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Saúl García

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La asociación acusada de fraude procesal intenta personarse de nuevo como acusación en Stratvs

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Seis meses viviendo en una casa quemada

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Un auto del juez Salvador Alba provoca su recusación y la de sus compañeros en la Audiencia de Las Palmas

La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en el caso de la bodega Stratvs ha solicitado a la Audiencia Provincial de Las Palmas la recusación de los tres magistrados de la Sección Sexta que decretaron el pasado 22 de diciembre el levantamiento de la medida cautelar de cierre de esta bodega, construida en 2008 en el paisaje protegido de La Geria (Lanzarote) y clausurada en 2013 por orden judicial. El colectivo solicita esta medida porque considera que los tres magistrados, Salvador Alba, como ponente, Emilio Moya y Carlos Vielba, como firmantes, que tendrían que juzgar el caso, han perdido la imparcialidad al haber entrado ya en el fondo del asunto.

Stratvs es un complejo industrial y hostelero que ocupa más 12.000 metros cuadrados y que, además de una bodega, cuenta con un restaurante, una tienda y diversas terrazas para celebrar todo tipo de eventos. Se construyó en un paisaje protegido con una licencia para restaurar una vivienda de 100 metros cuadrados y hacer un almacén de 900. Una parte se levantó sobre terrenos que pertenecen a una familia que se ha personado como acusación particular.

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Toda una vida en el taller de Sergio Morales

El ebanista Sergio Morales es uno de los últimos supervivientes de esta profesión. Su taller guarda cientos de obras originales: “Es más difícil encontrar un sitio donde exponerlas que hacerlas”.

Nazareno, palisandro, moral fino, guayacán americano, ébano… Son los habitantes del taller que tiene en Altavista el ebanista Sergio Morales. Todas ellas, las maderas, que llegan desde un aserradero de Sudamérica vía Tenerife, entran solas pero salen en compañía, ensambladas, incrustadas, unidas, acopladas o encajadas unas con otras hasta conformar una obra nueva, original: una silla, un cuadro, un soporte, una destiladera o algo difícil de definir.

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Investigado un técnico de Arrecife por falsedad documental en un informe sobre La Bufona

El Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife ha abierto diligencias por la denuncia de Gonzalo Murillo, propietario de terrenos en la urbanización La Bufona (Arrecife) contra un técnico de la Oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Gustavo Navarro, que emitió un informe sobre la calificación del terreno donde se asienta la urbanización.

En esas diligencias se investiga si el técnico pudo incurrir en un delito de falsedad documental por emitir un certificado urbanístico que asegura que el suelo que se encuentra al Norte de la urbanización no están calificados como suelo rústico de protección de valor ecológico Jable.

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La Audiencia suspende un juicio contra Luis Lleó para que un perito amplíe un informe

La Audiencia Provincial ha decidido suspender de nuevo la vista oral de un juicio contra el abogado y empresario Luis Lleó, que estaba previsto que se celebrase el próximo martes. El motivo para la suspensión es que uno de los peritos judiciales ha pedido que se le conceda un plazo para elaborar un informe complementario al que ya realizó, teniendo en cuenta una nueva documentación que aportó el propio Lleó, que es el único imputado del caso.

El juicio ya se suspendió en una ocasión, el pasado mes de septiembre, porque tres de los testigos propuestos por la defensa, el abogado Manuel Matamoros, el economista Jerónimo Campón y el exdirector de Bancaja en Arrecife, Ginés Rodríguez, no habían sido citados. La nueva fecha para el juicio será el mes de julio.

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Transparencia recurre la apertura de Stratvs: “Es legalmente imposible que obtenga licencia”

La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en el caso Stratvs, también ha recurrido, como la Fiscalía, el auto de la Audiencia provincial por el que se decreta el levantamiento del cierre de la bodega, adoptado en 2013 como medida cautelar.

TU considera que Stratvs sigue siendo "un complejo turístico e industrial que carece de cualquier tipo de título habilitante desde el punto de vista urbanístico, al no coincidir nada de lo construido con lo autorizado" y que, por lo tanto, con su apertura se permite el desarrollo de diversas actividades industriales y turísticas que carecen de soporte legal alguno.

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Ganemos señala que la Ley ampara el derecho del tetrapléjico Tana a colocar un ascensor en su vivienda

La concejal de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, asegura que la ley ampara el caso de Tanauśu Hernández, el joven tetrapléjico que no puede instalar un ascensor en su vivienda de Valterra para poder salir porque su vecina se niega a ello.

Padilla señala que la Ley de límites al dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas establece como obligación para las comunidades de propietarios que se puedan ejecutar obras para suprimir barreras arquitectónicas.

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Dos detenidos por el incendio de una casa okupa en Arrecife

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a dos personas por el incendio en una casa ocupada en la calle Colegio y Hermanos Zerolo.

Aún se están realizando las labores de investigación y análisis oportunos en el inmueble para determinar el origen de suceso.

Todos los indicios apuntan a que el incendio habría sido provocado y que el origen podría ser una disputa por la ocupación de la casa.

Fuentes de la investigación señalan que de los tres heridos por el incendio, dos de ellos se encuentran en estado muy grave.  

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El Supremo rechaza aplicar dilaciones indebidas en Proselan, una pieza “compleja” de Unión

La sentencia del Supremo sobre la pieza Proselan del caso Unión, cuyo ponente es José Manuel Maza Martín, desestima 28 de los 29 motivos de recurso presentados por tres de los condenados (el interventor Carlos Sáenz; el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández), ya que el ex concejal José Miguel Rodríguez, recientemente fallecido, no recurrió el fallo de la Audiencia Provincial. Los tres condenados deberán ingresar en prisión y dos de ellos, Sáenz y Arrocha, no podrían ejercer ningún empleo público durante ocho años.

El argumento que se estima por el Tribunal Supremo es de la defensa de Carlos Sáenz, que impugnó la individualización de la pena llevada a cabo por la Audiencia. Sáenz consideraba que se le debía aplicar una pena de un año y medio, pero el Supremo admite una rebaja, y fija la pena en cuatro años y medio.

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