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Saúl García

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Ay, los sistemas electorales

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El nuevo Plan Insular amplía las zonas de extracción de jable

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Arrecife no convocó en 2017 las subvenciones para actividades culturales

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El Poder Judicial rechaza el recurso del juez Lis contra su suspensión de empleo y sueldo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 30 de noviembre desestimar el recurso de alzada interpuesto por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez, contra la sanción de suspensión de funciones durante seis meses que le había impuesto la comisión disciplinaria del propio Consejo en septiembre de 2016.

Lis fue suspendido por una falta muy grave, recogida en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por desatención de sus funciones por no apartarse de una causa judicial, pese a que había sido recusado. El magistrado aún no ha comenzado a cumplir la sanción y continúa al frente del Juzgado. Con el rechazo al recurso de alzada, que ha tardado más de un año en resolverse, se agota la vía administrativa pero el juez puede recurrir ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

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Una promotora del plan Playa Blanca, a concurso de acreedores tras una condena millonaria

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El juzgado citó como investigado al líder del PSOE de Fuerteventura hace año y medio por el caso Gesturpa y todavía no ha declarado

El caso Gesturpa va a empujones. La denuncia de Margarita Martín, presidenta en la actualidad de Votemos Fuerteventura, por irregularidades en la empresa pública de Pájara, se produce en septiembre de 2014, las diligencias previas se incoan en junio de 2015 en el juzgado y la citación contra el único investigado hasta ahora, Blas Acosta, se produce en mayo de 2016. Sin embargo más de un año y medio después, el secretario insular del PSOE de Fuerteventura aún no ha declarado ante el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario que instruye el caso.

La citación a Acosta se libra el 20 de mayo de 2016. El juzgado lo citaba para el 14 de julio de ese año a través de un oficio a la Policía Local de Pájara para que lo localizara en Morro Jable, en la Plaza de los Pescadores número 2, la sede social de la empresa pública Gesturpa. Se le cita en calidad de investigado para que aporte toda la documentación que se refiere al informe de la auditoría de Gesturpa de 2012 y 2013 elaborado por el auditor Miguel Ángel Ramírez, que es el que sirve de base a la denuncia, ya que se detectan irregularidades contables, y también para que aporte el Libro de actas legalizado y el Libro de socios. A pesar de la advertencia que se incluye en la citación del juzgado de que en caso de no comparecer podría ser acordada su detención, no se le localiza y no se lleva a cabo ninguna diligencia más de averiguación de su paradero.

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