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Jaume Asens

Abogado en el ámbito de los derechos humanos, el Derecho penal y la defensa de los movimientos sociales. Pertenece a la Comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, al Observatori DESC y al Grupo de investigación sobre exclusión y controles sociales de la Universitat de Barcelona (GRECS). Sus últimos libros publicados, con Gerardo Pisarello, se titulan "No hay derecho (s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis" (Icaria, Barcelona, 2012) y "La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta" (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014).

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Ciudades contra la impunidad

In memoriam Carlos Slepoy

“Olvidar el sufrimiento del pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron sin derrotar a esas mismas fuerzas”. Con esas palabras, el filósofo Herbert Marcuse recordaba que la memoria nos informa de quiénes somos, de donde venimos pero también a donde vamos. Solo desde allí, pueden liberarse las energías latentes del pasado para construir nuevos horizontes alternativos a lo existente. Aquello que no fue, que pudo haber sido y podría volver a ser. Los herederos políticos del franquismo, por eso, querrían deshacerse de esa memoria cargada de futuro. Que las víctimas fueran mudas e invisibles. Que no molestaran y se quedaran en las cunetas del olvido. Hay crímenes tan deleznables, no obstante, que sus victimas nos convocan y exigen justicia. Los asesinados, torturados o desaparecidos de la dictadura nos advierten que somos contemporáneos del instante en que se paró su reloj biográfico. Como un espectro que se alza, nos recuerdan que sin reparar esa injusticia no hay justicia posible. Con la intención de hacerse cargo de esa exigencia, se celebra este lunes el II Encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, en el que Barcelona toma el relevo de Pamplona en la presidencia de esta red. El encuentro se produce en la ex-cárcel Modelo, coincidiendo con su apertura de puertas a la ciudadanía.

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Presos políticos y sedición

En democracia hay dos reglas elementales. Una, la voluntad del pueblo debe respectarse. Dos, un gobierno solo puede ser inhabilitado en las urnas. En la actualidad, existe en Catalunya una percepción generalizada que éstas se han roto. La imposición de un Estatut no votado por nadie y contra la voluntad de los catalanes está en el origen del conflicto. Tras ese hecho, calificado por el catedrático Pérez Royo como “golpe de Estado”, los ciudadanos reclamaron recuperar la voz. Ya no como última palabra sino como primera. Y no ya como referéndum sobre la fórmula de integración en el Estado, sino como referéndum para decidir si se quiere formar parte de él. Se pidió, por eso, la transferencia de la competencia para organizarlo. O se intentó hacer una consulta -como la del 9-N - que acabó en un simple proceso participativo. Aun así, el Gobierno del PP se enrocó. Ofreció sólo autoritarismo e incomprensión. Su respuesta inmediata es reformar el Tribunal Constitucional para convertirlo en un mero brazo ejecutor suyo. Se le otorgó un poder absoluto e incuestionable con el objetivo de usurpar las prerrogativas de las fuerzas políticas. Con ello, se desdibujó no solo su papel de órgano de control sino también el propio régimen jurídico que lo sostiene. La voluntad democrática de una comunidad para autodeterminarse, en este contexto, resultaba más legítima que nunca. Y una amplia mayoría de catalanes considera que debe prevalecer por encima de la opinión de cualquier juez. Lo que está en juego es, precisamente, el principio democrático y la legitimidad política que la soberanía popular concede.

Con esa intención, se convocó el referéndum del 1-O. Lejos de aplanarse, el Gobierno del PP inició una ofensiva punitiva sin precedentes para impedir su celebración. Se trató una cuestión democrática como si fuera una cuestión criminal. Se convirtió a los catalanes en presuntos delincuentes y se imputó a casi mil alcaldes por permitir que se expresaran en las urnas. Entre otras medidas, se mandaron centenares de policías de otras partes del Estado, se prohibieron debates y reuniones, se decomisaron carteles, se abrió correspondencia privada, se cerraron webs o se registraron imprentas y medios de comunicación. Con todo, más de dos millones de ciudadanos salieron a votar. Ese día marcará un antes y un después en la historia de Catalunya. Fue un momento de soberanía y empoderamiento ciudadano. Con más de mil heridos, se convirtió también en uno de los episodios de violencia institucional masiva más grave sucedido en Europa. Uno de los heridos, incluso, perdió la visión de un ojo por el uso de balas de goma prohibidas por el Parlament.

