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Marina Franganillo

Abogada asociada de ECIJA, especialista en Propiedad Intelectual y Derecho Digital. Apasionada de las nuevas tecnologías. Geek.

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Quién decide lo que no puede anunciarse y cómo debe retirarlo Airbnb

La economía colaborativa está dando mucho que hablar, no solo como debate acerca de esta nueva forma de poner en común a personas para que intercambien productos o servicios, sino también acerca de la legalidad de la actividad que llevan a cabo los diversos actores de este sector y de la aplicabilidad de las normas. Como muestra, el gran revuelo que se ha formado alrededor de las multas que el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a Airbnb y HomeAway. Si bien en nuestro país el caso más sonado es el de Uber, también han ido pasando por este proceso  BlaBlaCar y las citadas 'startup' de alojamiento, entre otras.

Aunque es un tema que nunca ha dejado de estar sobre la mesa, en las últimas semanas se leen muchas noticias al respecto y, más concretamente, sobre las multas que les están imponiendo o que pretenden imponerles las administraciones locales.

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Cuando buscar en Google se convierte en un delito

Aunque solo sea por curiosidad, es muy probable que alguien que conozcas haya realizado alguna búsqueda en internet sobre temas de cuestionable legalidad. De forma totalmente inocente, claro. Lo que resulta menos probable es que, antes de hacerlo, se hayan preguntado si por esa acción se les podría imputar algún delito: ¿podemos ser perseguidos por haber realizado una consulta a Google?

La realidad es que, a priori, no. Una mera búsqueda no supone por sí sola la comisión de un delito. La explicación es sencilla: para cometer un delito habría que llevar a cabo la acción correspondiente descrita en nuestro Código Penal, y una inocente consulta en internet no se encuentra entre esas acciones tipificadas por mucho que pudiera aportar información sobre cómo llevar a cabo un delito.

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Los Simpson, Juego de Tronos... ¿Por qué elimina YouTube los vídeos de tus series favoritas?

Cuando la compañía australiana de televisión de pago Foxtel adquirió los derechos para ser proveedor en exclusiva de Juego de Tronos en Australia, probablemente pensó que no encontraría obstáculos a la hora de promocionar la nueva temporada de la serie. Sin embargo, hace apenas unas semanas la sorpresa llegó a través de YouTube:  el tráiler de la quinta temporada fue bloqueado por la plataforma en base a una reclamación de la propia HBO, titular de los derechos, a través de su filial en Asia. Todo parecía deberse a motivos geográficos.

En realidad, dicha reclamación probablemente tenía su origen en la utilización por parte de HBO del servicio Content ID de YouTube, que compara los vídeos subidos por usuarios de la plataforma con los que se encuentran en su base de datos, cuyos derechos de propiedad intelectual han sido previamente reivindicados por sus titulares.

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