho. Investigador en . Tecnopolítica y Redes. Parte de  y

Podemos hacer algo nuevo. Podemos hacerlo mejor

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Acaba de ver la luz la primera propuesta de organización y estructura de Podemos, en ese transitar desde un movimiento difuso de desborde con vocación electoral hacia un partido consolidado. O, al menos, esa es la primera impresión que da este borrador. Huelga decir que es un boceto que, desde su presentación, está abierto a comentarios y enmiendas, y es que, en procesos colaborativos de desarrollo de contenidos, más vale no empezar desde cero, si se quiere llegar a algún puerto.

Antes de entrar en el articulado, es de destacar la múltiple referencia que se hace a los requisitos de inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior, cuya rigidez se utiliza, primero, como excusa a la hora de definir elementos asociativos que, en la primera fase de Podemos, eran difusos y que, ahora, se pretenden definir y delimitar mucho más. Además, se hace mención a una necesaria diferencia de ¿estilo? entre el lenguaje que se empleará en el debate político y aquél con el que se formalizarán las modificaciones registrales, al que se define como "más técnico", algo que, como jurista, no termino de entender.

A mi juicio, uno de los elementos más interesantes de la experiencia Podemos era el instrumentalizar una forma juridica (la de partido), sin pretensión de seguir, en su funcionamiento cotidiano, los preceptos legales que la regulan. El Derecho no es algo neutro. Los modos de organizarse que se proponen responden, primero, al contexto histórico en el que se redactan las normas y, segundo, a las estructuras y superestructuras consideradas hegemónicas en ese contexto. Si de verdad se quiere ir más allá de lo que hay hasta ahora, la primera máxima que hay que aplicarse es no dejarse condicionar por este tipo de regulaciones jurídicas puesto que, de lo contrario, su capacidad performativa irá preconfigurando la forma asociativa que interesa (para perpetuar el modelo actual).

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La hora de la desrepresentación política

Imagínese usted que para ir a comprar un kilo de tomates tiene que elegir a un alguien que efectúe la transacción en su lugar, o que no pueda matricularse en la universidad sin que lo haga su representante, o que necesita un intermediario para abrirse una cuenta bancaria, cambiar de domicilio, pagar sus impuestos...

Uno supone que, al alcanzar la mayoría de edad, tiene la capacidad suficiente para obrar en cualquier aspecto vital, pero no es cierto. Existen ámbitos de la vida en comunidad que nos exigen actuar por medio de representante, como si fuésemos menores y necesitáramos un complemento a nuestra voluntad y capacidad de obrar. Generalmente, estas representaciones forzosas requieren de una ley o de una sentencia judicial que las determine. Es el caso de la representación mediante abogado y procurador en un proceso judicial, de la representación tras una declaración de incapacidad o en caso de ausencia. Pero también en la vida política.

Pensamos que la representación política es un derecho, y esto sucede porque la confundimos con el derecho de sufragio, de elegir a las personas que nos representan en distintas instituciones (el Congreso, un Parlamento autonómico o el Ayuntamiento). Pero la representación política es forzosa, una obligación. Si usted no participa en unas elecciones o si el candidato por el que apostó no resulta elegido, seguirá estando representado por la composición final de la institución de turno. Es decir, que los cargos electos que resulten de unos comicios electorales decidirán sobre aspectos que afectarán a su vida, sí o sí.

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¿Por qué podemos?

Sí, ha sido una sorpresa. Prácticamente nadie se esperaba un 7,9% de los sufragios y alcanzar los 5 escaños, pero no era descabellado porque han jugado muy bien cada una de las bazas que tenían.

Campaña multi-capa

Aquellos que atribuyen los resultados de Podemos únicamente al efecto mediático de la televisión hacen gala de miras muy cortas. La campaña ha tenido tres pilares fundamentales:

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De las elecciones, la unidad y lo racional

Se sigue agitando el abanico de iniciativas electorales de cara a las Europeas. Como en un baby boom de posguerra, la tierra abonada por las acampadas, por las asambleas o por las campañas en (la) red parece ser fértil para el nacimiento de mil y un proyectos que llamen la atención y recaben el apoyo de la indignación. No en vano, aproximadamente la mitad del censo electoral está huérfano de papeleta y, o bien no votará, o bien lo hará tapándose la nariz. Un caramelo muy dulce para el ensayo de fórmulas que pesquen en un caladero tan frondoso. Fórmulas nuevas, fórmulas no tan nuevas y las mismas viejas fórmulas de siempre.