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Justicia o barbarie

¿Un acusado por hechos abominables tiene derecho a una defensa? Esa pregunta se la formuló el abogado noruego, Geir Lippestad, tras el asesinato de ochenta personas en julio del 2011 por parte de un joven de extrema derecha. La matanza, perpetrada en nombre de la lucha contra "la multiculturalidad y la invasión musulmana", se produjo en el centro de Oslo y en el campo de las juventudes laboristas en la isla de Utoya. Anders Breivik, el autor confeso y convicto de estos terribles hechos, lo escogió a él para llevar su defensa.

Geir Lippestad era un destacado miembro del mismo partido laborista afectado por tan crueles hechos. Ante la dura contradicción de la propuesta, el abogado consultó a su compañera Signo y ella le dijo: "Soy enfermera. Si me hubieran llamado del hospital para ir a curarlo, lo habría hecho. Ese es mi trabajo. Tú eres abogado, haz el tuyo".

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Desalojados

Este mes de agosto no ha dado tregua al drama de los desahucios. El parón de los Juzgados no se ha traducido en un respiro para las familias que viven bajo la temible amenaza de ser expulsadas de sus viviendas. En menos de veinticuatro horas, en Barcelona se han producido dos desalojos encadenados y controvertidos con imágenes dramáticas que han perturbado la relativa calma veraniega de la ciudad. Gritos, empujones, heridos, recogida de pertenencias deprisa y corriendo, niños y niñas llorando.

En las dos ocasiones – una en la calle Sugranyes y la otra en Entença- se trataba de edificios enteros donde vivían numerosas familias en situación de vulnerabilidad. La finca de la calle Entença era conocida por haberse convertido en un ejemplo de la presión que sufren los vecinos y vecinas en una zona donde ya plana la sombra de la especulación inmobiliaria.

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La posverdad de Garzón

Con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona se ha abierto un debate sobre el significado y alcance de aquel momento histórico. La efeméride también ha servido para revisitar uno de los episodios más oscuros de aquellos años, la llamada Operación Garzón. Coincidiendo con la cita deportiva, fueron detenidas o imputadas más de sesenta personas acusados de algún tipo de vinculo con Terra Lliure. Entre ellas, un alcalde, periodistas y miembros de organizaciones políticas como el MDT (ahora en la CUP), el Partido Comunista de Catalunya (PCC) o la propia ERC. También se hicieron registros como el de la revista El Temps. Los hechos provocaron actos de protesta y numerosas críticas. El entonces presidente Pujol o el obispo de Girona cuestionaron la redada dirigida por Luis Roldan. También Vazquez Montalban la cualificó de globo que iba a deshincharse. Tras el juicio, en efecto, la mayoría de ellos quedaron absueltos de unos cargos por los que fueron arrestados, incomunicados y encarcelados. Casi una veintena de los detenidos habían denunciado haber sido víctimas de torturas. Una vez sus denuncias fueron archivadas, iniciaron un largo periplo judicial de doce años para exigir justicia. Llegaron, finalmente, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que resolvió favorablemente sus reclamaciones en el 2004. La falta de investigación de los hechos – dictaminó– vulneraba la Convención europea de derechos humanos. Se imponía, así, una de las primeras condenas a un estado europeo en esa materia. No sería el único toque de atención. Un año después, por ejemplo, el Comité de la ONU para la Prevención de la Tortura (CPT) estimó la queja de dos arrestados – que tuvieron a Garzón como juez de guardia– sobre la falta de investigación de otras denuncias. El TEDH, de hecho, ha dictado hasta ocho condenas por el mismo motivo desde el año 2010 contra un estado que ha continuado haciendo oídos sordos.

