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Ignacio González Vega

Portavoz de Jueces para la Democracia. Magistrado, es también punto de contacto de la Red Judicial Europea (RJE) en materia penal.

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Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos

La recién publicada encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces, se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobre todo, el segundo dato. Los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.

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El nombramiento de jueces para la poderosa Sala de Apelaciones

Resulta reiterativo indicar que el modelo procesal penal en España es anacrónico, regido por una centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, y basado en el principio inquisitivo, a diferencia de los países de nuestro entorno que optan por el acusatorio. A pesar de ello, entre las sucesivas reformas parciales de la Ley que han tratado de incidir en las garantías procesales, destaca sobremanera la implantación generalizada de la segunda instancia penal por una Ley Orgánica de 2003, que ha dado lugar a la creación de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional a la que irá a parar el juez Eloy Velasco.

La implantación de esta segunda instancia es una exigencia que arrastrábamos desde el año 1977, cuando España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello nos valió importantes condenas tanto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como por parte del Consejo de Europa.

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