La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que insta al Gobierno a poner fin a la imposición de las faldas en los colegios. La iniciativa ha contado con el voto a favor del PSOE, el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos.

El objetivo de la PNL es pedir al Ejecutivo que haga las modificaciones legislativas pertinentes (entre ellas la referida a la Ley de Igualdad de 2007) para acabar con la obligación de los uniformes diferenciados por sexo en el colegio. Algo que siguen haciendo la mayoría de colegios concertados y privados –también algunos públicos– y que perpetúa los estereotipos de género.

Los obispos se han pronunciado sobre la Ley LGTBI que ya tramita el Congreso de los Diputados. Y lo han hecho en la línea del colectivo ultracatólico HazteOir. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha tratado el tema durante su reunión de estos dos últimos días en Madrid para concluir que, ésta y el resto de normas autonómicas contra la LGTBIfobia, "conculcan derechos fundamentales de la persona".

Así lo especifica la nota de prensa que ha enviado la CEE, en la que aglutina las conclusiones a las que han llegado los obispos durante su encuentro. En ella se refieren, como han hecho en otras ocasiones algunos prelados, a "la ideología de género" que, aseguran, "se ha trasladado a proyectos legislativos en España" para posteriormente nombrar la Ley LGTBI presentada por Unidos Podemos que fue admitida a trámite el pasado 19 de septiembre.

El pacto de Estado contra la violencia machista ha dado el último paso de su trámite parlamentario. El pleno del Congreso ha aprobado por 278 votos a favor y 65 abstenciones –Unidos Podemos y uno del Grupo Mixto– el informe que ya fue ratificado por la Comisión de Igualdad el pasado mes de julio. El pacto no ha logrado simbolizar la unidad política que escenificó la cámara al inicio de los trabajos y tampoco arrancar al Gobierno un compromiso concreto de aplicación de las medidas, por lo que la puesta en marcha dependerá de su diligencia.

Esta es una de las razones que han motivado la abstención de Unidos Podemos, que condicionaba su apoyo a la aprobación de su enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada. "Este pacto no nos vale aunque muchas de las medidas que están ahí son buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se va a poner en marcha", ha asegurado la diputada de En Marea Ángela Rodríguez. 

El pacto de Estado contra la violencia machista enfrenta su último paso del trámite parlamentario. El pleno del Congreso votará este jueves el dictamen que ya fue ratificado por la Comisión de Igualdad en julio y que supone un compromiso de 200 medidas en materia de violencia machista. El voto definitivo no cuenta de momento con la esperada unanimidad que escenificó la cámara al acordar su articulación y lo previsible es que Unidos Podemos vuelva a abstenerse.  

Así lo hizo el pasado 28 de julio, cuando el dictamen salió adelante en comisión por 29 votos a favor y las siete abstenciones de las diputadas de la coalición. Aunque la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró la semana pasada que había acuerdo entre todos, Unidos Podemos condiciona su apoyo a la aprobación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo.

Un año después el asunto llega de la calle al Congreso de los Diputados. La Comisión de Igualdad va a debatir y votar este jueves una proposición no de ley del grupo Unidos Podemos y sus confluencias para acabar con la imposición de uniformes diferenciados por sexo en las aulas. Algo que siguen haciendo la mayoría de centros privados y concertados –también algunos públicos– y que perpetúa los roles de género: falda o vestido para las niñas, pantalón para los niños.

El debate lo pusieron encima de la mesa los colectivos que en el inicio del pasado curso llamaron la atención sobre ello mediante  un manifiesto. La iniciativa partía de la organización Gafas Lilas y la semilla la había puesto Sina, una niña que entonces tenía ocho años. "No la voy a llevar más porque sé que tengo derecho", le dijo un viernes a su madre, la fiscal Inés Herreros, que a su vez preside la asociación que impulsó el manifiesto. Sina se había puesto de acuerdo con su amiga Menchu para dejar la falda en el armario y vestir pantalón el siguiente lunes.

