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El Salado, in memóriam

Cartel ubicado en la biblioteca de El Salado, donde Ayuda en Acción trabaja para mejorar las condiciones de vida de los retornados y para fortalecer el proceso de construcción de paz.

Hace 17 años los vecinos del corregimiento de El Salado –ubicado en Los Montes de María, en el Departamento de Bolívar– sufrieron y fueron testigos de horribles acontecimientos que dieron lugar al abandono y la huida del pueblo en su totalidad. Conocida como La masacre de El Salado ’ es una de las más violentas y desgarradoras que han existido en la reciente historia del conflicto colombiano, pero no la única. Solo en la región de los Montes de María tuvieron lugar más de 50 hechos en condiciones similares.

"En el año 2000 más de 300 paramilitares irrumpieron en el pueblo de El Salado, así como en los caseríos aledaños y asesinaron a 66 personas indefensas con inverosímil alevosía y crueldad. Los paramilitares violaron y empalaron a las mujeres, decapitaron a los campesinos y jugaron fútbol con sus cabezas, extrajeron los instrumentos de música de la Casa del Pueblo para celebrar con un estrépito de tambores cada muerte y fundaron un verdadero reino del terror: durante tres días con sus noches, ese grupo de paramilitares se instaló en la plaza central, bebió licor hasta la desmemoria y obligó a los habitantes del pueblo a presenciar, uno a uno, cada asesinato. Los 7.000 moradores huyeron tan pronto como pudieron y se refugiaron como desplazados en las ciudades". Quien narra lo sucedido es Claudia Jaramillo, directora de Fundación Semana, organización colombiana aliada de Ayuda en Acción en el trabajo de reconstrucción de la región de El Salado.

Pocos años después de aquellos hechos, una decena de familias supervivientes tomaron la iniciativa de retornar, reivindicar y poner en pie un nuevo pueblo, una nueva ciudadanía, basados en los principios de la paz y la concordia. Muchas entidades públicas, privadas y organismos de cooperación se unieron para fomentar la paz y ponerse al lado de esta comunidad para trabajar conjuntamente en un proceso de reconstrucción y construcción de futuro. Fue así como Ayuda en Acción llegó a El Salado y sus veredas y empezamos nuestro trabajo en la zona. Hoy en día viven allí más de 1400 vecinos y cada año retornan más de 150 personas.

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¿Sueñan las chicas con ovejas eléctricas?

Desarrollar en el alumnado competencias digitales, así como competencias sociales y educación en valores son objetivos de GEN10S y MAK3RS. ©Manuel Sevillano/AeA

Tras ver Star Wars, mi sobrina Elena, que por aquel entonces tenía 7 años, nos dijo: "¡Cuando sea mayor voy a construir la Estrella de la Muerte!". Ese día comenzó su fascinación por las películas de ciencia ficción con naves espaciales. Si le dabas a elegir entre la Sirenita o el capitán Spock, ella lo tenía claro. En casa, sus padres siempre alentaron ese sueño infantil con novelas de Verne o Wells, intentando –eso sí– que abandonase el lado oscuro de La Fuerza. A punto de terminar el bachillerato, la mayor ilusión de Elena es estudiar ingeniería aeroespacial.

Elena aspira a formar parte de ese 25% de chicas que actualmente estudian una ingeniería en nuestro país. Porcentaje que no para de caer a pesar de que las mujeres suponen un 54% del alumnado universitario. De las múltiples brechas a las que se tiene que enfrentar la mujer en todo el planeta, la digital es una de las que la ONU considera vital eliminar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. Su Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que la mujer desempeña en ese ámbito; aunque la realidad es que a pesar del esfuerzo que la comunidad internacional ha llevado a cabo en los últimos años, promoviendo la contribución de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en estas disciplinas.

Con objeto de contribuir a esta labor en nuestro país, Ayuda en Acción inició el pasado curso escolar una línea de innovación educativa que, a través de la tecnología, tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades entre el alumnado y reducir la brecha digital y de género. Esta acción se ha empezado a implementar a través de dos proyectos, GEN10S y MAK3RS, iniciativas que alcanzan ya a un total de 67 centros educativos de 11 comunidades autónomas, con el objetivo de desarrollar en su alumnado competencias digitales –incluyendo programación y robótica–, así como competencias sociales y educación en valores. Como ejemplo, usamos la tecnología para que nuestras niñas y niños reflexionen sobre problemas como el acoso escolar o el trabajo infantil. Ambos proyectos incluyen distintas acciones de información y concienciación en las familias; y la capacitación del profesorado en los recursos documentales, metodologías y conocimientos para que los proyectos sean sostenibles y los docentes sean los agentes del cambio educativo.

