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Jorge Urdánoz Ganuza

Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra y del Master de Derechos Humanos de la Universidad Oberta de Catalunya. Ha sido Visiting Scholar en Columbia University y en la New York University. Es colaborador habitual en varios periódicos españoles. Acaba de publicar Veinte destellos de ilustración electoral (y una página web desesperada), un ensayo divulgativo sobre las técnicas habituales con las que los políticos manipulan las leyes electorales y sobre el desastroso modelo representativo que padecemos los españoles.
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Las otras tesis de los otros Camps

Este post surge como reflexión de urgencia a partir de los indicios de plagio ( aquí) que he podido encontrar en la tesis de Francisco Camps y de la consecuente campaña lanzada en Change.org para que se abra una investigación al respecto ( aquí). Mientras escribo esto, día y medio después de haberse iniciado la movilización, han firmado ya más de 125.000 personas y parece que la Universidad de Elche, en un gesto que la honra, va a investigar el asunto. Sería, de confirmarse, una excelente noticia… pero conviene profundizar un poco más.

Quizás lo más revelador de que algo no acaba de funcionar en nuestro modelo de investigación doctoral sea el número de sobresalientes en las tesis. Se sitúan, más o menos, en un 95%. Lo cual supone, claro, una inmensa contradicción incluso semántica, ya que "sobresaliente" viene lógicamente de sobresalir. Pero nuestra situación actual es tan estrafalaria que las tesis que realmente sobresalen –esto es: las únicas que pueden reclamar para sí con todo derecho la catalogación de "sobresalientes"– son aquellas calificadas con un notable o una nota inferior. Es el mundo al revés.

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Por qué no nos representan: las raíces de todo

Últimamente en España se habla mucho del sistema electoral, pero a mi juicio el debate no se encuentra bien encauzado. Antes de comenzar a hablar de listas abiertas, de circunscripciones únicas o de distritos uninominales, hemos de aclarar qué queremos representar. Por eso –y aunque parezca que nada tiene que ver– yo estoy convencido de que todo debate riguroso sobre el sistema electoral tiene que empezar por la cuestión del Senado.

¿Es necesario que existan dos cámaras? Les propongo lo siguiente para entender qué es lo que hay en juego aquí: supongan ustedes un parlamento mundial. Todos los países del mundo representados en la ONU, cada país con un peso proporcional a su población. Bien, en ese parlamento China y la India tendrían un 40% de la representación. Juntas podrían decidir prácticamente todo lo que quisieran. ¿Les parecería razonable? ¿Ustedes creen que sería, a día de hoy, un buen diseño democrático mundial? No. Ningún país querría estar bajo la soberanía de ese parlamento, porque sería casi como estar bajo la soberanía de China e India. España tendría el 0.7% de cuota parlamentaria… ¿cederíamos todo el poder decisorio a una cámara así? No, por supuesto.

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Chaparrón democrático

¿Se acuerdan de aquella memorable escena del Jovencito Frankenstein? En el cementerio, de noche y con un cadáver por desenterrar, el pobre Gene Wilder no puede creer que la cosa pueda empeorar, pero Aigor le desengaña. "Podría llover", elucubra. Y, dicho y hecho, chaparrón al canto. Algo muy similar está ocurriendo con la reforma electoral que plantea el Gobierno. Cuando ya nada quedaba por decir de nuestro desdichado modelo representativo –desigual, manipulado, maquiavélico, preconstitucional, absurdo, desproporcional–, cuando todos los movimientos que persiguen regenerar la democracia lo han ensartado en sus picotas de cabecera, cuando desde Podemos hasta Vox el lamento unánime es el ya célebre del "no nos representan", cuando suena insistente una reforma constitucional de calado… entonces, justo entonces, el Gobierno se descuelga con esto.

¿Y qué es esto? Pues, según parece, una ley por la que todo partido que logre –en las elecciones municipales– más del 40% de los votos pero menos del 50% pasará automáticamente a copar el 51% de los concejales y, por tanto, a nombrar al alcalde. El resto de partidos, que por definición sumarán siempre entre un 50% y un 60% de los votos y, por tanto, serán por definición y siempre una mayoría si votan conjuntamente, reciben siempre y por definición menos de un 49% de los escaños y quedan por tanto siempre y por definición (perdonen que insista) en minoría.

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¿Responsabilidad política? Pregunte en el extranjero

Es habitual afirmar que no se han de confundir la responsabilidad penal y la política. Ahora bien, ¿en qué consisten las diferencias y los parecidos entre ambas? Y, sobre todo, ¿qué es lo que falla institucionalmente entre nosotros en lo relativo a la responsabilidad política? Porque en España tal cosa sencillamente no existe, y ninguna democracia seria puede funcionar sin ella.

Cuando se sostiene que uno es inocente “hasta que se demuestre lo contrario”, algunos asumen que tal demostración llega con el juicio oral, esto es, tras meses o años de proceso. Es falso. Desde el principio hay un juez instructor, y ese juez instructor puede mandar al acusado a la cárcel, es decir: puede juzgar. ¿Es a día de hoy “inocente” Bárcenas, por ejemplo? No. Para el juez instructor es más bien culpable, por eso está en Soto del Real. El del juez instructor es un juicio, y tiene consecuencias inmediatas.

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¿Un golpe legítimo?

El golpe de estado de Egipto parece haber llevado al límite todas nuestras concepciones sobre la democracia. La tensión proviene del hecho de que chocan frontalmente dos legitimidades, y las dos reclaman para sí el mismo título de “democráticas”. Tomando prestada una distinción de David Brooks, uno de los defensores del golpe, podemos distinguir entre entre los partidarios del “procedimiento” y los de la “sustancia”. Para los primeros lo importante son las formas, esto es, las elecciones. Morsi había sido elegido democráticamente, y por tanto sólo mediante las urnas podía ser destituido. Para los segundos lo importante no es tanto cómo se hacen las cosas, sino qué cosas se hacen. El origen electoral de un gobierno no lo legitima para llevar a cabo cualquier tipo de política, y Morsi habría demostrado con su acción de gobierno que el islamismo, también el moderado, es esencialmente incompatible con los postulados de la democracia.

Por debajo de esta escueta presentación bulle, por supuesto, un debate filosófico endiabladamente complejo. Ambas perspectivas son en lo básico completamente ciertas, y lo son por igual. De hecho, las democracias asentadas combinan los dos aspectos. El sustancial mediante una Constitución que garantiza ciertos derechos que nadie, ni siquiera una mayoría, puede tocar. El procedimental, mediante elecciones periódicas que posibilitan que las diferentes mayorías hagan y deshagan en el gobierno y se turnen el poder. Pero incluso en las democracias más estables ambos planteamientos conocen momentos de fricción. A las chispas que entonces brotan las denominamos “desobediencia civil” u “objeción de conciencia”, las formas habituales en las que se expresa el choque entre lo legítimo y lo mayoritario entre nosotros.

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