Xabier y Paulo ya no saben qué más hacer para ser reconocidos como apóstatas. Llevan tres años intentando sin éxito que el Obispado de Lugo haga efectiva su renuncia a la Iglesia, pero el laberinto no acaba de llegar a su fin. Aunque cuentan con un documento firmado y sellado por la Diócesis en el que declaran que abandonan la fe católica, todavía falta el último paso: que el cura de la parroquia en la que se bautizaron, en el municipio lucense de Chantada, anote la renuncia en la partida bautismal.

Eso es lo que les ha dicho el Obispado cada vez que se han puesto en contacto con él para saber cuál es el estado de su trámite. "Es una tomadura de pelo. Llevamos tres años intentándolo y la Iglesia nos ningunea y nos da largas. Parece que lo que quieren conseguir es que nos demos por vencidos, nos cansemos y perdamos el interés", explica Xabier en conversación telefónica con eldiario.es. 

Lo alertó hace días Ruth Ortiz, la madre de los dos pequeños asesinados en 2011 por su exmarido José Bretón: el pacto de Estado contra la violencia machista se olvida de las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas. Ahora, los partidos políticos se han puesto de acuerdo para incluirlo a propuesta del PSOE, que ha presentado un voto particular para incorporar este asunto como nuevo punto del pacto, según ha adelantado la Cadena Ser.

"Fue un fallo, un despiste. No se hizo porque fue algo que nadie mencionó. Ninguno de los expertos que comparecieron en la subcomisión lo comentó. Todos los grupos han dicho que sí, sin discusión", explica la diputada socialista Ángeles Álvarez. Así, será incluido este reconocimiento en el informe que resultó de varios meses de trabajo y que gestó el pacto de Estado, que seguirá su recorrido parlamentario con el próximo debate y votación en el pleno del Congreso.

"No hables con gente que no conoces. "No te subas al coche de un desconocido", "no aceptes caramelos de un extraño". Son algunos de los mensajes con los que niños y niñas crecen ante la alerta de que alguien pueda hacerles daño cuando están solos por la calle. Una recomendación que todos han oído alguna vez, pero que, vinculada a la realidad de los abusos sexuales, obvia la idea con la que trabajan los colectivos de protección de la infancia: la mayor parte los perpetran personas del entorno del niño, figuras de referencia con las que establecen un vínculo emocional.

"Al final no le dije nada a nadie. Aprendí a olvidarlo como si no hubiera pasado nada. Lo borraba. Me hacía el dormido y como si no hubiera pasado nada". Joan tenía diez años cuando David, su tutor legal dedicado profesionalmente a la acogida de menores tutelados por la Administración, le puso una película porno y le invitó a que se masturbara. Esa misma noche empezaron los abusos y las fotos, que no acabaron hasta que cumplió los 19. David fue padre de acogida de otros tantos niños, pero todos guardaron silencio durante años, según recoge u n informe de la ONG Save The Children sobre abusos infantiles en España.

La mayoría de denuncias quedan en saco roto. La ONG de protección a la infancia Save the Children ha contabilizado que un 70% de los casos de abuso sexual a menores denunciados nunca llegan a juicio oral. El dato forma parte del informe Ojos que no quieren ver, hecho público este miércoles por la organización, que arroja conclusiones a partir del análisis de 200 sentencias dictadas entre 2012 y 2016.

El documento hace hincapié en que los abusos sexuales a niños y niñas constituyen un tabú difícil de romper y que "la mayor parte" corresponde a "aquellos que no son detectados". De hecho, contabiliza el informe, "entre un 10 y un 20% de la población ha sufrido abusos en la infancia", pero "solo un 15% de los casos se denuncian". Una cifra que emana del silencio y los prejuicios a los que se refiere la organización y que "limitan la capacidad" del sistema para proteger a los menores.