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¡Ay! El interés general

Antonio González Viéitez / Antonio González Vieitez

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Sin que nadie lo haya explicado todavía, por fin el partido no se dio en abierto sino, como estaba previsto, por una cadena de pago. Y el Gobierno tuvo que hincar el pico ante lo que se llaman “los mercados” y, esta vez sí, todo el mundo lo vio y lo sintió en sus carnes. Es la Economía la que manda en la Política y la que la mantiene en posición subalterna y dependiente.

Y es que no podía ser de otro modo. Desde hace un tiempo, la dirigencia mundial, la española y también la canaria, vienen apostando con una simpleza tremenda, en las antípodas de la complejidad económica y social que nos ha tocado vivir, porque todo lo público, en sí y por sí mismo, es ineficiente, entrometido, despilfarrador, insolente y con tendencia innata a la corrupción. Por tanto, es imprescindible desahuciarlo, cortarle las alas y reducirlo a la mínima expresión.

Y esta simpleza (por supuesto ideológica y políticamente interesada) viene apoyada por la casi unanimidad de quienes participan en el ámbito de crear y reproducir opinión. Y los “argumentos de autoridad” se acumulan a espuertas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la OCDE, y no digamos del entusiasmo con que lo hacen las multinacionales calificadoras de riesgo y las multinacionales de auditoría. Y, por supuesto, el Gobernador del Banco de España está hace tiempo dando codazos para colocarse en la primera fila de los “hinchas”. Viniendo a nuestro ámbito más cercano, no hay representante bancario, empresarial o político que no defienda, con la contundencia y convicción que solo proporciona el fundamentalismo conceptual, que lo que hay que hacer es desregular, minimizar el espacio de lo público y dejar campo libre a la iniciativa individual, como única forma de crear innovación, competencia y progreso.

Y no se paran un segundo a comprobar que lo que de verdad está pasando en la economía real es la creciente desaparición de empresas y escenarios competitivos y eficientes, y su transformación en mercados oligopolísticos, injustos, ineficientes, con tremendo poder concentrado, donde ningún “interés general” tiene cabida, y donde campea como única verdad el interés particular de maximizar los beneficios privados en el espacio de tiempo más corto posible.

Y esta tremenda marea oligopolizadora tiene como único objetivo lo que va quedando de público en medio de nuestra sociedad, con la declarada voluntad de apropiárselo a poco que se pueda obtener con él algún rendimiento adicional.

Y como estos mercados son conscientes de su fuerza, de vez en cuando y por sus necesidades especulativas, muestran su cara más violenta y furibunda atacando, por ejemplo, la solvencia del bono de Grecia, Irlanda, Portugal o España. Las consecuencias de este comportamiento las conocemos de sobra. El Gobierno de turno comienza a desarbolar su Estado de Bienestar y a poner a la venta su patrimonio más envidiado. Y así vemos como en nuestro propio país se privatizan los aeropuertos, las Cajas de Ahorro, la Lotería Nacional?hasta los mismos equipos de fútbol que son comprados por petrojeques árabes.

Hablando de la privatización del sector aeroportuario, el Ministro de Fomento nos aclaraba, por si no lo habíamos entendido, que se trataba de “romper el monopolio que mantenía AENA” para hacerlo más eficiente y competitivo. Y se quedan tan panchos, porque eso es tanto como decir que vamos a privatizar nuestros hospitales para romper el monopolio del Servicio Canario de Salud. Pretendiendo ocultar el hondo significado de lo que es un servicio público. Y es interesante recordar que el Gobierno de Canarias se declaró interesado en participar en la gestión del sistema aeroportuario isleño. Pero esta demanda, teniendo en cuenta el proceso privatizador puesto en marcha, va a se imposible. Por eso, debería de cambiar de objetivo y exigir la transferencia a la Comunidad Autónoma de todo el sistema público aeroportuario. Porque este modo de transporte es insustituible y no tiene alternativa para el sector económico que es la locomotora en el Archipiélago. Y esa exigencia viene dada por la experiencia del comportamiento del sector privado, en especial en políticas de mantenimiento y reposición de estos sistemas. Como ocurrió en los aeropuertos de Nueva York y Londres en las últimas Navidades. Y las críticas fueron especialmente feroces en el caso del aeropuerto privado de Heathrow, de cuya gestión es responsable la empresa española Ferrovial, y la prensa londinense tomaba posición “Lo que se está debatiendo es si estas grandes infraestructuras han de pasar a manos del sector privado o deben en última instancia poner el servicio público por delante de la rentabilidad económica”.

El caso de las Cajas de Ahorro es todavía más insolente. Porque los grandes bancos no podían permitir que la mitad de todo el sistema financiero español, estuviera controlada por estas “entidades sin fines de lucro” que son las Cajas. (No entro ahora en las deficiencias concretas que pudiera haber, en cualquier caso como en los bancos). Lo que se argumentó es que muchas no tenían tamaño suficiente y que tenían que crecer y fusionarse y, en cualquier caso, obtener más y más recursos. Y aquí estaba la celada, porque esos capitales hay que ir a buscarlos, como es lógico, a los mercados oligopolísticos financieros. Entonces, a partir de ahí, el resultado está cantado. Ya han comenzado a cambiar hasta el nombre y se autodenominan bancos, en ocasiones, banca.

El objetivo es colocar todo lo público en “servicios mínimos”. Y esto supone un golpe letal a la cohesión y a la solidaridad de cualquier sociedad.

Y esta movida llega a todas las instituciones. Otro día podremos hablar de la privatización de las energías renovables, a pesar de que, por definición, son bienes públicos.

Incluso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incurre en esa misma obsesión privatizadora. No es necesario recordar el inexplicable tira y afloja de las Guaguas. Hoy quiero resaltar el empecinamiento en vender el 29% de Emalsa. Porque, argumentan, hace falta tener recursos frescos para mantener la actividad inversora en épocas de recursos escasos.

Creo que se debería recordar cómo a los niños ricos que se “pulían” el patrimonio que le dejaban sus padres al morir, siempre se les reprochaba que “si el viejo levantara la cabeza, le daba su merecido a este botarate?”. Y es que no tiene ningún sentido seguir vendiendo la propiedad de este servicio público, tan esencial a largo plazo, para transformarlo en aceras y otras inversiones que pueden retrasarse un tiempo sin especiales problemas. Pero desgraciadamente, parece que lo más que importa es que quien esté en el gobierno municipal en el momento de la privatización, podrá aparecer como un magnífico gestor que inaugura obras, cuando es justo lo contrario.

Es cierto que, con frecuencia, el manejo que conocemos de los servicios públicos deja mucho que desear. Pero de ahí a acabar con ellos, es pasar de las dificultades de gestión a la imposibilidad de actuar desde los intereses generales. Además, la matraquilla que las cosas salen más baratas, es tan poco fiable como lo que nos está pasando con la factura de la luz, ahora sí, privatizada.

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