Pero plantear la cuestión en estos términos es otorgarle ab initio la iniciativa a la "oferta electoral". Para el conjunto de los electores supone un "decidir en función de lo que me ofrecen". Es tan fuerte esta dinámica, heredada de la práctica social instituida elección tras elección, que incluso mucha gente sin tradición de militar en un partido decide intervenir en el proceso electoral uniéndose a la oferta, abandonando las filas de la demanda, lanzando su propia iniciativa.

En este particular mercado de "productos electorales", la demanda reduce su papel al del cliente que suscribe un contrato de adhesión (como las hipotecas o el ADSL). Observamos el catálogo y nos decantamos, adhiriéndonos mediante el voto, a la oferta que más nos guste. La palabra demanda, en este supuesto, se vacía de todo su contenido etimológico. No se demanda, se compra. El problema de un contrato de adhesión es que, en la relación de poder que se establece entre oferente y demandante, este último se encuentra en desventaja, una desventaja que se materializa en su falta de capacidad para exigir que la oferta en cuestión se modifique; en cambiar, anular o añadir nuevas cláusulas.

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El poder y la ley

La infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín. / Efe

"Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan; pero no hagan lo que ellos hacen [...]". Este fragmento pertenece al Evangelio según Mateo, que pone estas palabras en boca del mismo Jesús, refiriéndose a las reglas de conducta y convivencia que imponían los fariseos a la población. Paradójicamente, siglos más tarde, cuando el catolicismo y sus oficiales se convirtieron en movimiento hegemónico, esa misma frase les ha sido achacada: "Haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga", ponía mi madre siempre en boca de un representante hipotético de la Iglesia.

No es la componente religiosa la más importante a la hora de dar validez al enunciado. Esta frase la podría utilizar cualquier persona que ostentase el suficiente poder como para disponer qué es lo que un grupo de gente debe o no debe hacer. Es una frase digna de cualquier legislador. El problema de cualquier persona con poder para legislar es que, en teoría, debería ella misma estar sujeta a éste. Dar ejemplo, que se dice, porque si los súbditos ven cómo los amos se saltan su propia ley a la torera, se corre el riesgo de que, también en esto, los tengan por modelos a imitar.

Hacía referencia Foucault a un personaje histórico de la Inglaterra industrial, el obispo Watson, que se dirigía a los ricos en estos términos: "Os pido que sigáis las leyes aun cuando no hayan sido hechas para vosotros, porque así al menos se podrá controlar y vigilar a las clases más pobres".

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Las multas más grandes de la historia de la UE nos saben a poco

El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia. / Efe

Hace algunas semanas se  corría el rumor, y hoy, en una comparecencia, Joaquín Almunia ha confirmado las sanciones económicas más cuantiosas que jamás se hayan puesto desde un organismo comunitario a varios de los bancos que conforman índices como el euríbor, el líbor (anglosajón) o el tíbor (japonés).

Repasando la  nota oficial de la Comisión de Competencia nos encontramos una explicación bastante superficial de los hechos y los motivos por los que se ha sancionado a estas entidades bancarias. Se habla de colusión, de cárteles para la fijación tramposa de estos índices y de la importancia que tienen en los mercados de derivados (SWAPS y otros instrumentos de ingeniería financiera).

En sus declaraciones, Almunia hace referencia a la necesaria competencia en los mercados de préstamos interbancarios, pero seguimos sin tener noticias de si esos mercados existen. Habla de lo importante de la transparencia para evitar que estos hechos se produzcan, pero seguimos esperando que nos faciliten las operaciones reales entre esas entidades, que ni el Banco de España, ni el Banco Central europeo, ni la Comisión, ni la Federación Bancaria Europea nos han podido o querido mostrar.

