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Vanessa Pi

Hice mis primeras noticias en la Cadena Ser, luego pasé por Onda Cero y más tarde RNE-Catalunya. Me pasé a la prensa escrita tras estudiar el Máster de Periodismo de El País. Después tuve la suerte de iniciar Público, hasta que cerró su edición en papel. Sobre todo me interesan la política sanitaria y la social. Ahora colaboro en el Colegio de Trabajadores Sociales.

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La ley de Dependencia incorpora a los dependientes moderados con 8 años de retraso

La teoría dice que ocho años y medio después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia quedará implantada plenamente esta semana, ya que ha empezado a acoger a los dependientes moderados desde el 1 de julio tras dos reales decretos que han permitido demorarlo. Un total de 312.025 personas, según los últimos datos oficiales, adquirirán el derecho a recibir una ayuda.

Los dependientes moderados son los más leves pero necesitan ayuda para hacer cosas básicas. Son, por ejemplo, personas mayores que aunque están activas tienen movilidad reducida, ciertas personas con discapacidad intelectual o con enfermedades neurológicas o degenerativas, como enfermos de alzheimer en sus primeros estadios.

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Las empresas aprovechan la falta de protección pública para lanzarse a la telesasistencia privada

Ya se ha consolidado con la sanidad y, desde que se agudizaron los recortes presupuestarios, se viene dando en los servicios sociales: las empresas privadas están aprovechando el creciente número de lagunas del Estado de Bienestar para hacer negocio. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Telefónica, que acaba de lanzar un servicio de teleasistencia privado con SARquavitae, una de las empresas líderes en el sector.

Es la punta del iceberg de un proceso de cambio de sistema en el que las aseguradoras ya han puesto un pie. Sus seguros de dependencia, aunque pocos en cifras totales (35.040), han crecido un 61% en el último año.

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El copago impuesto por el Gobierno enfrenta a asociaciones y plataformas de la dependencia

En 2012, pocos meses después de que Mariano Rajoy se instalara en La Moncloa, el Real Decreto 20/2012 elevó el copago de las personas dependientes, además de suprimir la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales y rebajar las cuantías que estos recibían. Desde entonces la aportación de las familias ha ido en ascenso hasta situarse por primera vez por encima de la inversión del Gobierno. Ahora ese copago enfrenta a las asociaciones y plataformas vinculadas a la dependencia que batallan contra él. 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) anunció una campaña de recogida de firmas el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con el lema "No al copago confiscatorio", pretenden recoger las 500.000 firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que limite el copago a rentas de más de 1.331 euros mensuales.

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Cuatro gráficos que explican el colapso de la dependencia

Tras ocho años de desarrollo de la Ley de Dependencia, las organizaciones sociales hacen balance y coinciden en que los recortes y las sucesivas reformas que se le han ido aplicando están dinamitando el sistema, tanto en términos de financiación como de limitación de derechos.

Los datos oficiales revelan que cada vez hay menos beneficiarios, porque las plazas no se reponen. También desciende la lista de espera, aunque en este caso se deba a que las personas mueren antes de conseguir las prestaciones, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes en su XIV Dictamen de la Dependencia, presentado este viernes.

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Las personas con dependencia ya aportan más al sistema que el Gobierno

Las personas con dependencia y sus familias ya pagan más que el Gobierno por las ayudas y prestaciones que reciben. Es una de las conclusiones más llamativas del XIV Dictamen de la Dependencia, que ha presentado este mediodía la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Según el informe, que analiza los datos oficiales ofrecidos por el Imserso, el copago ya supone un 19% del coste total del sistema, frente al 18% que aporta el Estado y el 63% restante de las autonomías. El sistema de financiación de la Ley de Dependencia estableció desde un principio que el usuario también aportaría una parte al sistema. Pero en teoría, autonomías y Gobierno aportarían lo mismo. La cuantía que aportan las familias, el copago, fue incrementado en el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en julio de 2012, a los pocos meses de empezar a gobernar. Esto supuso que se empezara a copagar con rentas de poco más de 500 euros o que contabilizara la primera vivienda.

Las Plataformas de la Dependencia recalcan como "el aumento del copago para el dependiente que recibe un servicio por su situación de dependencia significa, en muchos casos, tener que renunciar a dicho servicio por los que les supone económicamente ese copago".

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Las terrazas cerradas de Madrid se saltan la ley antitabaco

Desde que en enero de 2011 se prohibió fumar en establecimientos cerrados, los hosteleros se apresuraron en sacar las sillas a la calle. Con el afán de proteger a sus clientes del frío, muchas de estas terrazas se han convertido en sitios cada vez más estancos donde se permite fumar. La ley lo prohíbe "en todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos".

Las terrazas cerradas para fumadores se propagan por toda España, pero es Madrid, que manifestó su rechazo a la ley desde el principio, la que más hace la vista gorda: "El tema de las terrazas en Madrid es vergonzoso", asegura Raquel Fernández Megina, presidenta de la asociación Nofumadores.org, una asociación sin ánimo de lucro formada por ciudadanos de todas las comunidades autónomas que desde hace más de 10 años pelean para conseguir que se respete su derecho a no tener que respirar el aire del tabaco en espacios públicos. 

