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José Pedro Martínez

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Agentes de EEUU niegan el paso a quienes piden asilo en la frontera con México

Policías del departamento de protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) están rechazando solicitantes de asilo de "forma ilegal" en la frontera con México, según una investigación de la ONG Human Rights First. Las primeras denuncias surgieron hace unos meses desde grupos de abogados que asesoran voluntariamente a personas que llegan a Tijuana huyendo de amenazas y situaciones de prominente peligro.

El informe de Human Rights First evidencia un total de 125 casos en los que las autoridades actuaron "de forma irregular" en la atención a quienes pedían el acceso a la garita fronteriza para pedir asilo.

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Miles de haitianos permanecen varados en la frontera de México con el objetivo de llegar a EEUU

Martin es un joven haitiano de 31 años que vive desde hace dos meses en un campamento improvisado en el patio trasero de un albergue para migrantes de Tijuana. Viajó por tierra desde Brasil, donde se ganaba la vida como profesor de francés y operario de maquinaria de construcción durante los últimos años, hasta que la crisis económica le empujó a invertir sus ahorros tratando de llegar a Estados Unidos. En la ciudad fronteriza de México debe esperar tres meses más para su cita de solicitud de visado humanitario con las autoridades estadounidenses.

“Vivía muy bien en Brasil, pero en el último año las cosas cambiaron mucho y decidí irme. Con mi trabajo podía enviar dinero a mi familia en Haití, pero ya ni siquiera podía pagar el alquiler. Todo el país se ha vuelto muy inestable”. Como él, más de 19.000 migrantes haitianos y de origen africano han llegado a México por Chiapas desde marzo de 2016 y han obtenido un permiso del Instituto Nacional de Migración para cruzar el país hasta la frontera norte.

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“Voy a cruzar la frontera antes de que llegue Trump o será imposible volver con mis hijos"

Con casi 60 años, Raquel ha pasado media vida luchando contra las leyes migratorias de Estados Unidos. Natural de Tijuana, cruzó por primera vez la frontera con 19 años para buscar una mejor vida con su marido y sus dos hijos. Ya establecida en California, tuvo otros cuatro bebés. La más pequeña nació con una grave enfermedad, y tras varias deportaciones, el Estado se la arrebató para mantenerla en un centro bajo tutela. Ahora sobrevive en Tijuana vendiendo lo que encuentra en un mercadillo.

“Voy a cruzar la frontera. No tengo paz, quiero recuperar a mi hija antes de que llegue Trump”. Su niña no habla ni camina, tiene ataques epilépticos y distrofia muscular. Usa pañales y necesita cuidados todo el día. Tiene 25 años, “ya es una mujer”, lamenta.

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La violencia policial reprime la revuelta de los jornaleros indígenas del norte de México

La violencia ha estallado en el remoto Valle de San Quintín, en el Estado norteño de Baja California (México), escenario del nacimiento de uno de los movimientos obreros más importantes en la zona. Las fuerzas policiales irrumpieron en las casas de los trabajadores durante la noche del viernes al sábado, golpeando a mujeres y niños, según los testimonios de los jornaleros, tratando de encontrar a los cinco vocales del movimiento independiente que desde marzo ha organizado en diversas huelgas a unos 30.000 jornaleros indígenas explotados por las empresas agrícolas de la región. El enorme contingente policial abrió fuego contra los campamentos de los manifestantes, dando como resultado tres personas muertas y al menos otras 70 con heridas de proyectiles de goma y golpes, según los trabajadores.

Los sucesos de este viernes son el último episodio de unas revueltas en las que algunos grupos de jornaleros iniciaron bloqueos en varios puntos de la única carretera que atraviesa los 1.700 kilómetros de la península desde Tijuana, provocando la actuación de los antidisturbios que cargaron contra ellos apoyados por carros blindados y munición real. 

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Qué corrige (y qué no) la nueva reforma migratoria de EEUU

La noche de este jueves, Álex Castillo sintió un miedo muy parecido al que tuvo el 11 de septiembre de 2011. Barack Obama anunciaba su esperada acción ejecutiva en materia migratoria a través del televisor del Búnker, un refugio en el que conviven un grupo de seis exmilitares estadounidenses deportados en Tijuana. “Aquel día supe que iría a la guerra de Afganistán para participar en la operación Libertad Duradera. Hoy sé que no tengo posibilidades de regresar a mi país”. La decepción se aprecia en su rostro. Comparte indignación con una mujer separada por una frontera de sus hijos no puede reprimir sus lágrimas al escuchar los requisitos de la nueva reforma. El presidente se ha olvidado de ellos.

Entre cuatro y cinco millones de personas sin papeles en Estados Unidos (de los más de 11 que residen irregularmente en el país), podrán vivir sin temor a ser deportados gracias a este decreto presidencial, al menos de manera temporal. Pese a que la noticia ha sido difundida con una buena dosis de optimismo y júbilo por los medios de comunicación internacionales, son varias las organizaciones de derechos humanos que han llamado a la calma. La respetada ACLU (American Civil Liberties Union) emitió un comunicado en el que manifestó que las medidas no son una solución completa a los problemas que afectan al sistema. “Estamos muy preocupados por los derechos de los seis millones de inmigrantes no beneficiados”.

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Expulsadas de EEUU y separadas de sus hijos por una frontera

Yolanda pasó las últimas horas del 2010 desnuda en la garita fronteriza de la ciudad mexicana de Tecate, después de un encontronazo con agentes de aduanas que terminaron rompiendo su visa de turista cuando se disponía a pasar con normalidad el puesto de control. "Me tocaron en todos los lugares en los que creían que podría llevar algo escondido, me trataron como si fuera una narcotraficante".

Una oficial le apretó las esposas con saña y en el camino al autobús de traslado a Tijuana le dislocó un hombro. Tras dos días recluida en una hedionda celda llena de mujeres de diversas nacionalidades, le dieron un papel de deportación y una expulsión instantánea a México, de donde había salido 17 años atrás. Desde entonces, no ha vuelto a ver a su hija, que se quedó en San Diego esperando que alguna de las dos regularizara su situación legal.

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