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¿Están los pueblos indígenas representados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Niño indígena de Quibdó, Colombia. Foto: Salva Campillo / Ayuda en Acción

No es ninguna novedad que los pueblos indígenas llevan a sus espaldas una larga historia de discriminación, sometimiento y expolio, y que en la actualidad sus condiciones de vida están lejos de poder alcanzar  unos estándares mínimos de dignidad, si es que podemos hablar de una dignidad “de mínimos”. Tampoco es ninguna novedad que la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los esfuerzos realizados tanto nivel nacional como internacional –esfuerzos que  suelen traducirse en tratados, declaraciones, constituciones, políticas y leyes, por mencionar algunas de sus formas–, han resultado insuficientes para la consecución de los objetivos que perseguían. Desde el trascendental Convenio 169 de la OIT hasta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y sin dejar de valorar estos importantes avances históricos, las principales iniciativas internacionales dirigidas a dignificar a los pueblos indígenas arrojan un balance poco alentador. Una de las cuestiones clave del asunto tiene que ver con los derechos de tenencia de la tierra. Según Joan Carling, activista indígena en su día experta participante del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas ( posteriormente relevada del cargo por el ECOSOC sentando un pésimo precedente), aproximadamente el 50% de la tierra del planeta es territorio ancestral indígena. De esta superficie, solo el 10% está legalmente reconocido como tal. Adicionalmente, un reciente estudio de The Muden Project sobre 73.000 concesiones de minería, petróleo y gas, tala y agronegocios en ocho países de bosque tropical, concluía que el 93% de dichas concesiones involucraba tierras habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales.  

La Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha generado tanto optimismo como escepticismo. En comparación con la agenda anterior articulada en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la que los pueblos indígenas estaban prácticamente invisibilizados, la 2030 ha supuesto un importante salto cualitativo tanto en términos de participación de los pueblos indígenas en su diseño (uno de los nueve grupos que participaron en el procesos de consultas y deliberaciones), como en la inclusión explícita o implícita de dichos pueblos en sus instrumentos fundamentales (declaración, objetivos, metas e indicadores). Pero, ¿en realidad las necesidades de los pueblos indígenas se encuentran representadas en la nueva agenda de desarrollo? ¿Hay razones para el optimismo o una vez más en la historia los más rezagados “se quedarán atrás”?

No es una pregunta en absoluto sencilla. La Agenda, en su declaración, promete que “nadie se quedará atrás” y que se llegará “primero a los más rezagados” (párr. 4). Difícil pues hacer una lectura de la declaración sin dar cierta centralidad a los pueblos indígenas como destinatarios de los esfuerzos que en los próximos años se llevarán a cabo para hacer de este mundo un lugar menos hostil. Las referencias indirectas a los pueblos indígenas atraviesan prácticamente todo el documento que contiene los ODS, pero solo se mencionan explícitamente en dos de las 169 metas (la 2.3. sobre la producción agrícola a pequeña escala y la 4.5. sobre la eliminación de las desigualdades en el acceso a la educación, ambas con sus respectivos indicadores).

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Emergencias humanitarias: más allá de salvar vidas

Las inundaciones de Perú han dañado gravemente carreteras e infraestructuras, dejando asilados a miles de damnificados y dificultando el reparto de ayuda humanitaria.

No hay duda. En una emergencia humanitaria, el primer gran reto es salvar el mayor número de vidas posible. Pero tras él, llegan otros que no son menos importantes como garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable, asegurar condiciones de higiene y salubridad dignas para evitar la propagación de enfermedades y minimizar las consecuencias psicológicas asociadas a la catástrofe.

Hace décadas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso el foco sobre la importancia de la salud en las emergencias, ya sean catástrofes naturales, conflictos armados o cualquier otro tipo de desastres. Fue principalmente durante la década de los 90, en el Decenio Internacional para la reducción de los Desastres Naturales (1990-1999) cuando la salud en el contexto de las emergencias pasó a entenderse como algo mucho más complejo que el hecho de preservar la vida.

Según datos de Naciones Unidas, tan sólo en 2016, se registraron más de 411 millones de personas afectadas por emergencias en 102 países, lo que supone que más de la mitad de los países del mundo sufrió algún tipo de catástrofe. El año pasado hubo un total de 301 desastres naturales tales como sequías - actualmente afectan al 94% de los países-, epidemias –las más comunes, el dengue o el virus del Zika-, inundaciones o terremotos, estas dos últimas juntas suman casi el 70% de los desastres.