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Las diez claves de la Ley de Dependencia que no ha llegado a ser

Este enero se cumple el octavo aniversario de la Ley de Dependencia. Un texto que debería haber puesto el último pilar del Estado del Bienestar: la diversidad funcional. Pero la combinación de la crisis económica, las exigencias sobre el déficit y los recortes la podaron hasta no dejarle casi ni brotar. Nada más llegar al Gobierno, el Partido Popular legisló a la baja los derechos de los dependientes. Ya lo habia avisado Mariano Rajoy aún siendo candidato: "No es viable", vaticinó sobre la dependencia. Mantuvo su promesa.

Quién paga y cuánto pone cada uno. Ese es el mayor problema de la Ley de Dependencia desde su gestación. Ni el Estado ni las autonomías se creyeron la teoría de que financiarían el sistema a partes iguales. Muestra de ello fue la dificultad para alcanzar los acuerdos necesarios entre los diferentes niveles de la administración para aprobar su desarrollo normativo. Así, no fue hasta varios meses después de su entrada en vigor, cuando se pudo empezar a aplicar la ley. La realidad, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, es que las comunidades autónomas están asumiendo alrededor del 60% del coste de las prestaciones, mientras que las personas atendidas y el Estado pagan alrededor del 20% cada uno.

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Una alerta sobre las nuevas vías para privatizar la sanidad

Si la tendencia no se detiene, pronto habrá una sanidad para ricos, que puedan pagarse un seguro médico privado, y otra para pobres, una especie de beneficencia: el mismo sistema dual que al que la democracia dio carpetazo en España hace ya cuatro decenios. Es la principal advertencia que recoge el libro La salud como negocio, escrito por cinco miembros de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que se ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados y reclama “una sanidad pública, propiedad del conjunto de la ciudadanía”.

Pablo Vaamonde, médico de atención primaria en A Coruña y coordinador del libro, ha acusado al Gobierno de "burlar la democracia y mentir a sus electores" cuando en la campaña electoral negó reformar la sanidad, algo que incumplió al cabo de pocos meses. "El RDLey 16/2012 ya estaba escrito. Ana Mato no lo escribió en solo tres meses". Vaamonde ha insistido en que el libro pretende ser una herramienta para toda la ciudadanía. "Estamos viviendo una expropiación de derechos básicos de los ciudadanos", ha insistido.

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Las maltratadas silenciosas: un 13% de las muertas por violencia machista tienen más de 65 años

"Qué situaciones habría tenido que soportar para decir que en el psiquiátrico vivió los días más felices de su vida". La reflexión la hace Carmen Sánchez Moro, socióloga, refiriéndose a una víctima de violencia machista. Pongamos que se llama María. La mujer, septuagenaria, llevaba años, décadas, sufriendo malos tratos de su marido. Hasta que decidió poner punto final a la historia. Llegó a planear matarlo y luego suicidarse, pero la culpa la invadió y estalló. Su familia la llevó a un psiquiátrico. Y allí, encerrada, se sintió más libre que en casa con su esposo.

En lo que va de año, seis mujeres de más de 65 años han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Representan un 13,3% del total de asesinadas. Como en el resto de los grupos de edad, el alcance de la violencia de género, con todas sus intensidades y caras, va mucho más allá de las víctimas mortales. Pero en el caso de las mujeres mayores, la cifra de muertas es una punta diminuta del iceberg. No solo no denuncian a su agresor sino que, en la mayoría de los casos, ni siquiera identifican el problema y continúan viviendo con él. La falta de datos sobre todas las distintas formas de violencia de género en las mujeres mayores contribuye a invisibilizar un problema ya de por sí en la sombra gracias a aquello de que los trapos sucios se lavan en casa.

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Los antiabortistas echan un pulso a Rajoy en el centro de Madrid

Como en 2009, bajo el eslogan "Cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad", miles de personas han salido a la calle este sábado en Madrid reclamando la prohibición del aborto. En aquella ocasión, la protesta se dirigió al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que por aquel entonces empezaba a tramitar la reforma de la Ley del Aborto ahora en vigor. Hoy la manifestación ha sido un aviso al Gobierno del Partido Popular: o sigue adelante con la conocida como reforma del aborto de Gallardón y retira la actual ley de plazos o será castigado en las urnas. Esta idea ha centrado el discurso que ha dado el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, a la llegada de la marcha a la Plaza de Colón, donde ha anunciado una nueva manifestación el próximo 14 de marzo, para "mostrar" que la de este sábado "no es un fenómeno pasajero".

Blanco se ha dirigido directamente a Mariano Rajoy mientras los manifestantes silbaban: "Está en tus manos impulsar que la mayoría absoluta en el Parlamento sustituya la ley vigente por una que proteja la vida y la maternidad. Aún estas a tiempo de cumplir tu palabra". El presidente del Foro de la Familia ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y ha insistido en que "tan culpable es quien aprueba una ley como quien no la deroga". Hasta que entró en vigor la ley actual, con la ley de supuestos de 1985 en España se produjeron cientos de miles de abortos. "¿Dónde están, no se ven los derechos del PP?"

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