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Lina Gálvez

Lina Gálvez Muñoz es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Es doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y ha sido profesora de las universidades de Reading, Sevilla y Carlos III, y como profesora visitante de la Universidad de Oxford. Dirige el observatorio de igualdad GEP&DO y los masters universitarios en Género e Igualdad y el de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. Su investigación se ha centrado en el análisis de las desigualdades, especialmente las de género; el análisis de los tiempos y los trabajos en los mercados y las familias; así como los efectos de género de las crisis económicas y las políticas de austeridad.

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El agotamiento social de las mujeres

La feminización de la pobreza es un hecho probado estadísticamente. Sin embargo, la brecha entre mujeres y hombres no suele ser tan abultada como podría pensarse dadas las brechas de género en empleo, renta, patrimonio, acceso al crédito o en la familia. Primero, esto tiene que ver con la forma en la que se mide la pobreza donde la familia es una unidad ausente de conflicto y discriminaciones internas. Y segundo, con la aproximación a la pobreza como una cuestión monetaria, cuando tiene un carácter multidimensional. Ambas cuestiones responden a la limitada aplicación del enfoque de género en la construcción estadística y el análisis social y económico. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las estadísticas sobre pobreza miden los ingresos de los hogares en su conjunto y el total se divide entre unidades de consumo asumiendo que todos los miembros disfrutan de un reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, es importante recordar que la familia es, en palabras de Amartya Sen, un lugar de conflicto cooperativo.

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¿Quién va a capitalizar el 4D en Andalucía?

El 4 de diciembre las y los andaluces celebramos un momento histórico de movilización ciudadana en que pedimos la autonomía como forma de acabar con el subdesarrollo histórico andaluz. Recordamos las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en 1977 y llevaron en torno a dos millones de personas a la calle para reclamar "Libertad, autonomía y estatuto de autonomía", como bien se recordaba ayer en este mismo diario.

Hasta este año, 2017, su celebración había sido minoritaria y subsidiaria de los actos del día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero coincidiendo con el referéndum sobre el Estatuto de autonomía convocado en esa fecha en 1980.

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La pobreza y el valor del tiempo

Si buscamos el significado de la palabra valor en el DRAE, la primera acepción que nos encontramos es la del "grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite". Sin duda, disponer de tiempo para poder realizar las actividades que nos satisfagan, nos permitan acceder a los recursos que necesitamos para vivir, o realizar las actividades fisiológicas básicas que permiten nuestra existencia, tiene un valor incalculable, sobre todo para determinados grupos sociales y etapas de nuestro ciclo vital.

Pero aún así, en una sociedad de mercado y dentro del proceso de mercantilización constante de nuestras vidas, todo tiende a tener un precio. Y aunque ya popularizara Antonio Machado la frase de Francisco de Quevedo, "sólo el necio confunde valor y precio", la segunda acepción de la palabra valor que nos encontramos en el DRAE es la de "cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente".

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Pactos, elecciones catalanas y transición política

Faltan pocas horas para que los partidos políticos que concurren a las elecciones catalanas del 21 de diciembre perfilen sus candidaturas y sus alianzas. Según los plazos establecidos en el artículo 44 de la Loreg, "los partidos que se presenten en coalición deben comunicarlo a la Junta Electoral competente en los diez días siguientes a la convocatoria". Esto supone que el plazo para hacerlo vence el martes 7 de noviembre. Aunque todavía habría cierto margen para presentar “marcas blancas” que hicieran ganar tiempo para llegar a acuerdos entre partidos.

El sistema electoral catalán hace que las mayorías parlamentarias no siempre se correspondan con mayorías sociales, ya que los votos emitidos en zonas menos pobladas tienen más peso en el cómputo total que los que corresponden por ejemplo a Barcelona y su zona metropolitana. Esto además, favorece a las candidaturas mayoritarias, lo que puede suponer un incentivo para crear coaliciones de manera que se optimice la conversión de votos en escaños, siempre y cuando se tengan objetivos comunes o por lo menos “enemigos comunes” que compensen la renuncia de objetivos programáticos propios en aras de un interés común superior.

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El precio de la libertad en Catalunya

Hace días que quiero hablar de los costes de la "libertad" en Catalunya. No de los vinculados con la privación de libertad que sufren algunas personas como los jordis, que sin duda ya están pagando en prisión el precio de la libertad  -también  el de saltarse la legalidad vigente. Tampoco quiero hablar de los costes económicos que ya está teniendo el Procés o de los que tendría la independencia, siquiera de los que tendrá la Catalunya intervenida. La prensa está llena de análisis pormenorizados de los puntos que se dejaría el PIB, las consecuencias de la fuga de empresas, los efectos sobre la prima de riesgo, sobre el reparto de la deuda exterior o cuáles serían los costes fiscales que para el estado español tendría una Catalunya independiente.

A mí me interesa hablar sobre lo que las élites independentistas han ocultado en público. Me interesa hablar sobre quiénes habrían pagado el precio de esa libertad. Aunque después de la temeraria propuesta que hace unas horas ha elevado el gobierno de Rajoy al senado para la aplicación del artículo 155, creo que también es necesario hablar del precio que no solo los catalanes sino también el resto de los españoles vamos a pagar por el intento del independentismo de conseguir su "libertad" sin el consenso social suficiente en Catalunya y saltándose las leyes.