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Ningún niño o joven sin el pan del saber

Foto: Salva Campillo / Ayuda en Acción

"Ahora ya no se quedan niños sin el pan del saber", resume emocionado un campesino de la pequeña comunidad de Los Rincones, en Honduras, donde los niños y niñas ya pueden dar clase bajo techo gracias al programa que Ayuda en Acción desarrolla en la zona. Esta frase tan poética y aparentemente sencilla, encierra una gran sabiduría: la educación es tan vital y necesaria como el pan, la base para sociedades más sólidas y equitativas, una herramienta imprescindible para garantizar un desarrollo más justo y sostenible. Y, sobre todo, es un derecho humano, recogido en diversos tratados internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 26) y la Declaración de los Derechos del Niño (Principio 7).

Sin embargo, según los últimos datos publicados por la UNESCO en su Informe de seguimiento de la educación en el mundo (GEM, 2016), a día de hoy 263 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el mundo ven vulnerado este derecho, la mayoría de ellos en el África Subsahariana. Y 758 millones de personas adultas son analfabetas, dos tercios de ellas mujeres. Los datos siempre tienen impacto humano: detrás de cada uno de ellos, hay un niño, niña o joven que no tendrá la oportunidad de salir de una situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, ni de aspirar a una vida mejor. Estas cifras, estas personas, nos obligan a reaccionar y exigen una movilización ciudadana que logre situar el derecho a la educación en el lugar preeminente que merece dentro de la agenda internacional. Desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) queremos ser el altavoz de esas demandas ciudadanas, ya que creemos que el futuro de nuestras sociedades y de nuestro planeta depende de que entre todos y todas seamos capaces de cambiar estos datos, y con ellos la vida de estas personas. Es urgente que nos pongamos manos a la obra.

Incheon. Foto: Salva Campillo / AeA

Foto: Salva Campillo / Ayuda en Acción

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Hoy no es 8 de marzo

En el marco de nuestra labor, en Ayuda en Acción hemos observado la manera en que la discriminación contra las mujeres se manifiesta en múltiples sectores. Foto: Sanjit Das/ ActionAid

6 de febrero, 11 de febrero, 22 de febrero, 24 de mayo, 28 de mayo, 19 de junio, 28 de junio, 30 de julio, 23 de septiembre, 11 de octubre, 15 de octubre, 25 de noviembre, 29 de noviembre, 1 de diciembre… (*)

Y cómo no, un año más… el 8 de marzo celebramos el Día Internacional de las Mujeres

Pese a que uno de los principios básicos de los derechos humanos sea que estos son universales, pareciera, por alguna "extraña razón" que dicha universalidad decidió olvidarse de más del 50% de la población y por ello, año tras año, sigue siendo necesario visibilizar que, más allá de unas  fechas concretas en el calendario, resulta imprescindible proteger, defender y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

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8 de marzo, Día Internacional del Hombre

Foto: Ayuda en Acción - Nicola Bailey - ActionAid

En nuestra sociedad se trata al hombre de forma discriminatoria y se alienta una desigualdad que, en mayor o menor medida, tiene lugar en todos los países del mundo. No hay idioma en el que el lenguaje no se use de forma sexista en contra de los hombres.

En muchos países el hombre tiene prohibido el derecho al voto y negados la mayoría de sus derechos civiles.

En muchas culturas los hombres no tienen acceso a una educación; lo que busca anularlos y someterlos a sus futuras esposas.

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El Salado, in memóriam

Cartel ubicado en la biblioteca de El Salado, donde Ayuda en Acción trabaja para mejorar las condiciones de vida de los retornados y para fortalecer el proceso de construcción de paz.

Hace 17 años los vecinos del corregimiento de El Salado –ubicado en Los Montes de María, en el Departamento de Bolívar– sufrieron y fueron testigos de horribles acontecimientos que dieron lugar al abandono y la huida del pueblo en su totalidad. Conocida como La masacre de El Salado ’ es una de las más violentas y desgarradoras que han existido en la reciente historia del conflicto colombiano, pero no la única. Solo en la región de los Montes de María tuvieron lugar más de 50 hechos en condiciones similares.

