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Marina Albiol

Eurodiputada y portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo y responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida.

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La política migratoria europea como nueva forma de colonialismo

Hace mucho tiempo que las instituciones europeas decidieron que una de sus principales razones de ser es la lucha contra lo que ellos llaman "inmigración ilegal". Incluido en los planes de seguridad de la Unión Europea, lo asimilan a la lucha contra el tráfico de drogas o de armas ilegales. Sitúan al migrante como un elemento nocivo en sí mismo como si fuera un alijo de heroína, o peligroso como una ametralladora.

Y las políticas que llevan aplicando treinta años para frenar la entrada de personas migrantes en situación administrativa irregular o expulsarlos cuando ya están en territorio UE van desde las vallas de  Ceuta Melilla a las deportaciones forzadas, pasando por las redadas racistas, y las detenciones y muertes que se producen en los CIE.

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"Casos aislados" de lesa humanidad

"El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!..."― Bertolt Brecht

No existe ningún elemento para pensar que detrás de los robos de bebés haya existido "un plan sistemático", "motivaciones políticas" o algún tipo de "organización". Estamos ante "casos aislados" y, por tanto, no podemos hablar de delitos de lesa humanidad, vino a afirmar el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la reunión que mantuvo con los eurodiputados que visitamos Madrid hace unos días en el marco de la misión de investigación del Parlamento Europeo sobre la trama de los niños robados.

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Macron no frenará a la extrema derecha de Le Pen: sólo la izquierda organizada lo conseguirá

Los resultados de las elecciones francesas no deberían sorprendernos. Son el reflejo electoral de la situación que están engendrando las políticas que promueve la Gran Coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas que gobiernan la Unión Europea. Son políticas basadas en los recortes a los derechos y servicios públicos, el único mecanismo de redistribución de la riqueza existente en la actual Unión Europea, por lo que su primera y más directa consecuencia es el aumento de las desigualdades. Para cumplir las exigencias de un déficit inferior al 3%, el Gobierno socialdemócrata francés aplicó recortes por valor de 50.000 millones de euros, el 40% de los cuales fueron al sistema de salud y a los sistemas de protección social para las personas paradas o jubiladas.

A pesar de que estas políticas enfrentaron a Hollande con las bases de su organización política y con los sindicatos, el presidente francés hizo los recortes no por una imposición de Bruselas como algunos intentaron vender, sino porque su mismo Gobierno fue parte de ese consenso existente en Europa que criminaliza la inversión pública y premia el beneficio ilimitado de las grandes empresas.

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Pistoleros modernos

La celebración del 6º Salón de las Tecnologías de Defensa y Seguridad Nacional en Madrid ha cosechado el rechazo de muchos colectivos sociales, de izquierdas y del propio Gobierno municipal de Ahora Madrid, y es una buena ocasión para recordar qué hay detrás de la guerra, ese “monstruo grande” que “pisa fuerte toda la inocencia de la gente”.

Si algo está preñado de cinismo es la guerra, cuya primera víctima es la verdad. A propósito de la incompetencia y desprecio por la vida de los seres humanos de los altos mandos de los distintos ejércitos implicados en la Primera Guerra Mundial -desde los alemanes a los británicos, pasando por los franceses o rusos-, el primer ministro británico, Lloyd George, le decía a un periodista de la época: “Si la gente supiera [la verdad], la guerra se detendría mañana mismo. Pero, por su puesto, ni la saben ni deben saberla” ( El siglo de la revolución, de Josep Fontana).

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PP, PSOE y Ciudadanos aprueban el CETA en la Eurocámara, pero aún podemos pararlo en el Congreso

Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui, José Blanco, Esteban González Pons, Javier Díaz de Mera, Pilar del Castillo, Luis de Grandes, Teresa Jiménez Becerril, Javier Nart, Izaskun Bilbao y Ramon Tremosa son sólo algunos de los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdC la gran coalición europea, que han votado este miércoles a favor de la ratificación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá.

El texto ha contado con 408 votos favorables, 254 en contra y 33 abstenciones y ha sido aprobado antes de someterlo a votación en los parlamentos estatales de los Estados miembros para presionar a los gobiernos europeos y blindarlo, ya que se empezará a aplicar de manera provisional y ya no podrá ser modificado.

