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Atasco municipalista

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El gozo, en un pozo. Cuando parecía que estaban condenados a entenderse, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han vuelto a abonar su bilateral territorio de desencuentros a cuenta de la reforma del régimen local. Los acercamientos de las últimas semanas, a los que indirectamente contribuyó el malestar de los propios alcaldes populares, se han diluido al considerar los socialistas que los problemas del municipalismo continuarán sin solución a tenor de la propuesta que hace el ejecutivo. El modelo es el mismo -según fuentes socialistas- luego no habrá ahorro de costes ni de estructura. De no producirse un vuelco en la negociación final o una reconsideración sustancial de las posiciones que se mantienen, todo da a entender que lo local será el escenario de un nuevo campo de batalla política en lo que resta de legislatura.

Una lástima porque había indicios de entendimiento y los avances hacían presagiar un resultado más o menos satisfactorio. En medio de la crisis política y de la progresiva pérdida de credibilidad y de valores en el campo de la política, hasta un acuerdo de mínimos posiblemente bastaría para tranquilizar las controversias y que, trasladado a lo local, vendría a estabilizar los planos desde los que proseguir la lucha a favor de los intereses generales de un municipalismo que, fortalecido, ha de impulsar mejores condiciones para su desarrollo.

Pero negros nubarrones se han instalado en el horizonte que tiene en el próximo 25 de febrero una fecha significativa pues es la que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para aprobar el proyecto de reforma de la actual Ley de Bases. El secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías, ha declarado que mantiene abiertas las vías del diálogo, pero mucho habrían de cambiar las cosas en el plazo de un mes para que, al final, saliera un texto que contentara a las partes. Queda por ver, en ese sentido, el papel que han de desempeñar en el resto del proceso otras formaciones políticas y la Federación que agrupa a los ayuntamientos de toda España pero, tal como están las cosas en otros frentes, no parece que vaya a atemperar lo que se precisa.

Los socialistas, para fundamentar el 'no' en el tramo decisivo de las negociaciones, se basan en un "desapoderamiento de las competencias municipales" que, derivando de la externalización de servicios para favorecer lo privado y de la tutela que para garantizar la eficiencia en las prestaciones practicarán las diputaciones -quién las ha visto y quién las ve: de prácticamente desaparecidas y repudiadas por inútiles a agentes garantes de unas políticas activas-, sólo equivale a una merma de autonomía y hasta de calidad democrática que, en efecto, de materializarse, significará un retroceso considerable en los avances del conjunto del municipalismo de todos estos años.

De ese modo, los objetivos en los que parecía existir convergencia política, esto es, reasignación de competencias, racionalización de estructuras y dotación de mecanismos presupuestarios y financieros estables, empiezan a aparecer lejanos.

Así que, distanciándose de un hipotético acuerdo populares y socialistas, el municipalismo español seguirá envuelto en una nebulosa incertidumbre. Sólo un esfuerzo de última hora, una mayor generosidad y, sobre todo, una visión más amplia de las perspectivas de futuro, de las necesidades reales de la administración local para una mejor prestación de los servicios, impedirían un atasco que sólo agravará las circunstancias de crisis que, desde hace unos cuantos años, atraviesan los ayuntamientos.

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