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Santiago Pérez

Santiago Pérez García  (La Laguna, 1954) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su labor docente durante más de 25 años. Senador por la Isla de Tenerife (1990-2000), fue portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario, así como portavoz socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la Comisión especial para la Reforma Constitucional del Senado y en la Comisión de Educación. Diputado del Parlamento de Canarias en la I y VI legislaturas, así como en la VII en la que ejerció de portavoz del Grupo Socialista Canario, en la actualidad es concejal del Ayuntamiento de La Laguna, tras liderar como independiente la candidatura progresista Por Tenerife-Nueva Canarias. 

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 89

Clavijo miente (una vez más)

Desmontar las mentiras del Régimen de ATI es una tarea ardua. No porque sean sutiles, sino porque las difunden con miles, millones de euros de dinero público gastados en propaganda. Y porque se aprovechan del desconocimiento de la gente, al modo del caciquismo de siempre.

Pero defender la verdad es una tarea imprescindible para ayudar a formar una opinión pública libre, sin cuya existencia la democracia se convierte en una farsa.

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¿Qué federalismo?

He leído con respeto las ideas desarrolladas por eminentes profesores de Derecho Constitucional y Administrativo sobre la inaplazable reforma constitucional para “poner remedio” a la “crisis constitucional en la que estamos inmersos”.

Creo que España no padece ninguna “secular maldición” que nos haya abocado a la revolución o a golpes de Estado ante las crisis constitucionales, en lugar de encauzarlas mediante la reforma constitucional. No existe ni nunca existió dicha maldición, sino una sociedad con grandes desigualdades y una intolerancia casi genética que han impedido asentar un modelo de convivencia en el que se encaucen jurídica y pacíficamente los conflictos sociales.

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Bruselas, la Ley del Suelo y los trompeteros de Clavijo

Clavijo y los constructores y promotores inmobiliarios  --que tanto monta--  saben perfectamente que eso que llaman  Bruselas, que según ellos ha bendecido la conformidad  de la Ley del Suelo con la normativa medioambiental de la Unión Europea,  es meramente un escuálido informe de  la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Saben que ese  informe    --del que sólo Clavijo y sus cuates tienen conocimiento--  ha sido emitido a requerimiento del Parlamento Europeo  que continua tramitando una petición de la Plataforma canaria “Por un Territorio Sostenible”. Sí: la misma denuncia que el Gobierno de Canarias intentó infructuosamente  que se archivara en el debate que en septiembre sostuvimos en la Comisión de Peticiones.

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Una jueza y un auto

La privación provisional del derecho fundamental a la libertad de “ir, permanecer o partir”, como proclamaba la Constitución francesa de 1791, es una decisión muy delicada: tiene que resolver el conflicto entre un derecho fundamental  y otros derechos o bienes jurídicos protegidos por la Constitución.

Los derechos fundamentales a la vida y a la libertad son la premisa de los demás derechos fundamentales. Sin aquellos, estos pierden su razón de ser. Es algo parecido a lo que ocurre con la existencia y la unidad de España: que es el fundamento de todo  el orden constitucional.

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¿Se puede odiar a España?

Me he negado desde siempre a que otros administren mis lealtades y sentimientos.

Suelo evitar cuidadosamente el uso de términos como Patria o Nación, cuyo significado ha evolucionado a lo largo de la historia, bajo influjo de pulsiones e intereses  (ya políticos,  ya económicos…)  no siempre confesables.

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¿Elecciones autonómicas, generales o referéndum pactado?

Cuando los partidarios de la independencia de Cataluña anunciaron que intentarían convertir las elecciones autonómicas catalanas en un plebiscito, algunos se rasgaron las vestiduras. Yo no.

Nadie podía impedir, ni era ilícito, que los partidos independentistas se presentaran a unas elecciones autonómicas con un único programa: Independencia.

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Una terminante declaración de independencia

Puigdemont no traicionó este martes al pueblo de Catalunya, en cuyo nombre habla y decide y cuya autoridad soberana se atribuyen íntegramente los constituyentes catalanes. Porque de eso se trata.

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¿Qué margen para el diálogo?

¿Dónde estamos?

No sólo la sociedad catalana está desgarrada. También la española. Me asombra que hasta grupos de Whatsapp creados por razones ajenas a la política, se desmoronan a propósito de la cuestión catalana.

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España quebrantada (y no solo por el referéndum)

Quebrantada una vez más. Y no sólo por quienes propugnan la independencia de Catalunya.

El nacionalismo suele ser así, para bien o para mal. Y el nacionalismo catalán se sustenta, como casi todos los nacionalismos, en un relato mítico que no resiste el contraste con los hechos históricos.

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¿Va el PSOE a recurrir la Ley del Suelo ante el Tribunal Constitucional?

A nadie se le oculta que la aprobación de la Ley del Suelo culmina la operación política más importante desde la creación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el fruto de  la  colonización de las Instituciones autonómicas, Parlamento y Gobierno, por parte del lobby de promotores y constructores que dieron   públicamente instrucciones a Fernando Clavijo, su brazo político, de que el Proyecto de Ley  no se modificara durante “el paseíllo parlamentario”.

Y así fue.  Mayor descaro, imposible.

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