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La reforma de la ejecución hipotecaria, inconstitucional

Un grupo de integrantes de Stop Desahucios Compostela. / Efe

El 14 de mayo del presente año, el BOE publicaba la denominada Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, un texto de urgencia que el Gobierno sacaba presionado por la alarmante realidad de los desahucios en España, por la sentencia del TJUE, que consideraba abusivas habituales cláusulas de los contratos hipotecarios, y tras rechazar, mediante su radical transformación, la ILP propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

No vamos a entrar en profundidad en el contenido de esta nueva ley para demostrar que, en ningún caso, pretende "reforzar la protección a los deudores hipotecarios", como reza su nombre. Pero sí que vamos a entrar en un apartado fundamental de la norma, que reforma el  artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), relativo a las causas y al procedimiento por el que una persona puede oponerse a la ejecución hipotecaria de su vivienda. En la nueva redacción que se le da al citado artículo, se incluyen (a la fuerza) como causa de oposición las cláusulas abusivas identificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han servido a muchos afectados, desde la sentencia, para suspender su inminente desahucio.

Pero esta reforma escondía una trampa tras la presunta protección a los deudores hipotecarios. En el capítulo III, artículo 7, punto 14, existe un apartado (número 4) que establece que “contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten”.

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La estafa financiera más grande de la historia de Europa

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Gráfico que muestra la evolución del euríbor en los últimos 12 meses. / Efe

Todo empezó en junio de 2011, con las plazas aún calientes tras las acampadas del 15M. Durante esos días, el abogado Juan Moreno Yagüe (@hackbogado) andaba revolucionado por un caso en el que tenía que defender a un peluquero sevillano en una demanda en la que Cajasol le exigía unos intereses disparatados por una pequeña deuda contraída por despiste. La gran sorpresa, me contaba entonces @hackbogado, había sido examinar las tablas que publicaba el Banco de España sobre el índice interbancario español (míbor), que se utilizaba como referencia para préstamos antes de la entrada en vigor del euríbor.

 

En sus pesquisas, Juan descubrió que desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime había muchos días en los que el míbor quedaba "en blanco", lo que, según nos explicó el Banco de España, se debía a la ausencia de préstamos entre las entidades bancarias que lo conformaban. La pregunta consiguiente era, lógicamente, si los bancos europeos también habían dejado de prestarse dinero entre ellos, estando los tipos de interés del Banco Central Europeo por los suelos.

¿Por qué son importantes esas operaciones entre bancos? Porque la legislación española, materializada en circulares del Banco de España, definía el cálculo de los tipos de interés variable como la media de los intereses a los que una serie de bancos (primero los españoles, luego los miembros de la Federación Bancaria Europea) se hacen depósitos de un año entre sí (circular 5/1994 del 22 de julio, BOE 3 de agosto de 1994 del Banco de España, modificada por la 7/1999). Se utiliza el mercado interbancario con los siguientes objetivos:

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La Red: campo de resistencias

Definía Max Weber al Estado desde la titularidad exclusiva y monopolística del uso de la violencia. Esta cualidad le vendría atribuida a través de un proceso de legitimación que, en nuestras sociedades, se corresponde formalmente con el ejercicio de las facultades legislativa y ejecutiva tras unos comicios electorales. El efecto de la toma de poder se traduce en la facultad de legislar, sí, pero, más importante aún, es la capacidad para hacer cumplir lo legislado, que se consigue a través del ejercicio de la autoridad, con la violencia (en sus múltiples formas) como recurso.

Este binomio derecho-coacción tiene, a su vez, otro poderoso efecto, consistente en la creación de toda una realidad social, es decir, de un conjunto de conductas y prácticas sociales que se repiten en un comunidad y que, soportadas por el ordenamiento jurídico, conforman todo un sistema de códigos de comportamiento y de verdades que moldean la manera en que las gentes de esa comunidad entienden las relaciones interpersonales, el trabajo, la economía, el sentido del honor y, en definitiva, cada ámbito de la realidad que vivimos. No en vano, ya utilizaba recurrentemente Foucault el concepto de la conducta como "la actividad consistente en conducir, la conducción, pero también la manera de conducirse, la manera de dejarse conducir, la manera como uno es conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta que sería acto de conducta o de conducción".

Es mediante la inducción y control de conductas sociales como el Poder se garantiza su propia reproducción, el establecimiento de un orden en el que los propios sujetos colaboren en su mantenimiento, lo que Hayek denominó reglas generales de conducta. Y qué mejor herramienta que el derecho -con su capacidad para forzar y reglar esas conductas- para conseguirlo.