"En el año 2000 más de 300 paramilitares irrumpieron en el pueblo de El Salado, así como en los caseríos aledaños y asesinaron a 66 personas indefensas con inverosímil alevosía y crueldad. Los paramilitares violaron y empalaron a las mujeres, decapitaron a los campesinos y jugaron fútbol con sus cabezas, extrajeron los instrumentos de música de la Casa del Pueblo para celebrar con un estrépito de tambores cada muerte y fundaron un verdadero reino del terror: durante tres días con sus noches, ese grupo de paramilitares se instaló en la plaza central, bebió licor hasta la desmemoria y obligó a los habitantes del pueblo a presenciar, uno a uno, cada asesinato. Los 7.000 moradores huyeron tan pronto como pudieron y se refugiaron como desplazados en las ciudades". Quien narra lo sucedido es Claudia Jaramillo, directora de Fundación Semana, organización colombiana aliada de Ayuda en Acción en el trabajo de reconstrucción de la región de El Salado.

Pocos años después de aquellos hechos, una decena de familias supervivientes tomaron la iniciativa de retornar, reivindicar y poner en pie un nuevo pueblo, una nueva ciudadanía, basados en los principios de la paz y la concordia. Muchas entidades públicas, privadas y organismos de cooperación se unieron para fomentar la paz y ponerse al lado de esta comunidad para trabajar conjuntamente en un proceso de reconstrucción y construcción de futuro. Fue así como Ayuda en Acción llegó a El Salado y sus veredas y empezamos nuestro trabajo en la zona. Hoy en día viven allí más de 1400 vecinos y cada año retornan más de 150 personas.

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¿Sueñan las chicas con ovejas eléctricas?

Desarrollar en el alumnado competencias digitales, así como competencias sociales y educación en valores son objetivos de GEN10S y MAK3RS. ©Manuel Sevillano/AeA

Tras ver Star Wars, mi sobrina Elena, que por aquel entonces tenía 7 años, nos dijo: "¡Cuando sea mayor voy a construir la Estrella de la Muerte!". Ese día comenzó su fascinación por las películas de ciencia ficción con naves espaciales. Si le dabas a elegir entre la Sirenita o el capitán Spock, ella lo tenía claro. En casa, sus padres siempre alentaron ese sueño infantil con novelas de Verne o Wells, intentando –eso sí– que abandonase el lado oscuro de La Fuerza. A punto de terminar el bachillerato, la mayor ilusión de Elena es estudiar ingeniería aeroespacial.

Elena aspira a formar parte de ese 25% de chicas que actualmente estudian una ingeniería en nuestro país. Porcentaje que no para de caer a pesar de que las mujeres suponen un 54% del alumnado universitario. De las múltiples brechas a las que se tiene que enfrentar la mujer en todo el planeta, la digital es una de las que la ONU considera vital eliminar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. Su Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que la mujer desempeña en ese ámbito; aunque la realidad es que a pesar del esfuerzo que la comunidad internacional ha llevado a cabo en los últimos años, promoviendo la contribución de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en estas disciplinas.

Con objeto de contribuir a esta labor en nuestro país, Ayuda en Acción inició el pasado curso escolar una línea de innovación educativa que, a través de la tecnología, tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades entre el alumnado y reducir la brecha digital y de género. Esta acción se ha empezado a implementar a través de dos proyectos, GEN10S y MAK3RS, iniciativas que alcanzan ya a un total de 67 centros educativos de 11 comunidades autónomas, con el objetivo de desarrollar en su alumnado competencias digitales –incluyendo programación y robótica–, así como competencias sociales y educación en valores. Como ejemplo, usamos la tecnología para que nuestras niñas y niños reflexionen sobre problemas como el acoso escolar o el trabajo infantil. Ambos proyectos incluyen distintas acciones de información y concienciación en las familias; y la capacitación del profesorado en los recursos documentales, metodologías y conocimientos para que los proyectos sean sostenibles y los docentes sean los agentes del cambio educativo.

