El consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y la directora general de MARE, Rosa Inés García, han presentado sus dimisiones a la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, con el objetivo de evitar que ésta sea expedientada por la dirección del PSOE.

Las renuncias de los responsables de estas empresas públicas se produce pocas horas antes de que concluya el ultimátum dado por la secretaria de Política Municipal socialista, Isabel Fernández, quien el pasado jueves emplazó a la vicepresidenta a ejecutar ambos ceses en el plazo máximo de una semana o se le abriría un expediente disciplinario.

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha decidido poner su cargo a disposición del secretario general de su partido, el socialista Pablo Zuloaga, a quien ha comunicado que se mantiene firme en su voluntad de no cesar a los responsables de las empresas públicas Sodercan, Salvador Blanco, y MARE, Rosa Inés García, ni a ningún otro miembro de su equipo.

A través de una carta enviada al propio Zuloaga y en otra misiva remitida a la secretaria de Organización del PSC-PSOE, Noelia Cobo, la vicepresidenta se ratifica en su decisión y traslada la presión a la Ejecutiva Regional del PSOE, a la que reta a seguir los mismos pasos que tomaron previamente con el destituido Ramón Ruiz, que fue apartado de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte hace unos días.

El revés que supuso el rechazo por parte del Gobierno de Cantabria de aplicar  una moratoria a la planta de cloro de Solvay para adaptar su tecnología a los estándares europeos en una plazo más amplio de tiempo ha puesto también en entredicho la cuantiosa inversión económica pactada con la multinacional portuguesa CUF, cercana a los 40 millones de euros, prevista en la factoría de Barreda.

Así lo confirman todos los sindicatos que integran el comité de empresa -UGT, USO y CCOO- consultados por eldiario.es después de la reunión que los representantes de los trabajadores han mantenido a lo largo de este miércoles con la dirección de la planta de cloro de Solvay.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) encontrará este martes un aliado de excepción en Cantabria con el apoyo expreso de la máxima autoridad de la comunidad autónoma a su propuesta de sacar adelante una Ley de Vivienda que ponga freno a la emergencia habitacional. El presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), firmará  un compromiso de apoyo a las demandas del colectivo antidesahucios y sumará a su partido a una reivindicación que ya habían suscrito otras formaciones políticas como Podemos.

El documento será rubricado por el secretario general de PRC y la presidenta de PAH Santander, María Antonia Luengo, en un acto en la Sala Polivalente del Parlamento de Cantabria, y que contará con la presencia de varios miembros de la plataforma, del consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Mazón, y del portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando.

Según han reconocido desde la PAH a lo largo de la legislatura,  en Cantabria se han hecho "avances" en materia de vivienda pública y alquiler social durante los últimos años. Además, la plataforma ha defendido en reiteradas ocasiones la labor de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional que puso en marcha el bipartito PRC-PSOE presidido por Revilla, pero insisten en que todas estas medidas "son insuficientes" y piden al Ejecutivo que reafirme sus buenas intenciones con partidas presupuestarias reflejadas en las próximas cuentas públicas.

Ahora, con el apoyo explícito del máximo responsable del Gobierno de Cantabria, desde la PAH confían en que la iniciativa estatal que están impulsado para poner sobre la mesa "cinco propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios" tenga un reflejo equivalente en Cantabria.

La Ley de Vivienda que plantea la PAH para que sea tramitada en el Congreso de los Diputados incluye medidas como la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible, el fin de los desahucios, la vivienda social y unos suministros básicos garantizados, todo ello con el objetivo de "apuntalar el Derecho Universal a la Vivienda".

En una reunión previa la pasada primavera, tanto el presidente de Cantabria como el consejero de Obras Públicas y Vivienda, ambos regionalistas,  habían mostrado su interés de estudiar el articulado de esta ley y ratificaron su intención de incrementar los recursos de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional.

Según los datos difundidos por el Gobierno de Cantabria, este organismo público atendió el pasado año un total de 174 casos, de los cuales 82 se encontraban en una situación de emergencia que les impedía el acceso a una vivienda digna. En concreto, 45 tenían el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado o finalizado y a 37 se les había abierto el trámite de desahucio de alquiler o era previsible por impago.

