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La Muskitia, el corazón indígena de Honduras

Ayuda en Acción comenzó a trabajar en la Muskitia (Honduras) en 2012 para combatir la pobreza extrema

Cada año, desde hace una década, el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Más de 5.000 grupos distintos en 90 países que representan el 5% de la población mundial y que hablan la mayor parte de las 7.000 lenguas del mundo.

De esta riqueza poblacional, en América Central y más específicamente en Honduras, existen nueve pueblos indígenas y afrohondureños que, según cifras oficiales, suponen aproximadamente el 10% del total de la población del país, un poco más de 850.000 personas.

En la región de la Muskitia de Honduras -la segunda zona más rica del mundo en biodiversidad después de la Amazonia- habitan cuatro de estos pueblos originarios: Pech, Tawahkas, Garífunas y Misquitos. Cada uno de ellos conserva una cosmovisión indígena en armonía con la madre naturaleza y una lengua, cultura y patrimonio ancestral que aún persisten.

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Refugiados: Compromisos incumplidos

Ayuda en Acción forma parte de la campaña #VenidYa con la que numerosas organizaciones exigen al Gobierno español que cumpla con su compromiso de acogida.

Hoy es 26 de julio, en dos meses exactos se cumplirá el plazo que el Gobierno español se dio para cumplir con uno de sus compromisos. En 2015, España, junto con otros Estados de la Unión Europea, se comprometía a acoger a 17.337 personas dentro del reparto de las personas refugiadas que estaban llegando a Europa.

Todas ellas, son personas que huyen de conflictos que ponen en peligro sus vidas y las de sus familias, y que harían lo que usted (creo) y yo (seguramente) haríamos en su caso, poner tierra de por medio para conseguir alguna posible aspiración de vida digna o, simplemente, de vida. A nadie se le puede negar el derecho que todos tenemos a escapar del horror, primero porque así está registrado en el Derecho Internacional, y segundo, porque además de ser un derecho es un instinto natural de todo ser vivo. Hoy, a dos meses exactos de la fecha fijada, el número de personas acogidas es de 1.724. Falta por llegar el 90% del total de lo que el gobierno se comprometió.

Según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de 2016, 65,3 millones de personas se habían visto forzadas a huir de sus hogares por persecución, conflicto, violencia o violaciones de derechos humanos; 22,5 millones de estas personas son refugiadas y más de la mitad son menores de edad. En este mar de grandes cifras, 17.337 suponen un pequeño porcentaje entre tanto drama.

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Show me the money, justicia fiscal para garantizar el derecho a la educación

La prestación de servicios públicos de calidad permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades. Foto: Salva Campillo / AeA

Todo el mundo parece estar de acuerdo con la idea de que la educación es un pilar básico para el presente y el futuro de nuestras sociedades, el motor que hace avanzar al mundo por el camino del progreso y una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando desde las organizaciones sociales nos movilizamos para defender el derecho de todas las personas a una educación gratuita y de calidad, el consenso político y social es prácticamente absoluto. Este acuerdo ha quedado reflejado, negro sobre blanco, en diversos compromisos internacionales, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

El cuarto de ellos compromete a los Estados a "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos", a través de una serie de metas relativas al acceso a la educación, la igualdad de género, la equidad educativa y el profesorado. Este objetivo, que debe alcanzarse en el año 2030, aplica a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo y situación económica. Es decir, también afecta al sistema educativo español, e impone a nuestro país una doble obligación: como donantes, debemos volver a la senda de asignar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y dedicar al menos el 8% de esa ayuda a la educación básica.

Pero también en nuestro país tenemos que trabajar para cumplir con las metas establecidas por el ODS4 y, teniendo en cuenta datos como que somos el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar prematuro, desde luego nos queda mucho por hacer. De momento, los partidos políticos están impulsando un pacto de Estado por la Educación que aspira a ser un acuerdo político, social y territorial amplio que sobreviva (al menos) varias legislaturas.