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No nos apaguen la luz

5,1 millones de personas en España tienen dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Fotograma extraído del documental 1 de cada 5. © Gabriel Pecot y Celia Hernández

La pobreza energética en España, de la que hablábamos el pasado mes de noviembre, enciende la luz (roja) una vez más. El pasado 31 de enero el Congreso de los Diputados convalidaba el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, que regula la financiación del bono social eléctrico, incorporando medidas contra la pobreza energética. Este bono social fue creado en 2009 como mecanismo de apoyo en el pago del recibo eléctrico a familias vulnerables.  De esta forma se reconoce de manera implícita que millones de personas pasan frío en sus hogares en invierno en nuestro país.

Este reconocimiento político y social es necesario ante la magnitud del problema. Un problema que afecta directamente a 1 de cada 5 personas en España: en total, 5,1 millones tienen dificultades para mantener su vivienda a una temperatura apropiada en los meses de invierno, temperatura que la Organización Mundial de la Salud cifra entre los 18 y 22 º. Cerca de 7 millones de personas dedican más del 10% de sus ingresos al gasto energético. Desde el comienzo de la crisis, el número de personas que no pueden hacer frente a las facturas energéticas ha aumentado un 80% en nuestro país. Curiosamente, el número de personas afectadas por la pobreza energética es el mismo que vive en riesgo de pobreza en España: 1 de cada 5.

La pobreza energética, o la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía, hay que englobarla en una dimensión más amplia de justicia y bienestar social; se trata de una manifestación más de la pobreza que también está relacionada con enfermedades e incluso con el aumento de las muertes prematuras en personas mayores de 60 años. Según el estudio bienal sobre pobreza y desigualdad energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), cada año fallecen 7.000 personas en España como consecuencia de la pobreza energética, más incluso que por accidentes de tráfico.

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No queremos quedarnos en la foto

Las preocupaciones de la infancia quedan recogidas en el Manifiesto de Santander, que organiza sus 40 propuestas en 6 ámbitos

"No queremos quedarnos en la foto", así hablaba Zakaria, contundente. Su propósito y el de sus compañeros y compañeras (una representación de 8 jóvenes, portavoces de los consejos de participación infantil y adolescente de diferentes partes de España) era presentar propuestas en cuanto a los temas que les afectan.

El pasado 25 de enero pudieron, por primera vez, hacer valer el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño: el derecho a ser escuchados. Al otro lado,  una nutrida audiencia formada por otros niños y niñas, docentes y organizaciones del tercer sector y la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados.

Esta comisión, que tiene carácter permanente no legislativo, se creó en marzo de 2016, gracias al trabajo de muchas organizaciones de infancia, con la Plataforma de Infancia a la cabeza, de la que Ayuda en Acción es un miembro activo. Es el resultado de una antigua reivindicación: la necesidad de un espacio de trabajo que garantizase que las leyes y políticas, y sus aplicaciones, estuviesen alineados con el interés superior del menor y que cumpliesen con toda la legislación nacional e internacional en derechos del niño.

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La sequía que amenaza Bolivia

La sequía en Bolivia afecta a más de 177.000 familias y 173 municipios están en situación de emergencia.

Si algo caracteriza a Bolivia es la desafortunada contraposición entre sus abundantes fuentes de agua y los pocos sistemas de distribución, así como sus serias limitaciones en el acceso a ésta en las zonas rural y urbana. Los glaciares andinos, formidables fuentes naturales de la provisión de agua y protagonistas de obras hidráulicas importantísimas, están amenazados por el calentamiento global; los que son claves para La Paz y El Alto están desapareciendo de manera acelerada, como  ya ha sucedido con el de Chacaltaya, inexistente desde hace un lustro.

La huella de las sequías está siendo dramática, desde 2015 hasta la fecha, siete de las principales ciudades del país han sufrido un déficit crítico de agua: La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí. Las cifras oficiales indican que esta situación afecta a más de 177.000 familias y 173 municipios están en situación de emergencia. También se estima que esta sequía afecta a más de 600.000 hectáreas de cultivos y casi 600.000 cabezas de ganado y las pérdidas agrícolas, según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, alcanzan ya los 125 millones de dólares en la campaña de verano y otro tanto en la de invierno.

A finales del pasado mes de noviembre la Paz se quedó prácticamente sin agua y hubo que racionar la escasa disponible, esto afectó a 64.000 familias y a 188 escuelas. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia decretó el estado de emergencia nacional por la sequía, publicando el Decreto Supremo nº 2987 que autoriza a todos los niveles gubernamentales para la asignación y reasignación de fondos destinados a dicha emergencia.

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