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No, no estamos ante el fin de la Gran Coalición en Europa (desafortunadamente)

El pleno del Parlamento Europeo decide este martes a su nuevo presidente tras la huida de Martin Schulz a Alemania. Atendiendo a la lógica turnista de la Gran Coalición, Antonio Tajani, el candidato conservador, debería ser quien ostente la Presidencia en los dos años y medio que quedan de legislatura. Al menos, esto es lo que acordaron el 24 de junio de 2014, un mes después de las elecciones europeas, los presidentes de los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Manfred Weber y el propio Schulz.

Ambos firmaron un contrato que decía lo siguiente: "El Grupo PPE y el Grupo S&D acuerdan que durante el periodo legislativo 2014-2019 del Parlamento Europeo deberán apoyarse mutuamente en la elección del presidente del Parlamento Europeo. Acuerdan que el Grupo S&D elegirá al presidente del Parlamento Europeo en la primera mitad de la legislatura y el Grupo PPE en la segunda mitad".

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La urgencia de las movilizaciones sociales contra el CETA (y otros tratados)

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA ( Comprehensive Economic and Trade Agreement ), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.

No obstante, desde la firma del tratado, además de los retrasos en el calendario de ratificación en el Parlamento europeo prevista inicialmente para mediados de diciembre, se han producido dos hechos importantes que cuestionan tanto la adecuación normativa como el fondo de este acuerdo. Por un lado las conclusiones de Eleanor Sharpstson, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución a la que la Comisión Europea ha pedido opinión sobre el acuerdo comercial con Singapur, de considerar a éste como acuerdo mixto al invadir las competencias de los estados miembros y que puede extrapolarse tanto a CETA como a TTIP al ser sus objetivos, criterios de aplicación y contenidos muy similares. Por otro las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) del Parlamento europeo pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) -que debe informar al Parlamento sobre el acuerdo- su posicionamiento contrario a la ratificación. El EMPL basa su recomendación en que estudios recientes pronostican la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para el conjunto de la UE, la clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y los derechos de los trabajadores o la inexistencia de medidas específicas de apoyo a las pymes.

Otra Comisión, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha de pronunciarse el próximo 12 de enero sobre aspectos de su competencia en referencia al CETA. Finalmente la propia Comisión de Comercio Internacional (INTA) se reunirá el 24 de ese mismo mes para preparar la recomendación de voto que hará al Parlamento europeo.

Por otra parte, El Parlamento Europeo votó el 23 de noviembre una Resolución presentada por alrededor de noventa diputados pidiendo que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminase si el CETA se ajusta en su totalidad al marco jurídico europeo. En igual sentido, en España, se presentó el 29 de noviembre una PNL por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos y apoyada por ERC y Bildu, pidiendo que el tratado fuese examinado por el Tribunal Constitucional y que fuese sometido a referéndum. En ambos casos estas propuestas fueron rechazadas con los votos de conservadores, liberales y socialdemócratas y que aquí corresponden a PP, C’s y PSOE.

Se ha hecho por tanto un trabajo importante en términos institucionales contra el CETA y el TTIP tanto en el Parlamento Europeo como en el estatal, sin olvidar el realizado en los parlamentos autonómicos, donde ocho de ellos se han declarado contrarios a estos acuerdos.

Pero no hemos de olvidar otro actor importante en esta ya larga lucha contra los mal llamados tratados de libre comercio y que ha ido cobrando con el tiempo un mayor protagonismo. Nos referimos a las distintas campañas y plataformas que tanto en Europa como en el conjunto del estado han sido las responsables de movilizar a las clases populares contra estos acuerdos comerciales que solo favorecen los intereses de las transnacionales y grandes empresas.

En España, la campaña estatal #NoalTTIP agrupa numerosos nodos territoriales formados a su vez por cerca de 350 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Ha sido esta campaña y sus nodos territoriales las que han apoyado a cientos de municipios a presentar mociones declarándose municipios libres de TTIP y CETA (en la actualidad 280 lo son) y que han informado a la ciudadanía en cientos de charlas, jornadas, mesas redondas en el conjunto del estado de todo lo que se ha ido conociendo de estos tratados a través de varias filtraciones, ocultado durante mucho tiempo por quien los negociaba, pero ya a la luz en el caso del CETA.