En julio pasado, veinticinco años más tarde de la Operación Garzón, el Pleno del consistorio barcelonés aprobó una propuesta de la CUP sobre el asunto. El propósito de la iniciativa era reparar simbólicamente el daño causado a los afectados por la actuación ordenada por el ex–magistrado, ahora abogado. El texto logró salir adelante con los apoyos de Pdcat (ex CIU), CUP, ERC, BCNenComú y del concejal Gerard Ardanuy. La versión definitiva de la propuesta, tras la aceptación de una de las enmiendas de los comunes, excluyó la previsión de declarar a Garzón persona non grata en la capital catalana. La enmienda consideraba que una medida de esas características, nunca utilizada, era demasiado drástica, de dudosa legalidad y podía afectar a los derechos de quien la padecía.

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Montesquieu i la CUP de Barcelona

La convulsa situació que viu el país fa que els plens municipals esdevinguin caixa de ressonància de tot tipus de reivindicacions i conflictes. S’hi produeixen, llavors, batalles dialèctiques que després es traslladen a la xarxa i a vegades enfanguen la política. A Barcelona, és el que va succeir amb una moció de la CUP-Capgirem sobre un judici de cinc joves acusats d'alterar l'ordre públic arran d'una manifestació en favor de Can Vies.

Una de les qüestions controvertides del cas era la presència de la Generalitat com a acusació en un procés on es demanen penes de fins a 3 anys i 6 mesos de presó. A Barcelona, per evitar aquest tipus de situacions, a l'inici de mandat vàrem decidir retirar les acusacions municipals contra activistes. Es posava fi al criteri, iniciat durant el govern d'Hereu, d'exercir l'acusació en totes i cadascuna de les causes obertes per alteració de l'ordre públic. Ho explicava, poc després, en un article. La mesura va generar certa polèmica però, finalment, el Govern de Junts pel Sí també la va assumir parcialment arran del seu acord amb la CUP.

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Montesquieu y la CUP de Barcelona

La convulsa situación que vive el país hace que los plenos municipales se conviertan caja de resonancia de todo tipo de reivindicaciones y conflictos. Se producen, entonces, batallas dialécticas que después se trasladan a la red y a veces enlodan la política. En Barcelona, es lo que sucedió con una moción de la CUP-Capgirem sobre un juicio de cinco jóvenes acusados de alterar el orden público a raíz de una manifestación en favor de Can Vies.

Una de las cuestiones controvertidas del caso era la presencia de la Generalitat como acusación en un proceso donde se piden penas de hasta 3 años y 6 meses de prisión. En Barcelona, para evitar este tipo de situaciones, al inicio de mandato decidimos retirar las acusaciones municipales contra activistas. Se ponía fin al criterio, iniciado durante el gobierno de Hereu, de ejercer la acusación en todas y cada una de las causas abiertas por alteración del orden público. Lo explicaba, poco después, en un artículo. La medida generó cierta polémica pero, finalmente, el Gobierno de Junts pel Sí también la asumió parcialmente a raíz de su acuerdo con la CUP.

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Demos la cara ante la represión que perdura

"Hasta donde permita la ley y un poco más". El conseller del Interior del gobierno de CiU, Felip Puig, lo defendía sin rodeos en 2011. También el ministro Fernández Díaz. La frase es una buena síntesis de una determinada concepción de los derechos humanos. Y de un periodo de recortes en el que se tomaron numerosas medidas de dudosa legalidad. Las recientes órdenes judiciales de búsqueda y detención vinculadas a la web de delación ciudadana son el último ejemplo. Cuatro años después, sus efectos aún perduran a pesar de su posterior retirada o la sustitución del conseller. No se puede descartar que permitan llevar a la cárcel a unos jóvenes por su hipotética participación en la huelga general de 2012. Los hechos han sido denunciados en una campaña de apoyo a las redes tras la etiqueta #DonemLaCara. Y en la que se exige el cierre de los casos penales derivados de la polémica web promovida por Puig.