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168 millones de infancias robadas

Foto: Umar Farooq / ActionAid

Este lunes se celebró el Día mundial contra el trabajo infantil. Desde la I Conferencia Internacional celebrada en Oslo en 1997 y a partir de los esfuerzos articulados desde la OIT se han experimentado importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil. Durante los últimos 20 años más de 78 millones de niños y niñas han dejado de trabajar a nivel global. Sin embargo, las cifras aún distan mucho de la consecución de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que persigue "asegurar la prohibición de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado, y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas".

Se considera trabajo infantil toda actividad de producción económica que realizan los niños y niñas por debajo de la edad mínima legal establecida para trabajar (el Convenio 138 de la OIT fija la edad límite de admisión al empleo en los 14 años) o que, estando por encima de esta edad, se desarrolla bajo condiciones de peligrosidad que ponen en riesgo la salud, la seguridad y el desarrollo emocional y moral del niño o la niña.

A nivel mundial, hay 168 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil, 85 millones bajo formas de trabajo peligroso entre las que se encuentran las denominadas peores formas de trabajo infantil: venta y trata de niños y niñas, trabajo bajo servidumbre por deudas, empleo en prostitución, pornografía, explotación sexual y otras actividades ilícitas con fines delictivos.

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Sí hay salidas

Con un acto en Madrid, 10 organizaciones reivindicaban hoy al gobierno una política de migración y refugio real y efectiva.

Según cifras de Naciones Unidas, en 2015 había 244 millones de personas migrantes y más de 65 millones de personas se vieron forzadas a salir de sus países de origen a causa de conflictos o persecución, de esta cifra, más de 21 millones eran refugiados. En total, más de 300 millones de personas en movimiento, algo más del 4% de la población mundial, personas que dejan atrás todo cuanto han conocido con el único deseo de vivir una vida digna. No en vano, el 86% de los más de los más de 21 millones de personas refugiadas en el mundo se encuentran en países de ingresos bajos y medios, siendo Siria, Afganistán y Somalia los tres países que más personas refugiadas expulsan; juntos representan más de la mitad de la población refugiada del mundo.

Lamentablemente, en su camino hacia esa “vida mejor” lo habitual es que se encuentren con todo tipo de trabas que afectan a sus derechos fundamentales. Trata de personas, abusos sexuales, expulsiones irregulares o injusticias en el ámbito laboral y sanitario son sólo algunos ejemplos de las numerosas vulneraciones que padecen a lo largo de las diferentes etapas del proceso migratorio.

Desde Ayuda en Acción conocemos de cerca la realidad que viven –y sufren– las personas migrantes y refugiadas en el mundo. Lo sabemos a través de nuestro trabajo en Colombia con la población desplazada víctima del conflicto armado; en Centroamérica y México, donde contribuimos a reducir los riesgos que enfrentan los migrantes hacia Estados Unidos; y en Etiopía, el país de África que cuenta con la cifra más alta de refugiados y donde apoyamos la labor de otras organizaciones en el campo de refugiados de Adi-Harush, situado en la región de Tigray.

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El agua sobre ruedas

El agua es vital para el desarrollo sostenible. Foto: The Water Van Project

Cuatro jóvenes con una ilusión: llevar agua potable a zonas vulnerables que lo necesitasen. Así comenzó este sueño, que llegó a hacerse realidad el año pasado; desde México hasta Perú, pasando por Guatemala, Nicaragua, Colombia o Ecuador, con 6.000 kilómetros de asfalto, tierra y agua de por medio. Chechu, Eduardo, Jorge y Diego lo dejaron todo para embarcarse en la que sería la mayor aventura de sus vidas: repartir filtros potabilizadores de agua de alta tecnología y larga duración a las familias que no tienen acceso a unos recursos hídricos de calidad. Recorrieron kilómetros y kilómetros sobre la Perla Blanca, su furgoneta, y así es como surgió The Water Van Project.

Y es que disponer de agua potable suficiente, saludable y accesible para su uso es un derecho humano fundamental. Según la Organización Mundial de la Salud, 740 millones de personas viven sin acceso a agua potable en el mundo. El problema de acceso al agua segura en América Latina también es acuciante: más de 60 millones de personas no disponen de este recurso, 120 millones de personas no tienen acceso a saneamiento y el consumo de agua contaminada o en mal estado causa entre 80 y 100 mil muertes cada año en esta región.

