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La infancia en el pleno

De cara a esta nueva legislatura, las cerca de 60 entidades que forman la Plataforma de Infancia, entre las que se encuentra Ayuda en Acción, tiene entre sus metas exigir, empujar y ser parte activa de la creación de un Pacto de Estado por la Infancia que ataje, entre otros, el problema de la pobreza infantil en nuestro país.

En el Congreso y Senado recientemente constituidos se han creado por primera vez dos comisiones históricas dedicadas específicamente a la infancia.

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Uno de cada 3 niños y niñas en España vive bajo el umbral de la pobreza © Ayuda en Acción

Uno de cada 3 niños y niñas en España vive bajo el umbral de la pobreza © Ayuda en Acción

Actualmente, en España el 28,7% de los niños y niñas menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social (INE. Mayo 2016). Esta alarmante realidad es uno de los principales motores de trabajo para las casi 60 entidades de ámbito estatal que conforman la Plataforma de Infancia; una sinrazón que supone el leitmotiv para aumentar la incidencia política sobre las cuestiones relativas a infancia en las cámaras parlamentarias, en el ejecutivo y en la sociedad en general; estas cifras se convierten en el principal objetivo a paliar desde el trabajo de interlocución constante con todos los grupos parlamentarios.

En los últimos años, la Plataforma de Infancia y las entidades que la componen han intensificado el trabajo con todas las agrupaciones políticas, en busca del pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las metas a lograr y los objetivos expuestos sobre las mesas de diputados y senadores giran en torno a un gran Pacto de Estado por la Infancia que cambie y asegure la continua protección de la infancia en todos los ámbitos sin importar quien gobierne, dichas metas se concretan en peticiones políticas que pretenden cambiar la realidad de la infancia más desfavorecida.

Las entidades de Infancia –como Ayuda en Acción a través de su trabajo en España o de su campaña Candidatos a la pobreza– han solicitado a los diferentes partidos la revisión  y  la identificación de las partidas destinadas a infancia en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Cuantías que se presentan como difusas y escasas. Al mismo tiempo, también se ha solicitado  aumentar la inversión real del paupérrimo 1,3  del PIB actual, hasta, como mínimo, el 2,4% del PIB de media de la Unión Europea.

En esta línea, y a la espera de trabajar con el ejecutivo en la generación de propuestas y futuras líneas de acción, las entidades de la Plataforma han planteado también medidas urgentes como el incremento de la prestación por hijo a cargo en un 100%, hasta 600 euros en el presente año, alcanzando 1.200 al final de la legislatura. Solicitando a su vez la revisión e incremento categórico de la dotación actual del Fondo Extraordinario para combatir la pobreza infantil.

Estas peticiones han recibido diferentes respuestas de los grupos parlamentarios; si bien es cierto que se ha generado un diálogo ágil y los espacios de interlocución han sido accesibles, hasta la fecha ninguno de los grupos ha asumido las peticiones como propias más allá del papel y el trámite burocrático. Ninguno ha generado reacción y/o propuesta de acción concreta sobre las exigencias de la Plataforma de Infancia.

Las organizaciones integrantes en la Plataforma de Infancia piden un Pacto de Estado que proteja los derechos de los niños y niñas más vulnerables © Ayuda en Acción

Las organizaciones integrantes en la Plataforma de Infancia piden un Pacto de Estado que proteja los derechos de los niños y niñas más vulnerables © Ayuda en Acción

Sin embargo, es destacable el reciente y exitoso cambio en el paradigma político en ambas cámaras, donde por primera vez se ha reconocido un espacio de debate específico para la infancia. Así, se han creado dos comisiones históricas: la Comisión Permanente No Legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia en el Congreso de los Diputados; y la Comisión Permanente no legislativa de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia en el Senado.

Ambas comisiones son fruto del impulso de la sociedad civil organizada, que finalmente ha incidido sobre los grupos parlamentarios para apoyar la creación y puesta en marcha de ambos innovadores marcos políticos.

Ahora, solo cabe esperar y seguir trabajando para que ambas comisiones no sean meros espacios electoralistas sobre programas individuales y pasen a ser comisiones operativas que contribuyan a reducir el número de niños y niñas en riesgo de pobreza a través de la acción política y, sobre todo, presupuestaria.

Las entidades que conforman la Plataforma de Infancia realizan un trabajo constante de intervención directa para con los niños y niñas en riesgo social; así es desde hace años y más allá de la crisis. Este vital trabajo, que debería tender a desaparecer para ser asumido por el Estado, empodera a las entidades como principales consejeras e interlocutoras del Gobierno que, en cualquiera de sus niveles, deberá tener muy en cuenta la opinión, el estudio y la sugerencia de quien conoce la realidad más extrema de primera mano. En este sentido, parece que el cambio de modus operandi ha llegado a las cámaras, donde ahora, por lo menos, se consulta a la sociedad civil.

Todos los grupos parlamentarios consultados se han hecho eco de las peticiones de políticas de infancia sugeridos por la Plataforma, ahora solo falta que den un paso más e incluyan cambios presupuestarios y desarrollen las leyes. Solo falta que hagan, de esos cambios políticos, nuevas realidades.

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