Recordemos el contexto de todo. El advenimiento de la crisis financiera vino acompañado de una política de restricción de derechos sociales impulsada por el Gobierno del PP, y también por el de CiU en Catalunya. Y con ello, su creciente reclamo por vías no institucionales. Con la irrupción del 15-M, la PAH, las mareas o las huelgas generales comenzó un ciclo de protesta inédito. Cuando crece la resistencia ciudadana contra privatizaciones y recortes, se acelera también su criminalización. Fernández Díaz y el conseller Puig reaccionaron, de hecho, con una batería de iniciativas para elevar el listón represivo como nunca. Entre ellas, se incluía la exigencia de mayor contundencia policial y judicial, la restricción del derecho de reunión, la prohibición de ocultar el rostro en manifestaciones, la designación de un fiscal especializado en desórdenes públicos, la creación de más unidades antidisturbios, cámaras de videovigilancia en los espacios públicos o la monitorización de las redes sociales. Estas medidas debían ir acompañadas de importantes cambios legislativos. Se reformó, así, el Código Penal y la ley de seguridad ciudadana conocida como ley "mordaza" o "anti-15-M".

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Donem la cara davant la repressió que perdura

“Fins allà on permet la llei i una mica més”. El conseller de l'Interior del Govern de CiU, Felip Puig, ho defensava sense embuts el 2011. També el ministre Fernández Díaz. La frase és una bona síntesis d’una determinada concepció dels drets humans. I d’un període de retallades en què es van prendre nombroses mesures de dubtosa legalitat. Les recents ordres judicials de cerca i detenció vinculades al web de delació ciutadana en són el darrer exemple. Quatre anys després, els seus efectes encara perduren tot i la seva posterior retirada o la substitució del conseller. No es pot descartar que permetin portar a la presó a uns joves per la seva hipotètica participació en la vaga general del 2012. Els fets han estat denunciats en una campanya de suport a les xarxes rere l’etiqueta #DonemLaCara. I en la que s’exigeix el tancament dels casos penals derivats del polèmic web promogut per Puig.

Recordem el context de tot plegat. L’adveniment de la crisis financera va venir acompanyat d’una política de restricció de drets socials impulsada pel Govern del PP, i també pel de CiU a Catalunya. I amb això, el seu creixent reclam per vies no institucionals. Amb la irrupció del 15-M, la PAH, les marees o les vagues generals va començar un cicle de protesta inèdit. Quan creix la resistència ciutadana contra privatitzacions i retallades, s’accelera també la seva criminalització. Fernández Díaz i el conseller Puig van reaccionar, de fet, amb una bateria d'iniciatives per elevar el llistó repressiu com mai. Entre elles, s’incloïa l’exigència de major contundència policial i judicial, la restricció del dret de reunió, la prohibició d’ocultar-se el rostre en manifestacions, la designació d’un fiscal especialitzat en desordres públics, la creació de més unitats antiavalots, càmeres de videovigilància als espais públics o la monitorització de les xarxes socials. Aquestes mesures havien d’anar acompanyades d'importants canvis legislatius. Es va reformar, així, el Codi Penal i la llei de seguretat ciutadana coneguda com llei “morrió” o “anti-15-M”.

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Assassins de raons

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  • Zona Crítica

    El voto en Catalunya: instrucciones de uso

    #5 por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=ox2VdpYFaCI&playnext=1&list=PLAA1E337D55A494CB&feature=results_main https://www.youtube.com/watch?v=jkVZ5ksUHmE https://www.youtube.com/watch?v=Huw4OJCM5rg&playnext=1&list=PL057713EBC6B7C0D9&feature=results_main