Conscientes de esta gran problemática, en Ayuda en Acción  hemos unido fuerzas con The Water Van Project para distribuir el próximo verano filtros de agua potable en Bolivia y Colombia con el fin de proporcionar agua purificada a familias de comunidades desfavorecidas de sendos países. Fruto de esta alianza, ambas organizaciones repartirán en julio y agosto filtros de agua purificada a través de grupos de voluntariado formados por cuatro personas. Personas que colaborarán de forma desinteresada y que, además de la formación sobre la instalación y mantenimiento de los filtros, también llevarán a cabo procesos de concienciación social sobre el problema del agua como algunos de los objetivos de este nuevo camino conjunto.

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Hay que mojarse

Foto: Cristina Maruri / Ayuda en Acción

Primicia: los partidos políticos de nuestro país parecen dispuestos a llegar a un acuerdo. No es broma. Es más, no sólo tienen la voluntad de hacer las concesiones necesarias en pro del bien común, sino que están decididos a impulsar un pacto político, social y territorial de largo alcance. Entiendo el escepticismo, pero lo cierto es que el tema lo merece: está por encima de la situación económica, la coyuntura política y los intereses partidistas. Invita a la grandeza y la altura de miras.

A estas alturas el lector se estará preguntando, entre impaciente e incrédulo, si existe un ámbito que logre suscitar un consenso semejante entre nuestra clase política. Parece que sí. Al menos así lo manifestaron nuestros representantes el pasado martes 23 de mayo en Madrid, en el marco de las jornadas sobre ' La educación como pilar de un pacto por la infancia'' organizadas por UNICEF. Además de constituir un espacio de debate imprescindible de cara al futuro Pacto de Estado por la Educación en el que ya trabajan sus señorías , este encuentro se convirtió en un reflejo bastante exacto de lo que debería ser el futuro Pacto –un diálogo en el que estén presentes y representados la totalidad de los agentes implicados en la educación: comunidades educativas (familias, docentes, alumnado), administraciones públicas, partidos políticos, expertos, agentes sociales y movimientos ciudadanos–.

La negociación de un Pacto educativo es un proceso que debe incluir a todos, y el resultado debe ser de todos. Ningún pacto o ley educativa tendrá verdadera repercusión o apropiación a largo plazo si no logra cambiar lo que sucede en las aulas, y no lo hará si no cuenta con un verdadero compromiso por parte de todos los actores implicados (que en definitiva somos todos y todas).

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La infancia, prioritaria en el discurso pero no en la inversión

Este poco interés presupuestario se contradice con la realidad de nuestra infancia Foto: Abat Oliba / Ayuda en Acción.

"Put your money where your mouth is". Perdón, pero no me resisto a comenzar este post con una expresión en inglés. Sé que corro el riesgo de parecer snob pero viene que ni pintada para el momento que vivimos, previos al debate y votación de las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Para los que no sepan o estén menos duchos en los vericuetos de esta lengua, en bruto, sería algo así como "pon el dinero en donde tienes la boca", aunque su significado más genérico sería aquello de que hay que predicar con el ejemplo. Por eso, si desde la clase política se ha manifestado que tal o cual cuestiones son prioritarias, lo normal es que se predique con el ejemplo y se asignen recursos suficientes para ello.   

Como señalaba anteriormente, en breve, el Parlamento estará discutiendo las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, y tal y como están ahora y según las organizaciones que trabajamos con niños y niñas, representadas en la Plataforma de Infancia, estas enmiendas al presupuesto están lejos de garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestra ciudadanía más joven.

