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Focos

Gonzalo Rivero

Investigador doctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York.

Redes sociales y representación política

El incremento en el uso de redes sociales ha generado grandes expectativas con respecto a su potencial para transformar la comunicación política y la relación de los representantes públicos con los ciudadanos. Sin embargo, el modo en que herramientas como Facebook o Twitter impactan en diferentes modos de participación política es un debate abierto a nivel académico. En los últimos años, se ha discutido ampliamente sobre cómo las redes sociales afectan la coordinación de protestas y revoluciones, hasta qué punto facilitan que las voces más débiles sean escuchadas, cómo incrementan nuestro acceso a una mayor diversidad de opiniones, o incluso si es posible utilizar estos datos para predecir eventos políticos como  elecciones o manifestaciones.

Un elemento común en muchos de estos análisis es el argumento sobre el efecto democratizador de las redes sociales en el acceso a la comunicación pública. Al reducir de manera homogénea el coste de emitir mensajes en masa, independientemente de quién sea el emisor, con frecuencia se sostiene que las redes sociales deberían contribuir a una mayor calidad de la representación política. Sin embargo, como demostramos en un estudio utilizando datos de Twitter, recientemente publicado en la revista Social Science Computer Review, éste no es el caso. Por el contrario, los agentes políticos que son más oídos en el debate público "offline" siguen teniendo una mayor presencia en las redes, lo cual intensifica los sesgos que encontramos en la participación política. Este resultado también pone en cuestión la capacidad de esta fuente de datos para convertirse en una herramienta fiable de medición de la opinión pública.

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¿Por qué no castigamos la corrupción?

La corrupción política ha sido tema de portada en la mayoría de periódicos españoles de manera casi ininterrumpida durante las últimas semanas. El escándalo de los sobresueldos cobrados por miembros de la dirección nacional del PP se ha unido a una larga lista de casos de corrupción política destapados en los últimos años. De los EREs irregulares del gobierno andaluz a la presunta financiación ilegal de Convergencia i Unió, pasando por el caso Gürtel y los múltiples escándalos de corrupción a nivel municipal; los abusos de poder y el enriquecimiento ilícito por parte de nuestros representantes parecen extenderse por todos los niveles territoriales y partidos políticos. La percepción de la corrupción y el fraude como uno de los principales problemas de España ha sido documentada por Transparencia Internacional, cuyo último índice anual de corrupción sitúa a España entre Botswana y Estonia, lejos de la mayoría de países europeos.

Las causas de la persistencia de la corrupción en nuestras instituciones son múltiples. En nuestra opinión una de sus principales explicaciones se encuentra en la ausencia de un castigo en las urnas a aquellos representantes que incurren en comportamientos delictivos o, al menos, poco éticos. Evidencia de ello es que, en los dos últimos comicios locales, un elevado porcentaje de los alcaldes imputados en casos de corrupción fueron reelegidos: 70% en 2007 y 39% en 2011. A nivel autonómico, casos como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía sugieren también que los votantes otorgan poco peso a la corrupción a la hora de decidir la orientación de su voto. Esta pauta contrasta con una visión normativa de la democracia en que esperaríamos que las elecciones sirvieran como mecanismo de control de políticos cuya actuación es perjudicial para sus votantes.

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