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No nos apaguen la luz

5,1 millones de personas en España tienen dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Fotograma extraído del documental 1 de cada 5. © Gabriel Pecot y Celia Hernández

La pobreza energética en España, de la que hablábamos el pasado mes de noviembre, enciende la luz (roja) una vez más. El pasado 31 de enero el Congreso de los Diputados convalidaba el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, que regula la financiación del bono social eléctrico, incorporando medidas contra la pobreza energética. Este bono social fue creado en 2009 como mecanismo de apoyo en el pago del recibo eléctrico a familias vulnerables.  De esta forma se reconoce de manera implícita que millones de personas pasan frío en sus hogares en invierno en nuestro país.

Este reconocimiento político y social es necesario ante la magnitud del problema. Un problema que afecta directamente a 1 de cada 5 personas en España: en total, 5,1 millones tienen dificultades para mantener su vivienda a una temperatura apropiada en los meses de invierno, temperatura que la Organización Mundial de la Salud cifra entre los 18 y 22 º. Cerca de 7 millones de personas dedican más del 10% de sus ingresos al gasto energético. Desde el comienzo de la crisis, el número de personas que no pueden hacer frente a las facturas energéticas ha aumentado un 80% en nuestro país. Curiosamente, el número de personas afectadas por la pobreza energética es el mismo que vive en riesgo de pobreza en España: 1 de cada 5.

La pobreza energética, o la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía, hay que englobarla en una dimensión más amplia de justicia y bienestar social; se trata de una manifestación más de la pobreza que también está relacionada con enfermedades e incluso con el aumento de las muertes prematuras en personas mayores de 60 años. Según el estudio bienal sobre pobreza y desigualdad energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), cada año fallecen 7.000 personas en España como consecuencia de la pobreza energética, más incluso que por accidentes de tráfico.

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No queremos quedarnos en la foto

Las preocupaciones de la infancia quedan recogidas en el Manifiesto de Santander, que organiza sus 40 propuestas en 6 ámbitos

"No queremos quedarnos en la foto", así hablaba Zakaria, contundente. Su propósito y el de sus compañeros y compañeras (una representación de 8 jóvenes, portavoces de los consejos de participación infantil y adolescente de diferentes partes de España) era presentar propuestas en cuanto a los temas que les afectan.

El pasado 25 de enero pudieron, por primera vez, hacer valer el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño: el derecho a ser escuchados. Al otro lado,  una nutrida audiencia formada por otros niños y niñas, docentes y organizaciones del tercer sector y la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados.

Esta comisión, que tiene carácter permanente no legislativo, se creó en marzo de 2016, gracias al trabajo de muchas organizaciones de infancia, con la Plataforma de Infancia a la cabeza, de la que Ayuda en Acción es un miembro activo. Es el resultado de una antigua reivindicación: la necesidad de un espacio de trabajo que garantizase que las leyes y políticas, y sus aplicaciones, estuviesen alineados con el interés superior del menor y que cumpliesen con toda la legislación nacional e internacional en derechos del niño.

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La sequía que amenaza Bolivia

La sequía en Bolivia afecta a más de 177.000 familias y 173 municipios están en situación de emergencia.

Si algo caracteriza a Bolivia es la desafortunada contraposición entre sus abundantes fuentes de agua y los pocos sistemas de distribución, así como sus serias limitaciones en el acceso a ésta en las zonas rural y urbana. Los glaciares andinos, formidables fuentes naturales de la provisión de agua y protagonistas de obras hidráulicas importantísimas, están amenazados por el calentamiento global; los que son claves para La Paz y El Alto están desapareciendo de manera acelerada, como  ya ha sucedido con el de Chacaltaya, inexistente desde hace un lustro.

La huella de las sequías está siendo dramática, desde 2015 hasta la fecha, siete de las principales ciudades del país han sufrido un déficit crítico de agua: La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí. Las cifras oficiales indican que esta situación afecta a más de 177.000 familias y 173 municipios están en situación de emergencia. También se estima que esta sequía afecta a más de 600.000 hectáreas de cultivos y casi 600.000 cabezas de ganado y las pérdidas agrícolas, según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, alcanzan ya los 125 millones de dólares en la campaña de verano y otro tanto en la de invierno.

A finales del pasado mes de noviembre la Paz se quedó prácticamente sin agua y hubo que racionar la escasa disponible, esto afectó a 64.000 familias y a 188 escuelas. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia decretó el estado de emergencia nacional por la sequía, publicando el Decreto Supremo nº 2987 que autoriza a todos los niveles gubernamentales para la asignación y reasignación de fondos destinados a dicha emergencia.

