Tras meses negándolo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que al menos nueve de las residencias de mayores que gestiona precisan " una actuación intensiva e inmediata" para paliar sus deficiencias asistenciales: más profesionales y reconocer que los ancianos se han convertido en grandes dependientes. 

Lo hace presentando un plan sin detallar con una nota de prensa y después de que dos de sus centros estén investigados judicialmente por la muerte de algunos residentes. Lo hace después de que el consejero encargado, Carlos Izquierdo, despachara las críticas de los profesionales ante la falta de medios con un "ladran, luego cabalgamos" en el Parlamento regional.

"La despoblación comienza a producirse en pueblos pequeños por la desaparición de la única escuela del municipio", cuenta Marco Antonio Campos, presidente del Foro de la Escuela Pública Rural de Castilla-La Mancha. El Congreso de los diputados comparte esta preocupación y ha pedido fondos en un plan nacional para salvar los centros rurales de la desaparición. Con ellas se va la población.

En poblaciones con centenares de habitantes estos pequeños recursos de educación Infantil y Primaria –en algunas comunidades pueden mantenerse abiertos con cuatro alumnos– sirven de reclamo para que las familias no emigren.

Una afiliada del Partido Popular del distrito madrileño de Vicálvaro denunció en mayo ante la dirección regional presidida por Cristina Cifuentes y un juzgado de instrucción unos comentarios machistas sobre ella y su familia. Entre la documentación aportada, a la que ha tenido acceso eldiario.es, hay mensajes de un grupo de WhatsApp llamado 'Populares Vicálvaro' en el que se refieren a ella como "mojón rubio o zanahoria ", dependiendo del color del tinte de su pelo.

También ha denunciado comentarios como "[el mojón] hoy venía oxidado ... no me extraña... hay q tener estomago" [sic] o "creo q el negro cuando acabe con el mojon viene a por [un miembro del chat que participaba activamente en él]" [sic]. La Comisión de Garantías del partido ha abierto un expediente y los instructores que llevan el caso proponen archivarlo al enmarcar los mensajes en un contexto privado, pero este organismo todavía no ha tomado una decisión final.

Desde que Daniel Román  comenzó el proceso de reasignación de sexo, este enfermero madrileño sostiene que la ONG para la que trabaja no ha hecho más que ponerle trabas. Un año después de comunicar a sus jefes que había comenzado el proceso de hormonación, le despidieron. Su cese, en el 2013, generó tal revuelo mediático que la entidad tuvo que readmitirle unos meses después

Ahora cuenta a eldiario.es que, nada más reincorporarse, el trato "era cordial" en su puesto de trabajo. Aunque la relación se volvió a deteriorar y el año pasado les denunció por el acoso que "viene sufriendo desde que se sometió a un tratamiento de cambio de sexo". Este miércoles se celebra el juicio, en el que defenderá que la ONG inició una estrategia para volver a despedirle, emitiendo sanciones que asegura que no están bien argumentadas.

La tasa española de Abandono Escolar Temprano (AET) duplica a la de la Unión Europea y el porcentaje de alumnos de nuestro país que repiten algún curso es tres veces mayor que la media de la OCDE. El sistema educativo español tiene un problema para combatir la exclusión educativa y reenganchar a los estudiantes que van encadenando asignaturas suspensas: Unicef ha advertido recientemente que los programas de enseñanza inclusiva no están siendo "eficaces".

"Cuando comencé a suspender y repetir ningún profesor se sentó conmigo. En el instituto nadie me ayudó a organizarme, ni me preguntaron qué me estaba pasando", cuenta Salma. A esta joven de 20 años, residente en el barrio madrileño de Carabanchel, nunca le había quedado una asignatura pendiente, hasta que llegó a tercero de la ESO. En ese momento se encontró una barrera tanto emocional como educativa que no supo abordar.

Los recortes continúan azotando a los centros educativos públicos. Las familias están haciendo frente a pagos a lo largo del curso para materiales, aplicaciones informáticas, libros digitales, actividades educativas complementarias, obras en las instalaciones, suministros y personal que cubra la atención higiénica de los menores.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha hecho público este jueves un estudio denunciando esta situación tras haber entrevistado a 1.400 familias, de ellas 1.266 (89%) han escolarizados a sus hijos en centros públicos.

Con el comienzo del curso político, la subcomisión abierta en el Congreso en la que se debate un pacto de Estado por la educación ha vuelto a recibir comparecientes. Tras el parón veraniego, el investigador  Lucas Gortázar ha sido el primero en aportar su visión del sistema de enseñanza. Este académico especializado en educación de la Universidad del País Vasco y miembro del Proyecto Atlántida, centrado en temas de enseñanza, ha defendido la necesidad de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que aporte una financiación necesaria para que alcanzar un sistema educativo equitativo y de calidad. 

Planteó esta reivindicación después de que este mes la OCDE confirmase que España continúa teniendo un gasto educativo inferior a la media de esta organización, que no bajó del 11% durante los peores años de la crisis. Sin embargo, en nuestro país en  2008 suponía un 9,4% y seis años después, el último del que hay cifras, un  8,2%.

Shane Ortega abandonó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el año pasado. Tras 11 años sirviendo, primero en el Ejército y luego en la Armada, en 2015 se convirtió en el primer soldado norteamericano abiertamente transexual después de que el Washington Post publicase su historia.

Ahora retirado, es una de las voces que hablan más alto tras la decisión comunicada este verano por el presidente estadounidense, Donald Trump, de vetar a los transexuales en el servicio militar. "Creo que no afecta solo a los miembros del servicio militar, también a la sociedad americana", explica desde California, en conversación telefónica con eldiario.es.

Tras la batería de quejas presentadas durante los últimos meses por la situación en la que se encuentran las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo ha pedido mejoras al Gobierno de Cristina Cifuentes en estos centros de mayores. "Considera que los centros y su personal necesitan adaptarse a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo", apunta esta institución en un comunicado.

"Las quejas recibidas en el último año trasladan una pérdida de calidad en la atención a los mayores y escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas con un grado de dependencia cada vez más elevado", inciden. Además, en este escrito informan que la institución ha "transmitido también a la Consejería madrileña su preocupación por los graves sucesos acaecidos en los últimos meses en distintas residencias de la Comunidad".