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¿Están los pueblos indígenas representados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Niño indígena de Quibdó, Colombia. Foto: Salva Campillo / Ayuda en Acción

No es ninguna novedad que los pueblos indígenas llevan a sus espaldas una larga historia de discriminación, sometimiento y expolio, y que en la actualidad sus condiciones de vida están lejos de poder alcanzar  unos estándares mínimos de dignidad, si es que podemos hablar de una dignidad “de mínimos”. Tampoco es ninguna novedad que la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los esfuerzos realizados tanto nivel nacional como internacional –esfuerzos que  suelen traducirse en tratados, declaraciones, constituciones, políticas y leyes, por mencionar algunas de sus formas–, han resultado insuficientes para la consecución de los objetivos que perseguían. Desde el trascendental Convenio 169 de la OIT hasta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y sin dejar de valorar estos importantes avances históricos, las principales iniciativas internacionales dirigidas a dignificar a los pueblos indígenas arrojan un balance poco alentador. Una de las cuestiones clave del asunto tiene que ver con los derechos de tenencia de la tierra. Según Joan Carling, activista indígena en su día experta participante del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas ( posteriormente relevada del cargo por el ECOSOC sentando un pésimo precedente), aproximadamente el 50% de la tierra del planeta es territorio ancestral indígena. De esta superficie, solo el 10% está legalmente reconocido como tal. Adicionalmente, un reciente estudio de The Muden Project sobre 73.000 concesiones de minería, petróleo y gas, tala y agronegocios en ocho países de bosque tropical, concluía que el 93% de dichas concesiones involucraba tierras habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales.  

La Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha generado tanto optimismo como escepticismo. En comparación con la agenda anterior articulada en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la que los pueblos indígenas estaban prácticamente invisibilizados, la 2030 ha supuesto un importante salto cualitativo tanto en términos de participación de los pueblos indígenas en su diseño (uno de los nueve grupos que participaron en el procesos de consultas y deliberaciones), como en la inclusión explícita o implícita de dichos pueblos en sus instrumentos fundamentales (declaración, objetivos, metas e indicadores). Pero, ¿en realidad las necesidades de los pueblos indígenas se encuentran representadas en la nueva agenda de desarrollo? ¿Hay razones para el optimismo o una vez más en la historia los más rezagados “se quedarán atrás”?

No es una pregunta en absoluto sencilla. La Agenda, en su declaración, promete que “nadie se quedará atrás” y que se llegará “primero a los más rezagados” (párr. 4). Difícil pues hacer una lectura de la declaración sin dar cierta centralidad a los pueblos indígenas como destinatarios de los esfuerzos que en los próximos años se llevarán a cabo para hacer de este mundo un lugar menos hostil. Las referencias indirectas a los pueblos indígenas atraviesan prácticamente todo el documento que contiene los ODS, pero solo se mencionan explícitamente en dos de las 169 metas (la 2.3. sobre la producción agrícola a pequeña escala y la 4.5. sobre la eliminación de las desigualdades en el acceso a la educación, ambas con sus respectivos indicadores).

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Emergencias humanitarias: más allá de salvar vidas

Las inundaciones de Perú han dañado gravemente carreteras e infraestructuras, dejando asilados a miles de damnificados y dificultando el reparto de ayuda humanitaria.

No hay duda. En una emergencia humanitaria, el primer gran reto es salvar el mayor número de vidas posible. Pero tras él, llegan otros que no son menos importantes como garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable, asegurar condiciones de higiene y salubridad dignas para evitar la propagación de enfermedades y minimizar las consecuencias psicológicas asociadas a la catástrofe.

Hace décadas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso el foco sobre la importancia de la salud en las emergencias, ya sean catástrofes naturales, conflictos armados o cualquier otro tipo de desastres. Fue principalmente durante la década de los 90, en el Decenio Internacional para la reducción de los Desastres Naturales (1990-1999) cuando la salud en el contexto de las emergencias pasó a entenderse como algo mucho más complejo que el hecho de preservar la vida.

Según datos de Naciones Unidas, tan sólo en 2016, se registraron más de 411 millones de personas afectadas por emergencias en 102 países, lo que supone que más de la mitad de los países del mundo sufrió algún tipo de catástrofe. El año pasado hubo un total de 301 desastres naturales tales como sequías - actualmente afectan al 94% de los países-, epidemias –las más comunes, el dengue o el virus del Zika-, inundaciones o terremotos, estas dos últimas juntas suman casi el 70% de los desastres.

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