Hasta aquí todo parece una tarea terriblemente simple para los gobernantes: legislar y obligar a que se cumpla lo legislado, so pena de hacer uso de esa fuerza coactiva que sólo ellos, en su condición de estadistas electos, están legitimados para usar. Una vez interiorizado esto, la función punitiva del Estado empieza a funcionar más por persuasión que por ejercicio material, aunque siga siendo necesario ejecutarla para afianzar conductas, para que no se nos olvide.

Sin embargo, hay algo esencial en esa conceptuación de Weber y es el elemento de territorialidad que atribuye tanto al ejercicio de la violencia como al concepto mismo de Estado. Se presupone la necesidad de un espacio físico -y de sus correspondientes identidades físicas- donde y sobre los que ejercer la coacción. Esto, en un contexto donde Internet supone ya un ámbito enorme de relación interpersonal y de creación y proliferación de conductas sociales, supone una quiebra, una falla, en la histórica capacidad coactiva estatal.

Es aquí, en la Red, donde cobra fuerza la resistencia definida por Foucault como contraconducta, una forma de " lucha contra los procedimientos puestos en práctica para conducir a los otros". No quiero decir con esto que fuera de Internet no se produjese tal fenómeno, sino que, por su propia naturaleza, es en este medio-espacio donde los viejos dispositivos del Poder sufren más a la hora de desarrollar esta tarea de control, dados los millones de perfiles, la inmensa cantidad de contenidos, plataformas y formas de perderse en este gigantesco bosque de información.

Si dividimos a los actores en la Red en tres grandes grupos, Estado (Gobierno, Administraciones Públicas, etc.) empresas y particulares, es normal que los dos primeros suelan pedir la colaboración de los terceros para denunciar y perseguir comportamientos o contenidos prohibidos, bien por el ordenamiento jurídico o bien por las normas de uso de plataformas, webs, foros o redes sociales. Cuanto más amplias y pobladas sean, más implicación se necesita de los usuarios para vigilar que se cumplan las normas.

Es aquí donde surgen tensiones derivadas de las diferentes concepciones de lo justo, de la asunción de las conductas o de la proliferación de contraconductas. Si el perfil de Twitter de la @Policía reclama la colaboración ciudadana en la persecución de una conducta, ésta se manifestará en mayor o menor medida en función de la apreciación como injusta de esa conducta, consideración que ya no tiene por qué coincidir con lo expresamente tipificado en la legislación. En este sentido, un llamamiento a vigilar y denunciar comportamientos pedófilos contará con mayor colaboración ciudadana que uno dirigido a denunciar webs de enlaces a descargas, habida cuenta que existe ya arraigada una costumbre sobre compartir estos enlaces que no se percibe como algo que deba ser castigado.

De este tipo de tensiones, de enfrentamientos entre diferentes concepciones de lo justo, que deslindan conceptos como legalidad y legitimidad, resultan otros fenómenos como el llamado Efecto Streisand. Y si al final se mezclan muchos de estos ingredientes, pueden resultar experiencias tan llamativas como lo que le ha ocurrido recientemente a Fatima Báñez con su buzón de denuncias anónimas. En este caso, al pretenderse generar una conducta de vigilancia y denuncia en los particulares y contra los particulares, el Poder se ha encontrado con una reacción en la dirección contraria, con cientos de personas denunciando lo que ellas consideran realmente fraudulento, generando una contraconducta que ha dejado en evidencia, una vez más, al partido en el Gobierno y a sus prácticas.

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“El Estado soy yo”

Los sms de Rajoy y Bárcenas.

Por esta frase, de autoría no contrastada, se recordará a Luis XIV, Rey Sol de Francia, como paradigma de las monarquías absolutas que reinaron en Europa tras el Renacimiento y antes de las revoluciones liberal-burguesas. Y es que el juego de las identificaciones siempre ha sido recurrente en el mundo de la política.

Como si del Misterio divino se tratase, la élite política es capaz de desarrollar diferentes identidades dentro de una misma persona. Así, en función del contexto y de los intereses, pueden vestirse con el traje que más convenga a sus palabras, obras u omisiones.

Tomemos el caso del señor Rajoy.

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