Una información ahora disponible en las 1600 páginas de ese acuerdo que confirma los peores temores que se tenían. Un tratado que en su articulado contiene -y no dudamos que el TTIP tendrá similitudes con el mismo- una apuesta por un modelo agroindustrial que perjudica la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana y que la propia FAO no considera la más adecuada, una apuesta por los combustibles fósiles que pone en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático, un ataque a los derechos sociales que se desprende del apoyo a las desregulaciones en materia laboral, educativa, sanitaria, un ataque a los servicios públicos al apoyar la mayor privatización posible, un ataque a la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados, un apoyo incondicional a los grandes inversores y un olvido de las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas, un ataque a la soberanía de los estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser éstas supervisadas por un organismo creado al efecto de manera poco democrática.

Por eso ahora, a la vista de esta situación tan lesiva para los intereses de las mayorías sociales es importante trabajar también más allá de las instituciones. Es el momento de las movilizaciones. El CETA, pero también el TTIP, el TiSA, el TPP y otros acuerdos bilaterales firmados o a punto de serlo tanto por EEUU, Canadá o la UE no son tratados inocentes que quieran mejorar el comercio de bienes y servicios entre partes. Representan la estrategia neoliberal actual de maximización de beneficios a costa de la desregulación normativa, el blindaje de las inversiones y el control político por parte del poder financiero a costa de los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales de las clases populares.

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El muro que rodeará la Europa Fortaleza

La Comisión Europea ha decidido cambiar su estrategia con las personas migrantes y demandantes de asilo ante la constante violación de los derechos humanos a las puertas de Europa. Las muertes, las palizas, la inseguridad y el no cumplimiento del derecho internacional nos han convertido, según la Oficina Internacional de las Migraciones, en el destino más peligroso del mundo para estas personas. Sin embargo, ese cambio de estrategia no tiene nada que ver con la apertura de vías legales y seguras de entrada a suelo europeo, o con la expedición de visados humanitarios.

La Unión Europea está trabajando a contrarreloj para generalizar y consolidar su proyecto de externalización de fronteras, ofreciendo dinero a terceros países para que hagan el trabajo sucio, lo que permite a los gobiernos mirar a otro lado ante las crudas imágenes de quienes huyen de la guerra, la miseria y la explotación que la propia Unión exporta al mundo.

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De Guindos en el Parlamento Europeo: ¿dónde está la bolita?

El ministro de Finanzas, Luis De Guindos, ha visitado este martes el Parlamento Europeo y, con su cartera recién reciclada, ha comparecido esta tarde ante los diputados y diputadas de las comisiones de Desarrollo Regional y Economía en el marco del diálogo estructurado con la Comisión Europea por la posible suspensión de los fondos estructurales al Estado español y a Portugal, al haber incumplido los objetivos de déficit.

El Estado español cerró 2015 con un déficit público del 5% del PIB e incumplió las normas europeas en materia de control de déficit impuestas por Bruselas y que en nuestro caso eran del 4,2% del PIB. Y De Guindos, en realidad, ha venido a suplicar que no le apliquen unas normas que él, los suyos, y también los que le han permitido que vuelva ser ministro, aprobaron en su momento.

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TTIP-CETA-TISA: Esto sólo lo paramos en las calles

No vamos a ganar en las instituciones nada que no hayamos ganado antes en las calles. Esta es mi advertencia cada vez que alguien pone sus esperanzas en los diputados y diputadas del Parlamento Europeo para frenar los intentos de las grandes corporaciones de hacerse definitivamente con todo el control de nuestras vidas.

Esta vez la ofensiva llega bajo el envoltorio de tratado comercial. Hay tres en estos momentos encima de la mesa en los que está implicada la Unión Europea: el TTIP (acuerdo con Estados Unidos), CETA (Acuerdo con Canadá) y TISA (Acuerdo para el comercio de servicios que están negociando cincuenta países).

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