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El Derecho Humano a la Alimentación, a debate en Tibasosa

Las organizaciones pusieron de manifiesto la necesidad de que las políticas públicas dignifiquen al campesinado, por ejemplo, a través del fomento de la agroecología.

Tibasosa es un pequeño pueblo colombiano de casas coloniales blancas rodeado de montañas verdes que se encuentra a unas 4 horas por carretera al nororiente de Bogotá, en el departamento de Boyacá. Hace unos años, esta zona fue el epicentro de un convulso paro agrario nacional que puso en jaque al gobierno central y que generó una ola de indignación y solidaridad por parte de amplios sectores de la sociedad colombiana, incluyendo a las clases medias urbanas. Las razones del paro no eran nuevas, hundían sus raíces en el problema agrario que arrastra el país desde hace siglos y que la globalización neoliberal y los tratados de libre comercio no han hecho más que profundizar. En aquel momento circulaba en las redes el documental " 9.70. La privatización de las semillas" que denunciaba cómo la policía confiscaba cosechas enteras a los campesinos ya que, en virtud del Tratado de Libre Comercio con EEUU, debían utilizar las semillas que vendían las multinacionales norteamericanas, las cuales eran certificadas y de un solo uso. La televisión mostraba al país y al mundo a las fuerzas antidisturbios reprimiendo a indefensos campesinos que reclamaban unas condiciones de vida dignas. La ruana, una especie de poncho de lana típico de la región, se convertía en el símbolo de la protesta.

En ese mismo lugar y en torno a esa misma problemática, representantes de organizaciones campesinas de 9 países de América Latina debatieron durante 4 días en el Encuentro Regional sobre Avances Internacionales en el Derecho a la Alimentación (Tibasosa, del 9 al 13 de diciembre). Un encuentro que ha sido también una suerte de epílogo a 12 años de trabajo para el fortalecimiento de redes de organizaciones campesinas en el marco del programa de apoyo a la “Red Internacional de Seguridad Alimentaria” (IFSN, por sus siglas en inglés), apoyado por la Unión Europea y Ayuda en Acción. La IFSN aglutina aproximadamente a 1.100 organizaciones repartidas en 6 redes regionales en Asia, África y América Latina y su objetivo es consolidar estas redes para que, desde sus mecanismos de democracia interna, se erijan en actores con capacidad de interlocución política a nivel nacional, regional e internacional.

En este evento ha habido espacio para reflexionar y aprender de las experiencias de esos años de trabajo y para que los participantes compartieran no sólo sus vivencias de lucha política por el Derecho Humano a la Alimentación, sino también sus prácticas de producción agroecológicas y sus reflexiones en torno a conceptos como la agricultura familiar, contribuyendo a la producción de conocimiento "desde abajo".

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La infancia en el pleno

Uno de cada 3 niños y niñas en España vive bajo el umbral de la pobreza © Ayuda en Acción

Actualmente, en España el 28,7% de los niños y niñas menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social (INE. Mayo 2016). Esta alarmante realidad es uno de los principales motores de trabajo para las casi 60 entidades de ámbito estatal que conforman la Plataforma de Infancia; una sinrazón que supone el leitmotiv para aumentar la incidencia política sobre las cuestiones relativas a infancia en las cámaras parlamentarias, en el ejecutivo y en la sociedad en general; estas cifras se convierten en el principal objetivo a paliar desde el trabajo de interlocución constante con todos los grupos parlamentarios.

En los últimos años, la Plataforma de Infancia y las entidades que la componen han intensificado el trabajo con todas las agrupaciones políticas, en busca del pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las metas a lograr y los objetivos expuestos sobre las mesas de diputados y senadores giran en torno a un gran Pacto de Estado por la Infancia que cambie y asegure la continua protección de la infancia en todos los ámbitos sin importar quien gobierne, dichas metas se concretan en peticiones políticas que pretenden cambiar la realidad de la infancia más desfavorecida.

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Yo defiendo los derechos humanos. Sería de locos no hacerlo

Cada 10 de diciembre supone un hito en el calendario de las organizaciones sociales; se celebra el Día Universal de los Derechos Humanos. La defensa de uno o varios de estos es el leitmotiv, el motor de la máquina, la razón de ser, la esencia de todas y cada una de las ONG existentes, sea cual sea su ubicación o tamaño. Por eso es un día importante: alzamos la voz, unimos fuerzas, hablamos de nuestro trabajo, llamamos la atención sobre lo (tanto) que queda por hacer, ponemos el foco en datos que queremos cambiar, metemos nuestro discurso en uno o varios trending topics, y lanzamos fotogalerías, reportajes o acciones en medios para que a nadie se le escape que hay mucha gente trabajando para que los derechos humanos sean una realidad para todos y todas, y que nosotros también tenemos cosas que decir. ¡Es el Día Universal de los Derechos Humanos! Sería de locos quedarnos callados.

