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Gabriela Poblet

Antropóloga. Responsable de migraciones de ICV.

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El cuento de la criada en Sant Andreu de Llavaneres

Cuentos de la criada hay muchos y casi nunca acaban bien. Ella cuidaba a un joven dependiente en una casa de la costa de Sant Andreu de Llavaneres y también hacía las labores de servicio doméstico. Iba de madrugada andando desde Mataró por el camino lateral a las vías del tren, hasta su lugar de trabajo, una lujosa casa familiar. Un hombre la interceptó, le desfiguró la cara, la violó y acabó en las rocas casi muerta. Sobrevivió casi de milagro. Pidió ayuda a gritos a las personas que pasaban pero nadie la ayudó.

Ella es de Colombia, un país que vivió 50 años de guerra civil, y que contabiliza 6,5 millones de personas desplazadas según la ONU, pero que sin embargo nunca se habló de refugiados porque era una guerra no declarada. Como la mayoría de mujeres migrantes, trabaja en el servicio doméstico, un sector sumamente precario y feminizado que ha estado tradicionalmente excluido del ámbito laboral y sindical. Un sector que a su vez, no deja de ser invisibilizado y servil, en parte porque sostiene la economía y el status de una clase social, y en parte porque el Estado no se ocupa de los cuidados de la gente dependiente (como el joven que cuidaba ella) y de la gente mayor.

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Tres años después de Tarajal

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como "medidas disuasorias". A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que "los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha". Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas "devoluciones en caliente" en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de "rechazo en frontera", a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

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