Sobre el informe de esta Oficina, el consejero señaló en una intervención reciente que el año pasado se evitó que 26 familias fueran desahuciadas de sus viviendas, 5 por incumplimiento del pago de la hipoteca y 21 por impago de alquiler, y que se alojó a 22 familias en el parque público de alquiler.

Francisco Fernández Mañanes (Palencia, 1967) ha pasado de estar retirado de la primera línea política a ocupar uno de los cargos más relevantes del Gobierno de Cantabria. En 2015, decidió voluntariamente dar un paso atrás tras haber sido diputado regional durante dos legislaturas y después de haber intentado sin éxito en dos ocasiones alcanzar el liderazgo del PSOE, partido en el que milita desde hace 35 años. Volvió entonces a su puesto como profesor de Secundaria en Camargo, y desde hace apenas una semana es el máximo responsable de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a propuesta de la nueva dirección de los socialistas, que decidió cesar a Ramón Ruiz por su negativa a acatar las decisiones del partido.

Con fama de ser una persona dialogante y considerado uno de los mejores oradores que ha pasado por el Parlamento en los últimos años, deberá demostrar en estos casi dos años que restan para las próximas elecciones su valía como gestor. No tiene un reto fácil. Llega a una de las áreas más sensibles, a un departamento agitado por la inesperada marcha de su antecesor, con cambios importantes, como el nuevo calendario escolar, que aún deben asentarse y con retos, como el nuevo Museo de Prehistoria, aún por definir. 

El PSOE de Cantabria ha puesto en marcha el reloj con la cuenta atrás con la que pretende poner fin a la crisis interna que está desangrando al partido. La nueva dirección encabezada por Pablo Zuloaga ha perdido la paciencia con las constantes desautorizaciones públicas que viene realizando durante las últimas semanas su antecesora en el cargo y actual vicepresidenta y ha lanzado un órdago a Eva Díaz Tezanos: o realiza los ceses exigidos en el plazo de una semana o se le abrirá un expediente disciplinario que puede desembocar en su expulsión.

Así lo ha confirmado la número tres de los socialistas cántabros y responsable de Política Institucional, Isabel Fernández, en declaraciones a la Cadena SER, en el transcurso de una entrevista en la que la exalcaldesa de Cabezón de la Sal también ha asegurado que, en caso de que Díaz Tezanos no cumpla con las directrices del partido, "se aplicará la normativa reglamentaria hasta el final".

La tormenta política desatada en Cataluña tendrá consecuencias inmediatas en el resto de comunidades autónomas, una evidencia que ha confirmado el propio ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. El PP no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y el Gobierno de Rajoy los prorrogará hasta nueva orden, un hecho que pone en riesgo la aprobación de las cuentas públicas de Cantabria para el próximo año.

El bipartito PRC-PSOE está dando estos días los primeros pasos para diseñar su proyecto de ley, que se ha comprometido reiteradamente a tener aprobado de cara al 1 de enero, pero esta decisión del Estado obligará a los socios de Gobierno a negociar con una mano atada a la espalda, ya que no contarán con datos definitivos de la aportación del Ejecutivo central a Cantabria.

El histórico militante comunista Manolo de Cos Borbolla ha fallecido este martes a los 97 años de edad después de una vida en la que se convirtió en un referente antifranquista por su compromiso con la justicia social y la democracia. Nacido en el pueblo cántabro de Rábago en el año 1920, mantuvo una intensa actividad política y ejerció como activista en distintas causas, desde la recuperación de la memoria histórica al ecologismo.

Este represaliado durante la dictadura se definía en  una entrevista con eldiario.es como "un ciudadano del mundo que vive donde le pilla la noche" y había superado una historia que muy pocos pueden contar: sobrevivió a una condena a muerte. Y es que fue encarcelado y acusado de ser "incendiario de iglesias e imágenes", pero la intervención de un sacerdote que certificó la falsedad de los hechos le permitió recuperar la libertad después de ocho años de reclusión y trabajos forzados.

La escritora madrileña Almudena Grandes mantendrá este próximo miércoles 27 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, un encuentro con los lectores en el local de la Librería Gil situado en la Plaza de Pombo de Santander, en un acto que servirá para que la autora presente públicamente ' Los pacientes del doctor García', una novela que culmina la serie 'Episodios de una Guerra Interminable'.

Este libro cuenta cómo el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa tras la victoria de Franco. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937.