En Ayuda en Acción, defendemos prácticamente todos los derechos contenidos en la Declaración Universal; los defendemos sobre el papel y lo hacemos, día a día, con nuestro trabajo. Y también hacemos todo lo anterior cada 10 de diciembre, cada año desde hace 35 años. Normalmente nos fijamos e intentamos acompañar la propuesta anual de Naciones Unidas, porque tiene mucha fuerza y porque ayuda a que todos vayamos a una ese día. De poco serviría poner el foco en la libertad o en la educación, si se está hablando de otra cosa. Aprovechar la sinergia del discurso y apropiarnos del lema propuesto para ese año, es la mejor forma de buscar el –aunque sea mínimo– impacto. Sería de locos no aprovechar esa oportunidad.

En este 2016, la ONU hace una llamada para que defendamos los derechos del otro; nos insta a posicionarnos para que defendamos los derechos de un migrante, de una persona con discapacidad, de un afrodescendiente... y nos lo hemos tomado al pie de la letra. El lema de este año es “defiende hoy los derechos de los demás”.

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Pobreza energética, otro elemento más en la ecuación de la desigualdad

5,1 millones de personas en España son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Foto: Gabriel Pecot/ Ayuda en Acción

Según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) 5’1 millones de personas en España, el 11 % de los hogares, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Cifra que, desde el último estudio, hace tan solo dos años, se ha incrementado un 22 %. Un 6 % (2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15 % de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

Eso significa que los ingresos del hogar, descontando los gastos de vivienda y energía doméstica, son menores que la renta mínima de inserción española (417 €/mes en 2014), es decir,  casi 3 millones de españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagados los gastos de hogar y de energía. La composición del hogar es también un elemento determinante a la hora de dibujar esta geografía de la vulnerabilidad, en donde aquellos hogares con personas mayores, las familias monoparentales y las familias con 3 o más niños dependientes son las que más sufren estas circunstancias.

El año pasado todos los Gobiernos del mundo se comprometieron a lograr en 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esto les obliga a poner en marcha políticas, leyes y acuerdos para que en 2030 el mundo sea más justo y equitativo en todos sus aspectos y, lo más importante, que podamos vivir de un modo sostenible que no ponga más en peligro nuestra vida en el planeta. El uso eficiente de la energía es una de las claves en el logro de los ODS pero el conseguirlo, como señala el ODS7 cuya meta para 2030 es “garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos”, supone también uno de los grandes retos que afrontamos. En este sentido y hasta la fecha, los datos muestran que España está a la cola de Europa en el cumplimiento de este ODS7.

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El riesgo de ser mujer en Centroamérica

En Nicaragua, 1 de cada 4 mujeres de la zona rural ha sido sometida a violencia física.

Cada 16 horas, una mujer es asesinada en El Salvador y Honduras. En el caso del primero, 2.521 mujeres murieron en los últimos seis años y, en el segundo, a lo largo de la última década la cifra asciende a 4.496 mujeres asesinadas; ello ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar de epidemia los feminicidios en la región. Y es que Honduras o El Salvador no son casos aislados, según el último Informe sobre el estado de la región (2016), los crímenes contra las mujeres en Centroamérica superan las cifras del año 2000 en la mayor parte de los siete países de esta zona.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de estadísticas como éstas, las organizaciones de mujeres siguen reivindicando que no existe información de calidad y actualizada sobre las agresiones contra las mujeres y, principalmente, sobre las muertes violentas. Ejemplo de ello es el caso de El Salvador, donde la situación de violencia social que vive el país hace que las muertes de mujeres se consideren homicidios y no feminicidios, entendiendo estos como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de serlo.

Actualmente, los siete países de Centroamérica cuentan con legislaciones vigentes específicas que penalizan la violencia contra las mujeres que tipifican como delito el feminicidio y, a escala regional, en diciembre de 2013 se aprobó la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana (PRIEG/SICA), un instrumento público regional que posiciona la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres. Sin embargo, la realidad es que los estados no garantizan que todos los delitos y crímenes sean debidamente investigados, perseguidos, juzgados y sancionados.

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