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Élites económicas y procesos políticos…en Catalunya

La crisis institucional de Cataluña y del Estado español ha estado marcada esta semana por la huida de depósitos bancarios y de la sede social de las grandes empresas –también pequeñas y medianas- de Cataluña. Y no paro de escuchar entre quienes creían que con muestras de fraternidad y diálogo el nacionalismo catalán recularía un "qué pena que lo que haga bajar el soufflé sean los intereses económicos".

A mí personalmente no me extraña por al menos cuatro razones:

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El Brexit y el Procés. Sobre relatos y rupturas  

En estos días en los que el Procés ocupa todo el espacio informativo de los medios de comunicación catalanes y españoles, leo con preocupación noticias en la prensa británica sobre el deterioro de la convivencia en el Reino Unido post-Brexit. Noticias a las que pongo rostro cuando mis amistades residentes desde hace años en Gran Bretaña me relatan la humillación a la que están siendo sometidas en el proceso de solicitud de la nacionalidad británica, la misma que ya venían sufriendo los residentes no comunitarios -a excepción de los ricos- al menos desde 2013.

Obviamente, el Brexit y el Procés no son iguales, pero comparten relatos separatistas de naturaleza semejante. Relatos de fantasías, de superioridad, o de agravios en algunos casos artificialmente construidos. Y también comparten lo poco atractivas que resultan las realidades de las que se quieren separar, la Unión Europea en el caso británico y el Reino de España, en el caso catalán. En el caso español, además, esa realidad se hace aún menos atractiva para las y los catalanes gracias a la miopía y prepotencia de un nacionalismo español, perfectamente representado por el gobierno del Partido Popular que fabrica independentistas catalanes a diario.

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La jibarización de las identidades catalana y española

En el ensayo "Identidad y Violencia", el premio nobel de economía y también filósofo Amartya Sen analiza la violencia y la intolerancia que se alcanza cuando reducimos las múltiples identidades que todas las personas tenemos a una sola. O cuando ésta es tan predominante que nuestra identificación con ella y nuestra adhesión al grupo que comparte dicha identidad permiten justificar cualquier actuación del grupo, incluso aquélla que va en contra de principios que de manera individual defendemos.

Se trata de identidades únicas, estáticas y atemporales, que no evolucionan porque en realidad son esencias, cargadas las más de las veces de superioridad y xenofobia. Identidades esenciales que, salvo honrosas excepciones históricas, se tornan siempre violentas en la construcción de los estados-nación, de las nuevas naciones. Y cuando escribo "violencia" no me refiero solamente a la física, aunque ésta siempre puede hacer acto de presencia en cualquier momento, incluso de manera accidental. La paz es frágil.

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Rebaja de impuestos y dependencia

En estos días, las supuestas bondades asociadas a la bajada de impuestos han vuelto a copar titulares de prensa debido a la rebaja de impuestos pactada entre Ciudadanos y PP. El tanto se lo ha apuntado Ciudadanos. Pero ¿a quién le ha metido el gol? A nadie, al PP, a la sociedad española en general o a amplios grupos de la misma.

Sin duda, es posible que el PP hubiera obtenido un mayor rédito electoral de haber llevado la iniciativa en la bajada de impuestos. Aunque también es cierto que al ceder ante Ciudadanos, se garantiza su continuidad en el Gobierno. Y seguir gobernando cuando no se tiene mayoría absoluta puede considerarse un triunfo en sí mismo. Así que cabe preguntarse por el efecto de esta rebaja fiscal en la sociedad española y en grupos concretos de personas. Especialmente importante me parece la apuesta política de bonificar a las familias con personas dependientes frente a fomentar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia.

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El CETA y las mujeres: hay razones para oponerse

El CETA es el acuerdo económico comercial global entre la Unión Europea y Canadá. Este acuerdo no pone énfasis en la bajada o anulación de aranceles sino en la apertura de nuevos mercados para las empresas globales (principalmente en el comercio de servicios y la contratación pública) y, sobre todo, en la cooperación reglamentaria y en la puesta en marcha de nuevas reglas de juego, incluyendo tribunales de arbitraje internacional para dirimir los litigios entre los inversores internacionales y los estados (ICS, Investment Court System).

Estos tribunales suponen una limitación de la soberanía nacional, y pueden intimidar o  incluso coaccionar a los estados para que no desarrollen  políticas que puedan ir en contra de los intereses de los inversores internacionales. Concretamente, el que está previsto en el CETA limita competencias y jurisdicción a los tribunales españoles y usurpa funciones judiciales estatales, a la vez que garantiza derechos a los inversores extranjeros que no están permitidos a la ciudadanía ni a los inversores nacionales en sus propios territorios. Por esa razón esta siendo criticado por diversas organizaciones de juristas, como la Asociación Europea de Magistrados. Y también debe serlo desde una perspectiva de género.

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