Alarmante deslealtad de Estado por José Manuel Ramírez Navarro

Los brutales objetivos de déficit unidos a la reducción de los Presupuestos Generales del Estado en partidas tan necesarias como la del Nivel Acordado de financiación de la Dependencia (283 Millones ?sin atender a razones-) no sólo impiden el desarrollo del sistema, sino que provocan que las atenciones que ya se han puesto en funcionamiento peligren seriamente (actualmente más de 950.000 atenciones dirigidas a 750.000 personas afectadas).

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a través de su Observatorio Estatal de la dependencia es y ha sido muy crítica en estos años con la gestión de muchos de los responsables autonómicos en esta materia, pero en las actuales circunstancias creemos urgente y necesario denunciar la deslealtad del Gobierno de la Nación con las Comunidades Autónomas (todas sin excepción) en materia de Dependencia. Se les exige cumplir con la legalidad vigente atendiendo a más de un millón de personas dependientes con un derecho reconocido al tiempo que se elimina el nivel acordado de financiación. Se les recorta financiación en otras partes fundamentales de los Servicios Sociales (que afectan directamente a derechos ciudadanos) al tiempo que se les exigirá atender, junto a las Corporaciones Locales, a miles de personas que están entrando en riesgo de exclusión provocado por la crisis y el desempleo. Señora Mato, Señor Montoro: o sorbemos, o soplamos.

Si se han de parar o enfriar máquinas, hágase (ya se viene haciendo de tapadillo). Si para preservar unos mínimos derechos esenciales de una Ley dada a todos los ciudadanos se han de revisar calendarios, plazos u otras cuestiones, hágase. Si se han de reducir cuantías de las prestaciones económicas para poder mantener servicios o, incluso, si se ha de paralizar la entrada de nuevos dependientes al sistema para poder continuar atendiendo a los más graves, hágase también. No podremos, por principio, estar de acuerdo.

Pero a lo que seremos radicalmente contrarios es a que se obligue a las Comunidades Autónomas (que recordemos que también son Estado) a que incumplan sus obligaciones con la ciudadanía por mor del equilibrio presupuestario, soltándoles a los pies de los caballos y sin ofrecer salida plausible alguna. No podemos estar de acuerdo con que quepa la posibilidad de destruir un tejido empresarial de atención a las personas que será esencial y estratégico cuando la palabra “crecimiento” vuelva a los vocabularios políticos. No estaremos nunca de acuerdo con que después de no regar las flores alguien se envalentone y les acuse por haberse marchitado.

*Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

José Manuel Ramírez Navarro*